Una tarea de cualquier gobierno es fijar las reglas de juego básicas de la economía. Sin embargo,
la aplicación de regulaciones y controles trae aparejadas consecuencias indirectas que pueden ser o
no las buscadas. Una condición de una buena gestión es que las consecuencias sean analizadas
previamente a la aplicación de cualquier regulación. Un área evidente de actuación estatal es la
definición de la estructura impositiva a aplicar para financiar el funcionamiento del sector
público, pero cualquiera de las opciones tendrá diferentes consecuencias indirectas. Por ejemplo,
si se pretendiera incentivar el desarrollo de las PyMEs, la aplicación de impuestos en cascada,
tales como Ingresos Brutos o el impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios, incentivaría la
integración y la concentración vertical, generando exactamente el efecto opuesto al objetivo
pretendido. Si se quisiera lograr una baja en la tasa de desempleo, una reducción permanente de los
impuestos al trabajo generaría un efecto correcto en ese sentido.
El gobierno actual ha ampliado su espectro de actuación incluyendo áreas donde una
autorregulación por parte de mercados competitivos sería ciertamente más eficiente. Por otra parte,
parecería que este apego a la introducción de regulaciones y controles en la economía se aplica sin
medir en general las consecuencias de estas medidas. El control de la inflación es, actualmente, el
principal motivo de intervención en los mercados macro económicos. La estrategia del Gobierno al
respecto no ha sido la de atacar las causas sino que ha intentado morigerar los efectos. Los
precios controlados o "vigilados", las restricciones a las exportaciones de carne, las retenciones
puestas con la mira en los precios internos, el congelamiento de las tarifas de los servicios
públicos y la amenaza de los piqueteros "oficiales", son sólo algunas de las medidas tomadas con
graves efectos para el funcionamiento y el desarrollo de la economía del país.
Estos efectos se sienten tanto más rápidamente cuanto más a contramano de la racionalidad
sean las medidas adoptadas. Por ejemplo, el gasoil producto de la destilación del petróleo es casi
un porcentaje fijo del crudo introducido en la torre. El haber incentivado por años el uso del
diesel con menores impuestos generó un desbalance entre la oferta y la demanda. Con precios libres
esta brecha era cubierta con importaciones, pero con el precio local menor al precio internacional,
cubrir la demanda interna implica una pérdida directa para el importador. Las soluciones posibles
parecen fáciles. La más ortodoxa indicaría liberar el precio de los combustibles, estando atento a
que se mantengan las condiciones competitivas, a fin de que se importe gasoil. Otra solución
posible, más dirigista pero más a tono con el temor a la inflación, sería subsidiar las
importaciones de diesel. La opción elegida por el Gobierno ha sido la promesa de una "lluvia de
gasoil" acompañada por las amenazas de cárcel para los directivos de las petroleras o de piquetes
frente a las estaciones de servicio. No hace falta demasiado análisis para darse cuenta que ésta no
es una solución definitiva y que afecta la convivencia y la confianza. Las consecuencias más
visibles hasta el momento son la crisis energética, la pérdida de mercados para la carne argentina,
la caída en la calidad de los servicios públicos y la disminución en el volumen de exportación de
petróleo y derivados. Como regla general, los controles a contramano del mercado siempre terminan
en desabastecimiento y en la suba posterior de los precios para devolver el equilibrio a las
variables. Por otra parte, cuanto más duren los controles, más traumática es la salida y mayor es
el daño producido (recordar el Rodrigazo y la hiperinflación del fin del Plan Austral).
Pero hay otras consecuencias de más largo plazo, que tardan en salir a la luz, pero que son
las que más perjudican al desarrollo económico y al bienestar de los habitantes. La principal de
ellas es el desaliento a la inversión. Es sabido que la inversión es uno de los principales
factores que empujan el crecimiento económico. Es condición para que se efectúen inversiones que el
retorno esperado de las mismas justifique el riesgo de encararlas. Para una empresa, sea grande o
una PyME, resulta muy difícil asumir el riesgo de aportar capital cuando las reglas de juego
cambian discrecionalmente y según las necesidades políticas o económicas de corto plazo. La
consecuencia directa de ello es que sólo se realizan las inversiones de muy pronto recupero. Dado
el contexto actual, no sorprende entonces que la Argentina figure en el ranking de inversiones
extranjeras por debajo de otras economías menores de la región.
Si el Gobierno persiste en el control de la economía con instrumentos que limitan los grados
de libertad del mercado y no incentivan la competencia, la consecuencia de la falta de inversión se
verá en un crecimiento reducido y en una menor calidad de vida para la población. Esperemos que el
Gobierno rectifique sus políticas inadecuadas para que el país pueda vislumbrar un sendero estable
de crecimiento a largo plazo.
* Economista. Director de Infupa S.A