Fernanda Vallejos diputada del Frente de Todos y presidenta de la Comisión de Finanzas de la Cámara Baja, la economista, presentó un proyecto para crear el Registro Nacional de Beneficiarios Finales, con el objetivo de “poner al descubierto quiénes son los verdaderos propietarios de las empresas fantasmas que se utilizan para cometer distintos delitos económicos contra el Estado y el país”.
Vallejos definió los detalles de la propuesta en el marco de la apertura VII jornada de diálogo “Beneficiarios Finales en Argentina, América Latina y el Mundo y su vinculación con la evasión y elusión fiscal, la corrupción y el lavado de activos”, organizada por Fundación SES, La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (LATINDADD), la Financial Transparency Coalition, con el apoyo de Tax Justice Network y la Red de Justicia Fiscal de América Latina.
Fernanda Vallejos propuso "salir por arriba" del "laberinto" de la deuda con el FMI.
En los fundamentos de esta iniciativa se explica con claridad que “la identificación de los beneficiarios finales de las empresas representa una de las principales herramientas para combatir los flujos financieros ilícitos relacionados con la evasión fiscal, el lavado de dinero, la corrupción, el narcotráfico, la trata de personas, y diversas violaciones a los derechos humanos”.
Vallejos también alerta que “sin políticas sobre transparencia respecto de los beneficiarios finales, la criminalidad económica puede ocultarse detrás de vehículos jurídicos de cualquier tipo”.
Según el proyecto, el Registro Nacional de Beneficiarios Finales dependerá del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y tendrá como “finalidad de llevar un registro centralizado y actualizado de los beneficiarios finales de toda persona jurídica y/o estructura jurídica, nacional y/o extranjero que opere en el país”.
Quiénes son los beneficiarios finales
En la categoría de beneficiario final, la iniciativa de Vallejos engloba a las personas humanas que tengan como mínimo “el 10% del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica, un fideicomiso y/o de cualquier otra estructura jurídica; y/o a la/s persona/s humana/s que por otros medios ejerza/n el control final de las mismas”.
Además, “se entenderá como control final al ejercido, de manera directa o indirecta, por una o más personas humanas mediante una cadena de titularidad y/o a través de cualquier otro medio de control y/o cuando, por circunstancias de hecho o derecho, la/s misma/s tenga/n la potestad de conformar por sí la voluntad social para la toma de las decisiones por parte del órgano de gobierno de la persona jurídica o estructura jurídica y/o para la designación y/o remoción de integrantes del órgano de administración de las mismas”.
Asimismo, subraya que “cuando no sea posible individualizar a aquella/s persona/s humana/s que revista/n la condición de Beneficiario/a Final”, la responsabilidad de beneficiario final recaerá en la “persona humana que tenga a su cargo la dirección, administración o representación de la persona jurídica, fideicomiso, y/o estructura jurídica”, según corresponda.
En el caso de los fideicomisos o estructuras jurídicas de características similares nacionales o extranjeras “se deberá individualizar a los beneficiarios finales de cada una de las partes del contrato”.
La propuesta de Vallejos señala que “Panama Papers, Swiss Leaks, Paradise Papers, Bahamas Leaks o Luxleaks pusieron en evidencia la existencia de una industria dedicada a montar diversas estructuras societarias conformadas mediante entramados multijurisdiccionales que incluyen sociedades en guaridas fiscales y jurisdicciones opacas con el objetivo de ocultar la identidad de los verdaderos dueños de las empresas y explotar zonas grises en las legislaciones”.
LM cp
