Los dólares guardados fuera del sistema financiero vuelven a quedar en el centro del debate con el proyecto de ley denominado Inocencia Fiscal II, que busca reforzar las garantías para que los contribuyentes puedan utilizar sus ahorros con menor temor a futuras fiscalizaciones de ARCA y, de esa manera, incentivar que parte del dinero acumulado en efectivo vuelva a circular en la economía.
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La iniciativa, que surge del dictamen de comisiones tratado este martes en la Cámara de Diputados, introduce modificaciones al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias, fija nuevos límites para la actuación del organismo recaudador y establece mecanismos para que los contribuyentes puedan corregir determinadas diferencias sin perder los beneficios.
La pregunta central es si esas modificaciones serán suficientes para que los argentinos finalmente saquen los dólares del colchón. La iniciativa está enmarcada por dos datos clave. El primero, es que los depósitos en dólares del sistema financiero alcanzan niveles récord cercanos a los US$ 40.000 millones, de acuerdo con estimaciones del ministro de Economía, Luis Caputo.
El segundo dato hace referencia a que actualmente existe una cantidad superior a cuatro veces ese monto en ahorros conservados fuera del circuito bancario. Más precisamente, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), los argentinos guardan fuera del sistema fondos por más de US$ 284.039 millones.
"Para las personas, tener los dólares debajo del colchón es un muy mal negocio. Los dólares pierden valor porque en Estados Unidos también hay inflación. Un dólar de hoy no compra lo mismo que un dólar de hace 20 años", expresó Caputo en recientes declaraciones.
Los especialistas consultados por PERFIL coinciden en que el proyecto mejora las condiciones para utilizar esos fondos, aunque advierten que difícilmente provoque una bancarización masiva e inmediata. La expectativa es que, en una primera etapa, los ahorros comiencen a utilizarse de manera gradual para operaciones concretas, como la compra de un inmueble o un vehículo, aportes a empresas o inversiones financieras.
¿Cuántos dólares podrían salir del colchón con Inocencia Fiscal II?
Hasta el momento no existe una estimación precisa de cuánto dinero podría movilizarse a partir de Inocencia Fiscal II. La contadora Elisabet Piacentini señaló para PERFIL que desde hace años circulan estimaciones de cientos de miles de millones de dólares mantenidos fuera del sistema financiero, aunque advirtió que resulta poco probable que todo ese capital ingrese rápidamente y de manera simultánea. Una porción importante tampoco se incorporó al blanqueo impulsado anteriormente.
Por eso, considera que el escenario más probable es un proceso gradual. “Lo esperable es un proceso gradual”, sostuvo la especialista, en el que los fondos comiencen a utilizarse primero para operaciones puntuales, inversiones o compras de bienes, antes que producirse una bancarización masiva.
Entre las alternativas que los asesores tributarios ya analizan con quienes adhirieron a la declaración simplificada aparecen comprar un departamento para un hijo, cambiar el auto o la camioneta, aportar fondos a una empresa para mejorar su liquidez o destinar una parte de los dólares a una cuenta comitente para invertir.
Según explicó a PERFIL Luciano Perez Redaelli, Tax Manager de TMF Group Argentina, el proyecto introduce cambios tributarios orientados a ampliar el alcance del régimen simplificado de Ganancias, establecer parámetros más precisos para las fiscalizaciones de ARCA y facilitar la regularización de situaciones fiscales pendientes o controversias en curso.
Piacentini, justamente uno de los principales problemas que mostró la primera etapa de Inocencia Fiscal fue la falta de confianza. Desde la promulgación de la ley, el 2 de enero de 2026, muchos contribuyentes que tenían ahorros no declarados prefirieron continuar esperando antes de utilizarlos o invertirlos por temor a futuras fiscalizaciones o cambios de criterio.
El nuevo proyecto intenta trasladar a la propia legislación garantías que hasta ahora dependían en mayor medida de resoluciones administrativas o comunicaciones de ARCA, un cambio que, según Piacentini, podría favorecer una mayor adhesión.
