En el proyecto de Presupuesto 2026 el Gobierno intenta incorporar la derogación de las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario. La Cámara de Diputados aprobó los demás capítulos salvo el que, precisamente, eliminaba estas normativas. Sin embargo, la ley de emergencia en discapacidad, ratificada por el Congreso –después del veto– en septiembre, sigue sin aplicarse. Y no solamente eso: el presupuesto vigente para la atención a la salud de las personas con discapacidad, aunque no está dentro de lo que establece la ley ni compromete el equilibrio fiscal (ya que corresponde a lo que está habilitado por el mismo Ejecutivo), está subejecutado. Según constató PERFIL en la información disponible públicamente, casi al final del año se devengó el 79% de lo vigente: de los $ 869 mil millones se invirtieron $ 686 mil millones.
La subejecución no está relacionada, advierten desde las organizaciones que trabajan en el tema, con una sobreestimación del presupuesto necesario. “La emergencia se fue agravando”, afirmó a este medio Alex Goldman, integrante del Consejo Argentino para la Inclusión de Personas con Discapacidad (Caidis). “Las instituciones se están endeudando enormemente. En el caso nuestro tenemos deudas bancarias y con otros particulares”, afirmó Goldman, que también es presidente de IPNA, una fundación que trabaja por la integración de personas con discapacidad. “Esto se debe a que los ingresos son inferiores a los egresos. No se pueden pagar los costos fijos. Este mes tenemos que pagar aguinaldos, sueldos. También nos pasa, por ejemplo, con el mantenimiento. Si se rompe algo, no hay forma de reponerlo. Nos estamos endeudando enormemente y hay una pérdida de calidad”.
La crisis se puede ver especialmente en los hogares permanentes, “a los que asisten chicos que muchas veces además no tienen cuidados parentales, que tienen que hacer malabares para la alimentación, para la vestimenta”, detalló. Denuncia además que desde hace dos meses el programa Incluir Salud no está entregando a nivel nacional ni medicamentos ni pañales. Además, “ante la reducción de personal, los equipos que siguen trabajando lo hacen mucho más exigidos”.
Cientos de prestadores, aseguró, abandonan la actividad por el desfinanciamiento: los atrasos en los pagos superan los 120 días y los aranceles están atrasados: “un kinesiólogo, terapista o psicólogo recibe $ 12 mil por sesión y un transportista $ 540 por kilómetro”. Los valores son definidos por el gobierno nacional, que pone uno de cada cuatro pesos de los invertidos. El resto les corresponde a las entidades privadas de salud.
PERFIL dialogó con autoridades de uno de estos hogares –que solicitaron resguardar su identidad por temor a represalias como las que, aseguran, sufrieron otras instituciones– que afirmaron que “prácticamente todos estamos acumulando deudas con ARCA, dejando de pagar cargas sociales y/o recurriendo a préstamos para poder cumplir con el pago de sueldos, la alimentación de los residentes y las obligaciones básicas de funcionamiento”. El centro atiende a beneficiarios de Incluir Salud, un programa que, denuncian, no está cumpliendo con la provisión de medicamentos ni de pañales. “La última entrega regular correspondió al cuatrimestre junio-octubre; a partir de noviembre dejaron de proveer ambos insumos”, añadieron.
Advirtieron sobre la gravedad de esta situación: “Cuando los residentes no reciben su tratamiento de base pueden descompensarse, lo que no solo afecta su salud individual, sino que también genera descompensaciones a nivel grupal, impactando negativamente en la convivencia dentro de los hogares”.
Algunos realizaron denuncias ante defensorías y juzgados de familia, aseguraron. “Se enviaron oficios a Incluir Salud intimando a cumplir con la provisión correspondiente. Sin embargo, hasta el momento no hemos tenido respuestas ni soluciones concretas”.
Este medio se comunicó con autoridades de Andis para consultar si tenían conocimiento de estos reclamos, pero, hasta la publicación de esta nota, no obtuvo respuesta.
El programa de atención médica a los beneficiarios de pensiones no contributivas, dependiente de la Agencia Nacional de Discapacidad, financia estos servicios a los beneficiarios a través de los gobiernos de las jurisdicciones en donde residen. Por lo tanto, requiere de una transferencia de recursos a través de la Andis a las provincias, que es la que precisamente está subjejecutada.
La derogación de la ley de emergencia que no se aprobó “es lo que siempre quisieron”, opinó en diálogo con PERFIL Pablo Molero, coordinador del Foro Permanente para la Promoción y Defensa por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Lo cierto es que en el presupuesto no está contemplada una partida para el cumplimiento de la ley cuya suspensión la Justicia determinó que era anticonstitucional. “Esto tiene una sola lectura posible: no les interesan las personas con discapacidad, por eso no ponen dinero”, aseveró.
En el mismo sentido que Goldman, resaltó que muchos prestadores “se han endeudado esperando que la ley de emergencia les diera un respiro y los ayudara a salir de esta situación”.
“Mucha gente se ha comido el discurso de que no puede ser que haya tantas personas con discapacidad en la Argentina, mucha gente se ha comido el discurso de que ha habido curro en todo esto, de que se dieron pensiones a la locura, como si en nuestro país no hubiera pasado la pobreza desde hace tantos años”.
Según el último censo de población, el 12,9% de los argentinos tiene una discapacidad, lo que equivale a más de 5 millones de personas. Sin embargo, cobran una pensión poco más de 1 millón. Sobre esto, Molero suele recalcar que criticar la cantidad de pensiones porque en nuestro país no hubo una guerra o no una catástrofe natural “es no entender qué es la pobreza. Y la pobreza es una gran catástrofe”.
