La decisión del gobierno de dejar sin efecto el artículo que obligaba a las empresas que manejan los peajes a levantar las barreras cuando hay congestionamiento generó una serie de críticas y polémicas. Desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires aseguraron a PERFIL que esta decisión "vulnera un derecho adquirido por la ciudadanía".
"Esta decisión perjudica a los usuarios y vulnera un derecho adquirido por la ciudadanía, a la cual se le adjudica una intención especulativa de viajar intencionalmente en horarios pico para aprovecharse de la congestión que supondría el levantamiento de la barrera", explicaron a este medio desde el ente porteño. Sobre este punto agregan que "Autopistas Urbanas (AUSA) no presentó datos estadísticos que avalen dicha teoría".
"La decisión persigue un fin recaudatorio que le suma al bolsillo de los usuarios y de las usuarias una carga más en un contexto complicado para la economía de las familias", aseguraron.
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No es la primera vez que la institución se muestra en contra de esta idea. Durante la audiencia pública que se realizó el 13 de marzo pasado, en la que se analizó el nuevo cuadro tarifario del peaje y la modificación del reglamento de explotación, "la Defensoría se manifestó en contra de la decisión de modificar el artículo 42, eliminando de esta manera la posibilidad de levantar la barrera del peaje cuando hay congestionamiento de autos".
Alejandro Amor, Defensor del Pueblo porteño opinó: "Las empresas deben incorporar alternativas de pago, como aceptar tarjetas de crédito o el sistema sube, para agilizar el paso de los automóviles, porque tienen una responsabilidad social que deben cumplir como contraprestación al usufructo monopólico que tienen en esta actividad".
"Hay que simplificarle la vida a la gente, que ya afronta costos muy elevados por transitar por estas autopistas", concluyó Amor.
D.R./H.B.
