Demoras en inversiones y conflictos en el Sur, una guerra sorda detrás del crudo

El acuerdo petrolero firmado por Mauricio Macri para atraer inversiones hacia Vaca Muerta navega por aguas turbulentas y corre el riesgo de empantanarse en el barro de una disputa sórdida entre sindicatos, empresas petroleras y un ala de la política. Es que el nuevo convenio colectivo de trabajo para los yacimientos no convencionales de Neuquén –que pone el eje en la mejora de la productividad laboral y la competitividad de la industria– está todavía lejos de aplicarse, aun cuando se anunció públicamente hace cuatro meses.

Si la situación en Neuquén es incierta, más al sur del país es todavía más compleja por un cuadro estructural de baja de actividad que amenaza con decantar en un conflicto político-gremial de magnitud. La abrupta caída de la actividad en Chubut y Santa Cruz, primer y segundo productores de crudo del país, a raíz de la caída del precio interno del barril, provocará una importante ola de despidos en los próximos meses. Son cerca de 2 mil los puestos de trabajo comprometidos en esa región, conocida como Golfo San Jorge, según un relevamiento realizado por PERFIL entre empresas petroleras.

En Neuquén, el cuerpo de delegados del sindicato de petroleros privados, el más poderoso del país, se opone a la aplicación de las cláusulas quirúrgicas del nuevo convenio colectivo, que prevén una reducción del personal empleado en la perforación y complementación de pozos y una baja del salario real de los operarios petroleros. Son los puntos centrales que reclaman las empresas para elevar el nivel de inversiones en un escenario internacional que parece haber consolidado precios bajos del petróleo en torno a los 50 dólares. Lo que a priori parecía ser sólo una demora inicial en la implementación del documento desembocó en una guerra silenciosa entre los actores involucrados. Incluso motivó una interna del gremio que provocó el debilitamiento político de su titular, Guillermo Pereyra, hoy condicionado por el ascendente poder de Marcelo Rucci, intendente de Rincón de los Sauces, una localidad del norte neuquino y virtual número dos del sindicato.  

Dudas. Tras firmar a principios de año el acuerdo petrolero, Pereyra volvió esta semana sobre sus pasos y en conversación con la radio LU5 de Neuquén pidió por la corrección del texto del convenio. Sus declaraciones causaron amplio malestar en la Casa Rosada y en las compañías petroleras. Para Macri, el acuerdo petrolero es un tubo de ensayo y el arquetipo del convenio laboral con foco en la productividad que apunta a replicar en todo el arco gremial.

En todo estás vos. Para lograr su aval a la iniciativa, el Presidente generó una atmósfera de rosas para contentar a Pereyra, que también es senador nacional por el MPN y conduce la Comisión de Energía de la Cámara alta. La lista de beneficios es numerosa: el Gobierno aceptó pagarle un subsidio por $ 20 mil mensuales para 1.700 trabajadores despedidos de empresas contratistas de YPF –a través del programa Reconversión Productiva (RePro) del Ministerio de Trabajo; extendió el pago de una subvención directa al precio del gas en boca de pozo que se extrae desde Vaca Muerta (con un costo fiscal de más de US$ 1.000 millones anuales); habilitó una exención en el impuesto a las ganancias que pagan los 22 mil afiliados al gremio petrolero, y hasta aprobó –mediante el aval de las superintendencias de Salud y Riesgos del Trabajo– la creación de la primera “ART Petrolera” de Latinoamérica para la mutual del sindicato.

Pese al cortejo oficial, el acuerdo petrolero aún no se aplica. Y, para peor, la negativa de las bases del gremio petrolero a aceptar cambios en la modalidad de trabajo redundó en un aumento de la tasa de siniestros registrada en algunas empresas de servicio y, por consiguiente, en una baja de la productividad, exactamente a contramano de lo que buscaba la Casa Rosada.