Tenedores de bonos vinculados con el crecimiento económico, conocidos como Cupón PBI, se presentaron ante la Justicia estadounidense solicitando el reconocimiento y la ejecución de la sentencia de la Justicia del Reino Unido, que ordenó a la Argentina pagar 1.500 millones de euros.
“Argentina evadió sus obligaciones de pago bajo los warrants en 2014 (cuyo incumplimiento fue objeto de las Sentencias Inglesas) y posteriormente incumplió sus bonos reestructurados (el otro componente de la contraprestación por la reestructuración) en 2020", de acuerdo con un comunicado firmado por la firma legal Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan.
“Tras haber enfrentado un triple incumplimiento por parte de gobiernos anteriores, los tenedores de warrants actualmente enfrentan un cuarto incumplimiento, esta vez por parte de la administración (del presidente Javier) Milei”, agregó el comunicado.
"No debería haber, ni puede haber en la práctica, ningún acceso al mercado hasta que Argentina resuelva su incumplimiento bajo las sentencias inglesas", señala la declaración citada por Reuters.
Según Sebastián Maril, especialista de Latam Advisors, “este juicio ya no tiene instancias legales adicionales disponibles y el gobierno no ha abonado el fallo, según informan los cuatro fondos beneficiarios”.
“Este nuevo litigio busca reconocer la sentencia en EE.UU. para futuros embargos si la sentencia continúa impaga”, añadió Maril.
En octubre del año pasado, la Corte Suprema de Gran Bretaña, país donde tramitó la demanda, rechazó la apelación por el fallo de primera instancia solicitado por la defensa argentina.
Origen de la demanda por el Cupón PBI
La demanda se inició con los fondos de cobertura Palladian Partners LP, HBK Master Fund LP, Hirsh Group LLC y Virtual Emerald International Ltd. que obtuvieron tenencia de títulos emitidos en el canje de 2005. Esos títulos les otorgaban a los acreedores el beneficio de cobrar un adicional si el PBI de Argentina crecía por el 3,3%.
Según los litigantes no se cumplió el acuerdo, ya que en 2013 el país modificó la forma en que se calculaba el PBI y en esa nueva modalidad se evitó que el porcentaje ascendiera más del 3,3% y, por esa razón, no se abonaron los montos extras. Los fondos de inversión alegaron que el país actuó de “mala fe” para pagar menos de lo que correspondía.
En marzo de 2024, los acreedores se presentaron en los tribunales de Londres y obtuvieron una sentencia favorable en la que se dictaminó que Argentina había modificado los cálculos para perjudicar a los tenedores de bonos. El país apeló el fallo, aunque para eso debió depositar US$ 310 millones como garantía.
En abril, a menos de dos meses de la apelación de Argentina, el Tribunal de Apelaciones de Londres ratificó el fallo.
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