No es un nuevo blanqueo: qué busca Inocencia Fiscal II
A diferencia de un régimen tradicional de exteriorización de activos, "Inocencia Fiscal II no constituye un nuevo blanqueo, sino una modificación del Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias vigente desde el año pasado", recuerda para PERFIL la asesora en planificación financiera Andrea Brizuela.
El objetivo es facilitar que quienes tienen fondos acumulados puedan comenzar a utilizarlos dentro del circuito formal sin que cada movimiento derive automáticamente en cuestionamientos sobre el origen de esos ahorros o en una fiscalización sobre períodos anteriores, siempre que se cumplan las condiciones previstas por la normativa.
Brizuela señaló que la iniciativa busca precisamente incentivar a quienes tienen “dólares somier” a incorporarlos al sistema bancario y desalentar que el efectivo permanezca inmovilizado durante años.
Según planteó, detrás del atesoramiento no hay solamente una decisión financiera. En muchos casos, los dólares están “teñidos de miedo a perder lo que con tanto sacrificio se logró”, por lo que consideró necesario ofrecer alternativas y mayores certezas para quienes mantienen sus ahorros fuera del sistema.
Más personas podrán ingresar al régimen
Uno de los cambios que puede ampliar el alcance del esquema aparece en los requisitos para adherir. Según explicó Redaelli, el proyecto elimina las condiciones vinculadas al nivel de ingresos y patrimonio que anteriormente limitaban el acceso a la declaración jurada simplificada. Esto permitirá que contribuyentes con altos ingresos o patrimonios también puedan optar por el régimen.
La modificación busca además resolver las distintas interpretaciones que surgieron en torno al concepto de “ingresos”, que la reglamentación había asimilado al de “ganancias”, pese a tratarse de conceptos distintos.
Se mantendrá como requisito la residencia fiscal en la Argentina, aunque ahora se aclarará expresamente que esa condición deberá cumplirse durante la totalidad del período fiscal involucrado.
Piacentini también identificó la eliminación de los topes de ingresos y patrimonio como una de las principales diferencias entre la primera y la segunda etapa de Inocencia Fiscal.
Existirá, sin embargo, un tratamiento diferente para los Grandes Contribuyentes Nacionales y funcionarios públicos que se hayan desempeñado como tales durante los cinco años anteriores al ejercicio de la opción.
Perez Redaelli explicó que estos contribuyentes podrán utilizar el sistema para presentar y pagar el impuesto, pero no accederán a los beneficios, presunciones ni efectos liberatorios propios del régimen.
En el caso de los funcionarios públicos, el proyecto presenta además una diferencia respecto de anteriores regímenes de regularización de activos: no establece la exclusión de sus familiares. Es importante recordar que solo podrán ingresar aquellos funcionarios que tengan categoría de Secretaría de Estado hacia abajo.
El mayor desafío sigue siendo la confianza
Los cambios tributarios pueden reducir los riesgos percibidos por los contribuyentes, pero los especialistas coinciden en que el problema de fondo es más amplio.
Brizuela planteó que no todos los ahorristas deberían recibir necesariamente el mismo tratamiento porque detrás de cada decisión existen distintas historias, objetivos y temores. En ese sentido, consideró que el asesoramiento resulta clave tanto para decidir cómo utilizar el dinero como para evitar eventuales estafas.
Piacentini, por su parte, sostuvo que las modificaciones “van en la dirección correcta”, pero advirtió que probablemente no sean suficientes por sí mismas.
La confianza tributaria, señaló, no depende solamente de una ley, sino también de la estabilidad normativa, la previsibilidad y la continuidad de las reglas a través del tiempo.
La especialista incluso apuntó a un temor que excede la cuestión impositiva: parte de los ahorristas todavía recuerda el corralito y mantiene desconfianza hacia el sistema financiero, pese al tiempo transcurrido.
