Esta semana el Indec publicó la Encuesta de Ocupación Hotelera: en marzo de 2025 se registraron 3,8 millones de pernoctaciones, lo que implicó una caída del 3,8% respecto al mismo mes de 2024. Dentro de este total, “las pernoctaciones de viajeros residentes disminuyeron 2,3% y las de no residentes registraron una baja de 8,7%”.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) también había documentado un descenso en la temporada de verano. “La cantidad de turistas que viajaron entre el 15 de diciembre de 2024 y el 28 de febrero de 2025 se redujo 3,9% frente a la anterior temporada. La actual presentó una dinámica diversa, marcada por cambios en las preferencias de los turistas y en las condiciones económicas del país”, puede leerse en el último informe.
Por otro lado, y de acuerdo al último estudio disponible del Observatorio de Turismo Social (2023) 86.362 personas hicieron uso de las instalaciones estatales en 2022. Esa cantidad de turistas representó “un aumento significativo respecto del año anterior”, describe la publicación. Esa cifra, agregan, “implicó alcanzar el valor máximo de la serie, para representar un crecimiento de turistas sociales del 45% con respecto a 2017 y un 95% con relación a 2019. De estos turistas sociales, 26.460 se hospedaron en Embalse y 59.902 en Chapadmalal”.
El gobierno de Axel Kicillof solicitó hacerse cargo de la U.T. Chapadmalal
Ambos complejos, tal como detalló en una nota PERFIL, fueron transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Además, el decreto 216/25 modificó la ley de turismo y eliminó las obligaciones del gobierno de promover el turismo social.
Quienes hasta hace poco podían acceder a las prestaciones con una tarifa completa o reducida eran las personas que cobran salarios mínimos vitales y móviles, veteranos de Malvinas, jubilados y pensionados, alumnos de escuelas públicas y personas con discapacidad, informa el Observatorio.
Érica Schenkel, investigadora del Conicet y autora del documento “Turismo social en Argentina: desarticulación de una política pública con voluntad democratizadora” (2024), explica en su análisis que “la precarización de indicadores socioeconómicos alcanza también al ocio y particularmente al disfrute de prácticas vacacionales, cuyo acceso cae de forma sostenida” y señala, citando los últimos reportes oficiales, que el 67% de la población argentina no logra salir de vacaciones en ningún momento del año.
Por ahora, y mientras se disponga si esos complejos serán concesionados o privatizados –una versión que desde el Gobierno niegan– todos los servicios están suspendidos.
Schenkel agrega que este traspaso tampoco se justifica en términos económicos: “más allá de recortes puntuales, el turismo receptivo fue beneficiado con la extensión de diferentes medidas, como por ejemplo la bonificación para cruceros turísticos, la cual implicó mantener una reducción de la tarifa que cobra el Estado por el uso de la Vía Navegable Troncal”.
En la resolución 42/2024, citada por la investigadora, se establece una bonificación del 20% en la facturación del peaje por el uso de la Vía Navegable Troncal para los Buques Cruceros de Turismo Internacional que arriben al Puerto de Buenos Aires durante la temporada 2024-2025. El objetivo, dice la norma, es “fomentar la actividad y promocionar el turismo en nuestro país”.
Luego del pase de Chapadmalal a la órbita de la AABE, la provincia de Buenos Aires solicitó, mediante una nota, la transferencia de este complejo a su órbita.
“En el verano fuimos alertados por varios de los trabajadores y los sindicatos que allí prestan servicios acerca de la no utilización de dichos predios. Ya sabíamos que no se estaba usando y que durante la mayor parte del año 2024 estuvo completamente cerrado, lo que complica la infraestructura que tiene y el mantenimiento”, señaló en declaraciones radiales María Soledad Martínez, subsecretaria de Turismo de la Provincia de Buenos Aires. Y agregó que el pedido fue derivado a la AABE. “Estamos intentando tener algún tipo de conversación, algún tipo de reunión con el presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Hasta el momento no ha sido posible y esperamos que sea en los próximos días”.
El objetivo, cerró, es “conservar el complejo de hoteles para el uso con el que ha sido concebido, y evitar cualquier tipo de privatización o desnaturalización del objeto con el que fueron construidos”.
Augusto Costa, ministro de Producción de la provincia –cartera de la que depende Turismo– afirmó en su cuenta de X que “estos complejos fueron construidos durante el primer gobierno de Perón, con el objetivo de garantizar el derecho al descanso y al disfrute de las y los trabajadores” y que, con esta decisión, “se cercena un derecho fundamental: el acceso igualitario a las vacaciones, a conocer el mar, a tener una experiencia que muchos argentinos solo podían vivir gracias al turismo social”.
