El defensor del Pueblo de la Ciudad, Alejandro Amor, aseguró hoy que "es inconstitucional" el cobro extra por los consumos de gas que impulsa el Gobierno nacional y señaló que además existe una violación al Código Civil, que "establece que cuando se cancela un pago, no hay forma de pedir un resarcimiento posterior", explicó Amor en declaraciones a El Trece al analizar la decisión del Gobierno de Mauricio Macri de compensar a las productoras de gas por la devaluación.
Amor señaló además una que existe una "contradicción" en el secretario de Energía, Javier Iguacel, quien dijo "que el Estado no podía intervenir (en el precio del gas porque es internacional) pero intervino al poner una resolución (la 20/2018) en cabeza de los argentinos para que le paguen a las empresas".
"El Estado no podía intervenir (en el precio del gas porque es internacional) pero intervino al poner una resolución (la 20/2018) en cabeza de los argentinos para que le paguen a las empresas".
Por otro lado, el Defensor del Pueblo explicó que "el 59 por ciento de la producción de gas es de YPF por lo que en definitiva, es el propio Estado quien reclama a los usuarios algo que no puede reclamar porque ya lo pagaron", dijo y agregó que el Estado le reclama a los usuarios "una deuda de 10 mil millones de pesos" y opinó que cuando se toman medidas de Gobierno "hay que analizar bien" antes para ver cuál será el impacto en la sociedad.
En ese sentido, Amor recomendó al Gobierno que antes de tomar decisiones mire los padrones de jubilados y pensionados de la ANSeS y del ministerio de Trabajo, para ver cómo son los ingresos de los usuarios en forma general.
"También hay que ver cómo le pega esto a los desocupados. Hay medidas en proceso de actualización de tarifas que deben considerar a los sectores más vulnerables", sostuvo Amor y concluyó: "Hay personas que, sinceramente, no pueden pagar".
Fuente NA
CP
