La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) le exigió a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que derogue el anticipo del impuesto a las Ganancias al considerar que afectará negativamente a las empresas y que es "eventualmente inconstitucional".
La Resolución General N° 5.391 determinó que sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, fideicomisos y otros sujetos de capital paguen por adelantado el mencionado tributo en tres cuotas mensuales y consecutivas. Según estimaciones oficiales, la medida alcanzará a 190 agentes económicos que tuvieron una rentabilidad superior a $600 millones en 2022.
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La crítica de la CAC al anticipo de Ganancias
En ese contexto, la CAC envió una nota al titular del ente recaudatorio, Carlos Castagneto, en la que afirman que la iniciativa impositiva no involucra sólo a un pequeño grupo de grandes empresas, "sino que afectará a numerosas firmas, incluyendo al segmento PyME, en un contexto económico financiero especialmente complicado".
Al mismo tiempo, la entidad plantea que la normativa no considera "la existencia de capacidad contributiva, deviniendo en exceso de las facultades que la ley otorga a la AFIP, toda vez que pierde la naturaleza de anticipo del tributo que se deberá pagar por el ejercicio para convertirse en un empréstito forzoso y gratuito".
"Esta situación lo convierte eventualmente en inconstitucional ante la vulneración de los principios de capacidad contributiva, derecho de propiedad, e innominado de razonabilidad que exige la Constitución Nacional a toda norma de carácter tributario. A todo ello hay que agregar que constituye una utilización de recursos propios de próximos ejercicios, alterando, en la práctica, la legislación en materia presupuestaria", añade el texto.
Bajo la perspectiva del ente, con la decisión de anticipar el pago de Ganancias "se insiste en poner la totalidad del ajuste que requiere la economía nacional en cabeza del sector privado, en este caso vía un virtual empréstito gratuito para determinados contribuyentes que disminuirá su capacidad de producir, invertir y dar empleo".
"Todo lo anterior se ve agravado por lo imprevisto de la modificación, que parece no tener en cuenta que las empresas presupuestan su actividad y su flujo de fondos, los que se ven drásticamente alterados por la obligación de ingresar el anticipo adicional", cierra.
Al mismo tiempo, desde la Cámara de Comercio señalaron que la medida refleja “una nueva carga fiscal a los contribuyentes que son parte del universo formal, sin procurar generar la disminución de la informalidad, la baja del gasto público y la enorme presión fiscal sobre aquellos que pagan”.
MF / Gi