Qué límites tendrá ARCA para cuestionar a un contribuyente
Uno de los puntos decisivos para intentar convencer a quienes todavía mantienen sus dólares fuera del sistema es el establecimiento de reglas más precisas sobre cuándo ARCA puede impugnar una declaración simplificada.
Perez Redaelli explicó que el proyecto redefine el concepto de “discrepancia significativa” mediante parámetros objetivos.
En términos generales, se configuraría cuando el ajuste implique un aumento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos de al menos 15% respecto de lo declarado; cuando la diferencia supere el monto previsto por el Régimen Penal Tributario —actualmente $100 millones—; o cuando se detecten facturas o documentos apócrifos e ingresos directos improcedentes, como retenciones, percepciones o pagos a cuenta.
Al mismo tiempo, se introduce un umbral mínimo de $5 millones, que se actualizará anualmente, por debajo del cual no se consideraría que existe una discrepancia significativa pese a que se haya superado el porcentaje establecido. Piacentini destacó esta incorporación como una de las mejoras respecto del régimen inicial.
Una oportunidad para corregir antes de perder los beneficios
Otro cambio apunta directamente a reducir el temor a que una diferencia detectada por el organismo implique la caída automática de todas las protecciones.
Si ARCA encuentra una inconsistencia, el contribuyente podrá rectificar su declaración jurada dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación, regularizar el saldo y pagar los intereses correspondientes. Si lo hace, esa diferencia no será tomada en cuenta para determinar la existencia de una discrepancia significativa.
Piacentini describió esta posibilidad como una suerte de “bala de plata”, ya que el contribuyente podría rectificar y continuar gozando de los beneficios del denominado “tapón fiscal”.
A su vez, hasta el 31 de diciembre de 2027 se limitarán algunas facultades de fiscalización de ARCA.
Por otro lado, se restringirá la utilización de presunciones vinculadas con incrementos patrimoniales no justificados y depósitos bancarios depurados que excedan los ingresos del período.
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Las restantes presunciones no podrán ser utilizadas como fundamento exclusivo para demostrar una discrepancia significativa, sino únicamente como indicios que deberán ser corroborados mediante información objetiva declarada por el contribuyente, disponible en los sistemas de ARCA o aportada por terceros.
El objetivo final de estos cambios es otorgar un marco legal más sólido, establecer límites más claros para los fiscalizadores y conseguir que los contribuyentes se animen a utilizar productivamente sus ahorros.
Además, si ARCA impugna la adhesión al régimen y posteriormente esa determinación de oficio es revocada definitivamente, deberá devolver los importes pagados junto con los intereses correspondientes dentro de los 45 días hábiles, de acuerdo con el análisis de Perez Redaelli.
Para utilizar los dólares habrá que pasar por el sistema financiero
El esquema de mayores garantías tendrá una contrapartida: las operaciones deberán canalizarse a través del circuito formal.
Quienes adhieran al régimen simplificado de Ganancias deberán utilizar el sistema financiero o intermediarios regulados por el Banco Central o la Comisión Nacional de Valores (CNV).
El requisito se considerará cumplido cuando esos medios aparezcan en el origen o en el destino de la operación. También estarán contemplados los pagos en efectivo efectuados en escrituras públicas relacionadas con inmuebles.
Este punto resulta clave para el objetivo de movilizar los dólares acumulados en efectivo: no necesariamente exige que todo el ahorro sea depositado previamente en una cuenta bancaria, pero sí que la utilización de esos fondos quede vinculada al circuito formal en alguno de los extremos de la operación.
Hasta el 31 de diciembre de 2027, los fondos utilizados en esas operaciones por contribuyentes amparados por la presunción de exactitud quedarán liberados de las acciones civiles y por delitos tributarios, aduaneros e infracciones administrativas contempladas en el proyecto.
Además, la adhesión al régimen deberá ser tomada por los sujetos obligados bajo la legislación antilavado como un antecedente favorable en el análisis del cliente, aunque seguirán vigentes todas las obligaciones de debida diligencia y prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas.
FN/MSS
