Estiman que el acuerdo fiscal con las provincias mejorará el acceso al crédito

El acuerdo entre Hacienda y las provincias para el proyecto para la Ley de Responsabilidad Fiscal para poner un límite y “eficientizar el gasto público” fue bien recibido por el mercado financiero como señal para bajar el déficit fiscal. Aunque el acuerdo mejora las perspectivas de aquellos que inviertan en deuda pública, no garantiza la situación provincial.

De acuerdo con la calificadora de riesgo Moody’s, la Ley de Responsabilidad Fiscal, cuyo proyecto incluye la imposibilidad de aumentar la presión impositiva legal, particularmente los aplicados sobre el trabajo, la producción, el sector productivo y su financiamiento, “tendrá un impacto crediticio positivo”.

La calificadora remarca que el proyecto no garantiza la solvencia fiscal de cada provincia, llamando la atención en que un proyecto similar se presentó y pasó en 2004 que entre sus objetivos explícitos incluía preservar los equilibrios financieros de los gobiernos provinciales. Desde entonces, agrega el comunicado de Moody’s, se pasó de un superávit financiero total de 3% respecto del ingreso total en 2005 a un déficit equivalente al 5,6% para el año pasado.

El consenso alcanzado el jueves, se firmó por 22 provincias bajo la reunión del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, con la presencia del ministro de Hacienda y sus pares provinciales. En el mismo los gobiernos provinciales, excepto el de La Pampa y el la Ciudad de Buenos Aires, se comprometen a mantener constante el gasto corriente primario en términos reales y a congelar la plantilla de empleados públicos al 31 de diciembre de 2017 tanto nacional como provincial.

La ley también permitiría la creación de Fondos Anticíclicos Fiscales, que serán financiados en las distintas jurisdicciones con los recursos excedentes en años en los que la balanza fiscal arroje superávit, y cuyos recursos se van a usar en situaciones excepcionales o de emergencia. También se van a incorporar “pautas de fin de mandato” para restringir aumentos del gasto durante los últimos seis meses de gestión de cada gobierno.