Las universidades convocaron a una marcha el 12 de mayo en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso en 2025, y cuyo caso está ahora en manos de la Justicia. Pero mientras esto sucede y la norma no se aplica, los recursos disponibles para estas instituciones siguen cayendo: según los datos del presupuesto abierto que pudo constatar PERFIL, para la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, se proyectaron $ 18 mil millones menos para las transferencias destinadas a los gastos corrientes que los devengados en 2025. Durante ese año, de acuerdo con los números oficiales, se devengaron $ 818.016 millones, mientras que para 2026 el Ejecutivo proyectó un total de $ 799.443 millones.
El último informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) detalló que en marzo las transferencias a las universidades en general se redujeron un 1,2% (ajustado por inflación) y que acumularon una caída del 6% interanual en el primer trimestre.
El ajuste tiene un impacto directo sobre los ingresos y la caída se profundiza. Hace poco más de un mes PERFIL publicó los datos del Observatorio de Salario y Presupuesto del Gremio de Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba, que estimaba que los sueldos deberían haberse incrementado un 49% para mantener el poder adquisitivo que tenían en noviembre de 2023. En abril ese porcentaje –y de acuerdo con la misma fuente– asciende al 55%. Para mantener el poder adquisitivo de agosto de 2015, agrega el estudio, los sueldos de los profesionales tendrían que haber aumentado un 120% en abril. El cargo de referencia con el que se hace el cálculo es de un profesor/asistente con dedicación semiexclusiva y diez años de antigüedad.
Entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, según el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), “el deterioro sistemático del poder adquisitivo del salario equivale a la pérdida de, aproximadamente, 7,3 salarios mensuales”. Esto significa que los salarios universitarios están en su nivel más bajo de los últimos 23 años “y en uno de los niveles más bajos desde el retorno de la democracia”, subrayaron.
“La situación sigue siendo angustiante. Los salarios se actualizaron con aumentos unilaterales por parte del Ministerio de Capital Humano, siempre por debajo de la inflación”, aseguró a PERFIL Emiliano Cagnacci,
Secretario General de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (Aduba) y profesor titular de Sociedad y Estado del CBC de esa institución.
“No es una cuestión de política partidaria: como dice el mismo CIN, faltan siete salarios”, afirmó. “Lo que hay acá es una decisión política por parte del gobierno nacional de ir a la baja en cuanto al presupuesto universitario. Lo que no se discute de fondo, lo que el gobierno no nos muestra para discutir, es cuál es el modelo de Universidad que nos propone, qué modelo de país nos está proponiendo”.
La caída en los salarios tuvo consecuencias. La facultad de ciencias exactas de la UBA difundió en sus redes sociales un video en el que el decano y la vicedecana explican que, desde el comienzo de la gestión de Javier Milei, 438 docentes e investigadores renunciaron a sus cargos solamente en esa Facultad. Se está perdiendo, enfatizaron, un profesional cada dos días. “Para igualar el poder adquisitivo de diciembre de 2023 el salario docente debería aumentar un 52% y el salario de nuestros investigadores debería aumentar un 65%”, explicó el decano. Los docentes e investigadores que se fueron, aseveró, emigraron, buscaron empleo en instituciones privadas o incluso en otros rubros, continuó. “Esta situación se puede revertir. Para eso, el gobierno tiene que cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario y funcionar de acuerdo a lo que establece la Constitución Nacional”, sintetizó.
“Lo que tienen que hacer es cumplir con la ley. Que el gobierno, que es quien debe hacer observar el cumplimiento las leyes, no las cumpla, es, por lo pronto, preocupante”, afirmó en este sentido Cagnacci, que también definió como una “provocación” el comunicado emitido por el Ministerio de Capital Humano esta semana, que intimó a los rectores de las Universidades Nacionales a que informen las medidas que tomarán para “asegurar el derecho a la educación de los estudiantes universitarios que son víctimas de los paros impulsados por los gremios”. En el documento manifiestan una “extrema preocupación” por la suspensión de las actividades.
Desde el CIN respondieron con una carta dirigida a la Subsecretaría de Políticas Universitarias en la que aclararon que las universidades “permanecen abiertas, en funcionamiento y plenamente comprometidas con su misión institucional, garantizando –en el marco de sus posibilidades materiales y presupuestarias– el desarrollo de actividades académicas, administrativas, científicas y de extensión, así como el sostenimiento del derecho social a la educación superior pública”. Pero manifestaron también que toda consideración seria sobre la situación actual del sistema universitario “exige reconocer el contexto estructural que lo atraviesa: el flagrante incumplimiento, por parte del Poder Ejecutivo Nacional, de la Ley de Financiamiento Universitario”.
“Esa provocación también pasa por alto de manera intencional la autonomía universitaria, ya que los rectores y rectoras son elegidos por los propios claustros: estudiantil, docente, no docente, profesores y graduados”, expresó Cagnacci, que además afirmó que la caída en el presupuesto también impactó en los hospitales universitarios. “En el presupuesto de 2026 la partida votada por el Congreso de la Nación para los hospitales universitarios es un 30% menor que lo ejecutado en 2025”.
Además de la disminución en las transferencias para gastos corrientes que impactan directamente en los salarios, el CIN destacó en su último reporte otras líneas presupuestarias que sostienen el funcionamiento del sistema. “En 2025 el poder adquisitivo de las partidas para fortalecimiento de la ciencia y la técnica en universidades era equivalente al 38,05% al de lo ejecutado en 2023; el fortalecimiento de la actividad de extensión universitaria se ubicó en apenas 1,02 % y el que financiaba los montos de las Becas Progresar lo hizo en torno al 26,02%”.
