El presidente Alberto Fernández se reunirá mañana en la Quinta de Olivos con los gobernadores para presentarle los lineamientos de la oferta de reestructuración de la deuda, y conseguir el respaldo de los mandatarios. El resultado de la renegociación es clave también para las jurisdicciones porque marcará el rumbo para aquellas que deben refinanciar sus propias deudas. Si el país cayera en default, los economistas advierten que a las provincias se les dificultará el acceso al mercado financiero internacional, por eso su suerte también está atada al resultado de la reestructuración que encarará el gobierno nacional.
Los gobiernos locales y regionales tienen calificación (de deuda) negativa en el caso de Argentina, según Standard & Poor’s. En algunos casos son cuestiones particulares pero en otros se debe a que "el default nacional es virtualmente inevitable", explicó la agencia calificadora de riesgo, y planteó que la pandemia genera un shock en los inversores y aumenta los riesgos de refinanciamiento, en especial para los peor calificados.
El panorama fiscal en las provincias es complejo por el impacto que provocó la cuarentena sobre la actividad económica.
Qué es el default técnico y cómo afecta a la economía local
De hecho, el gobierno dispuso la semana pasada un auxilio financiero para que las provincias puedan a afrontar sus gastos, entre ellos pago de salarios y en salud, para tratar de evitar que alguna de ellas recurrieran a la emisión de cuasimonedas.
El gobierno destinará $120 mil millones, de los cuales $60 mil millones se distribuirán en forma directa a través de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), y los 60 mil millones restantes serán otorgados a través del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial. En los últimos días, el gobierno ya distribuyó la primera cuota de $20.000 millones.
“La situación fiscal en marzo se deterioró en los tres niveles de gobierno (nacional, provincial, y municipios), y lo hará a mayor velocidad en abril, en que las medidas de ayuda aprobadas por el sector público tengan su mayor impacto en el gasto, y se verifiquen los mayores efectos negativos sobre los recursos, como consecuencia de las empresas que no tienen ventas desde mediados de marzo, por la recesión en general, las medidas de excepción tributaria anunciadas y porque es normal que aumente el incumplimiento tributario en situaciones de baja actividad y problemas en la cadena de pagos. Nadie podría extrañarse si en abril la recaudación fiscal cae nominalmente a una velocidad de dos dígitos, respecto al mes previo”, evaluó un informe del Ieral, de la Fundación Mediterránea.
El default total, una opción concreta: dogmatismo o razonabilidad
En las provincias se evidencia “una caída tanto por la vía directa directa de la recaudación propia como por la indirecta de la coparticipación”, advierte Nadin Argañaraz, del IARAF. El analista señaló que por ese doble combo sufrirán un faltante de financiamiento aún dificil de cuantificar.
Según un relevamiento reciente del IARAF, entre 1 y el 12 de abril la recaudación tributaria nacional cayó un 28,3% en términos reales, mientras que la recaudación provincial en los primeros cinco días hábiles de abril acumula “una baja nominal del 39,4%, que se transforma en una caída del 58,6% una vez que se tiene en cuenta la inflación del periodo”.
“En las provincias, la obtención de recursos descansa fuertemente en el Impuesto a los Ingresos Brutos, que representa $75 de cada $100 que se recaudan en este nivel de gobierno; le siguen en orden de importancia el impuesto a los sellos y el inmobiliario”, detalló.
Según el sondeo, el impuesto provincial a los Sellos verifica un descenso del 20,7%, mientras que tributo inmobiliario se retrajo un 78% comparando los 5 primeros días hábiles de abril de 2020.
En Elypsis explicaron que “la coparticipación es para muchas provincias, una de sus principales fuentes de ingresos”, y las provincias que más dependencia tienen de esos fondos son Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero y Formosa”.
