"¿Apropiarse de la producción o decirme cuánto tengo que producir? ¿Para quién? ¿Quién lo financia? ¿Quién me da los insumos y la materia prima para producir? Me sorprende mucho, y me sorprende mal" se quejó el titular de la Coordinadora de Productos Alimenticios (COPAL) Daniel Funes de Rioja, al referirse a las imputaciones que la Secretaría de Comercio Interior realizó ayer sobre grandes empresas por “retención en sus volúmenes de producción o falta de entrega de determinados productos de consumo masivo para su comercialización”.
En declaraciones televisivas al programa Dos Voces, el presidente de la COPAL dijo haber recibido la noticia con “frustración”. "No es calentura, el problema es la frustración de no poder generar un diálogo por el canal que corresponde ante un sector productivo que no sólo produce para el país y para su consumo sino que exporta 25 mil millones de dólares e importa 2 mil millones, y no estoy hablando de los commodities", aclaró.
Para el empresario, “muchas de esas empresas habían sido invitadas la semana anterior (a la reunión convocada por el Gobierno para lanzar un acuerdo de precios y salarios). Y ahora se les imputa generar desabastecimiento. Parecería que nos olvidamos que el propio Presidente dijo que éramos una industria esencial”, dijo molesto el dirigente.
"Las empresas que fueron a la reunión y quienes venimos sosteniendo el diálogo con el Gobierno lo hacemos con un criterio constructivo, pese a todo los problemas que hubo: cierre de fronteras, paro de aceiteros, paro de camioneros”, sentenció.
Las empresas señaladas por el Gobierno eligieron el bajo perfil
De acuerdo a la mirada de Funes de Rioja, el sector ha realizado un esfuerzo importantísimo durante el año pandémico. “La industria alimenticia, que cubrió todo el año de abastecimiento, cubrió el plan Alimentar y cumplió con todos los protocolos, tiene los precios congelados desde marzo del año pasado, con un solo aumento del 4 al 10%”, reclamó.
Y agregó: “Todo esto contra un 36% de inflación y un 36% de devaluación del tipo de cambio oficial, contra el 35% de aumento de la logística, contra aumentos de materias primas que han ido del 40 al 90%, contra aumentos de salarios de entre un 32 al 38%”.
”La industria de la alimentación cumplió. Y ahora nos dicen que tenemos que producir a full, que hay que incrementar la producción ‘hasta el más alto grado de su capacidad instalada’. ¿Y esto de dónde sale? De la Ley de Abastecimiento, que es absolutamente inconstitucional”, agregó, visiblemente molesto.
Vale recordar que las imputaciones de la Secretaría de Comercio recayeron sobre Mastellone, Fargo, AGD, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G, Paladini y Potigian.
La decisión se formalizó luego de verificar que esas empresas habrían incumplido la intimación a “incrementar su producción hasta el más alto grado de su capacidad instalada y arbitrar los medios a su alcance para asegurar su transporte y distribución con el fin de satisfacer la demanda”, establecida por la resolución 100/2020, en el marco de la emergencia sanitaria establecida el 20 marzo de 2020.
En rigor, esa resolución -que establece el marco legal para la implementación de los Precios Máximos- tiene como finalidad proteger a las y los consumidores de posibles abusos en los precios y garantizar el normal abastecimiento de productos en supermercados.
Durante las fiscalizaciones realizadas en comercios, inspectores identificaron algunos faltantes en góndolas de productos de consumo masivo.
A partir de esta evidencia, se realizaron inspecciones en las oficinas administrativas de diversas empresas proveedoras, lo que derivó en distintos requerimientos de información sobre stocks e inventarios durante noviembre y diciembre de 2020 y enero de 2021.
Del análisis de la información remitida por las empresas se comprobó una importante caída de la producción o en la distribución de diversas gamas de productos, señaló Comercio Interior a través de un comunicado.
Según la información oficial, en los casos en que se verificó una reducción de la producción o en la distribución de alimentos, bebidas, productos de higiene personal y limpieza, las imputaciones intiman a las empresas para que en el plazo perentorio de cinco días hábiles acrediten haber cumplido con la norma.
Además, se les requiere que restablezcan los niveles de stock registrados a noviembre 2020 y arbitren las medidas conducentes para asegurar el transporte y provisión de los productos para su efectiva comercialización.
LR
