El Presupuesto 2027 es la expresión más fiel de un modelo económico. Si el modelo es inconsistente, el presupuesto no tiene forma de disimularlo. Por eso no cierra ni en el Excel. No hay forma de tapar el sol con la mano: se suele decir que falta ordenar la micro. Pero el proyecto de presupuesto evidencia que no cierra tampoco la macro, no cierra la recaudación, no cierra la contabilidad y mucho menos el financiamiento.
Para mostrar el equilibrio de 2026, Caputo tuvo que dejar fuera del registro gastos que existieron
No cierra la macro. El proyecto supone que la economía crece 4% el año que viene. El mercado espera 2,9%. Pero antes de discutir 2027 conviene mirar lo que pasa ahora. El mensaje da por hecho que este año termina en 3%, y para eso la actividad tendría que crecer 2,2% mensual desestacionalizado durante cinco meses seguidos, después de un EMAE de julio que cayó 1,4% interanual. Las proyecciones marcan un tercer trimestre aún peor. Pero suponiendo los mismos guarismos de julio, el año cierra cerca de cero. Y no es la primera vez. De los ocho indicadores macro del Presupuesto 2026, seis se movieron al revés de lo previsto: la inversión, que iba a crecer 9,4%, terminó cayendo 2,1%. La pregunta que subyace es: ¿por qué se habla de orden macroeconómico cuando los datos evidencian lo contrario?
No cierra la recaudación. A agosto los recursos caen 2,5% real, los impositivos 6,8% y la seguridad social 4,3%. Sobre esa base, el proyecto pide un salto de 5,1% real, con IVA y Ganancias rindiendo por encima del crecimiento y de la inflación. La recaudación sigue al nivel de actividad, y la actividad no repunta. A eso se suma el Fondo de Asistencia Laboral, que desde noviembre se lleva parte de las contribuciones patronales: el propio presupuesto prevé por eso una caída real de 0,7% en aportes y contribuciones. Resumiendo: se debilita el financiamiento previsional justo cuando las jubilaciones explican casi todo el aumento del gasto.
No cierra la contabilidad. Para mostrar el equilibrio de 2026 hubo que dejar afuera del registro gastos que existieron. El gasto cae 1,5% real, pero solo 0,6% si uno computa los 1,4 billones de pesos que se pagaron con letras a la Ciudad y al PAMI. Tampoco figuran los 33,1 billones de intereses capitalizables devengados en ocho meses. Con esas operaciones adentro, la caída de 54% en transferencias a provincias se desdibuja y el PAMI queda en la misma situación crítica de 2025. Tal como mencionamos desde Grupo Atenas, se trata de contabilidad creativa donde el resultado fiscal se acomoda mes a mes según lo que convenga mostrar.
Se deben revisar los "privilegios tributarios" que da el Gobierno, que tienen un impacto estimado del 3,7% del PBI
No cierra el financiamiento. Acá está el problema central. El programa 2027 necesita 24.900 millones de dólares y cierra exactamente en cero, con reservas netas de 11.900 millones. Adentro hay 5.000 millones de Bonares que el mercado por ahora no convalida. El Global 35 rinde 11% y los Bonares pagan dos dígitos contra MEP y CCL. El Banco Central, que en el primer semestre compraba fuerte, en septiembre juntó 13 millones diarios contra 38 en agosto. Si esa colocación no sale, la presión va a las reservas y de ahí al tipo de cambio, que es el supuesto del que dependen todos los demás. La restricción que ordena este presupuesto es de divisas.
Como los números no alcanzan, el ajuste pasa a hacerse por vía legal. Es lo que hacen los artículos 36 a 41, que reemplazan la pensión no contributiva por discapacidad por una pensión por invalidez laboral incompatible con el empleo formal, eliminan el arancel unificado del Nomenclador y derogan la cobertura de salud de sus titulares. Son cambios permanentes a leyes de fondo metidos en una norma que se vota una vez por año y se discute en dos semanas. En la ejecución esto ya venía pasando: Incluir Salud cayó 42% real entre enero y agosto y el padrón de pensiones por invalidez perdió 88 mil beneficiarios en dos años.
Ahí está el agotamiento. El superávit de estos dos años salió de licuar jubilaciones, salarios, transferencias y obra pública. El bono jubilatorio lleva 29 meses congelado y perdió 56% de su poder de compra; la obra pública se lleva menos del 1% del gasto. De ahí ya no sale mucho más, ni por economía ni por política. La otra fuente sería el crecimiento, pero lo que crece, energía y minería, emplea poco, y lo que emplea sigue abajo del nivel de 2023. Entonces quedan la contabilidad y el articulado.
Hay espacio fiscal y económico para garantizar cuentas ordenadas sin recurrir al ajuste. El primer camino es revisar los “privilegios tributarios”, estimados por el propio proyecto en 3,67% del PIB. La discusión no debería ser si se eliminan en bloque, sino cuáles se justifican: qué tratamientos preferenciales acreditan resultados en empleo, exportaciones o crecimiento, y cuáles sobreviven por inercia. El proyecto, además, no estima el costo fiscal del RIGI, con 22 proyectos ya aprobados, entre otros regímenes que quedan sin cuantificar. Por el otro, recalibrar los precios relativos de la economía: ingresos, tasa de interés, dólar, energía y alimentos. Con esa combinación, la recaudación se expande por ampliación de la base tributaria, empujada por una recuperación de la actividad que hoy no ocurre porque el consumo y la inversión están planchados. Es más lento que licuar, pero no se agota al segundo año, que es lo que le está pasando a este esquema.
El Congreso tiene por delante esa discusión y una agenda mínima antes de votar: sacar los artículos 36 a 41 y tratarlos aparte, incorporar las letras al gasto registrado, auditar los intereses capitalizables y revisar el supuesto de crecimiento. Aprobar el proyecto tal como vino sería convalidar todo esto sin haberlo discutido.
* Director ejecutivo de Grupo Atenas.
