El presidente Javier Milei anunció este jueves una serie de reformas estructurales que incluyen una modificación integral de la Carta Orgánica del Banco Central, una regla fiscal permanente, la liberalización del mercado de capitales y una transformación del sistema de seguros. Las iniciativas serán enviadas al Congreso y, según afirmó el mandatario, buscan impedir que futuros gobiernos recurran a la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal.
Durante la cadena nacional, Milei calificó el paquete como “el conjunto de reformas estructurales más importantes de los últimos 91 años” y sostuvo que la modificación del funcionamiento del Banco Central permitirá terminar con el denominado impuesto inflacionario.
El Presidente realizó un fuerte cuestionamiento a la historia de la autoridad monetaria y vinculó la inflación acumulada desde su creación, en 1935, con el financiamiento del gasto público. Ahí recordó la tasa de inflación acumulada desde la creación del Banco Central en 1935, que según sus cálculos, llega al 12.819.532.788.614.400.000%.
"La propia creación del Banco Central derivó en un aumento de la emisión monetaria que sextuplicó la tasa de inflación y que, a lo largo de una década, le robó el 50% del salario a los argentinos.", enfatizó.
También apuntó contra las modificaciones realizadas a la Carta Orgánica en 2012 y cuestionó el uso de las reservas internacionales y de las letras intransferibles en poder del organismo. “Decidimos poner fin a 91 años de historia y reformar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina”, afirmó Milei.
Los principales cambios en el Banco Central
La primera modificación anunciada establece que el objetivo fundamental del Banco Central volverá a ser la preservación del valor de la moneda. De esta manera, el Gobierno busca eliminar la multiplicidad de misiones incorporadas en reformas anteriores y concentrar el mandato de la entidad en el control de la inflación.
El segundo punto será la prohibición de financiar al sector público. La restricción alcanzará al Tesoro nacional, las provincias y los municipios, y también impedirá que el Banco Central compre títulos públicos del Estado nacional en el mercado primario.
De aprobarse el proyecto, quedarían prohibidos los adelantos transitorios y otros mecanismos mediante los cuales la autoridad monetaria pueda asistir directamente al Poder Ejecutivo.
La tercera modificación apunta a reforzar la estabilidad del presidente y del directorio del Banco Central. Aunque se mantendrá el actual mecanismo de designación de sus autoridades, su remoción necesitará el respaldo de los dos tercios de la Cámara de Diputados y de los dos tercios del Senado.
Según explicó Milei, el objetivo es evitar que el Poder Ejecutivo pueda desplazar a las autoridades de la entidad para avanzar con una política monetaria más expansiva.
Otro de los cambios estará relacionado con la distribución de utilidades. Los resultados derivados de la revaluación de los activos del Banco Central serán imputados a una reserva técnica no distribuible, tomando como base los activos existentes al 31 de diciembre de 2026.
En ese sentido, los resultados generados por el manejo de la cartera de la entidad únicamente podrán ser transferidos al Tesoro para la cancelación de deuda pública.
El proyecto también eliminará modificaciones introducidas en la Carta Orgánica de 2012 y buscará terminar con el mecanismo de las letras intransferibles, instrumentos entregados por el Tesoro al Banco Central a cambio de reservas internacionales.
Una regla fiscal con cierre de actividades estatales
La reforma monetaria estará acompañada por una regla fiscal permanente, denominada por el Gobierno como “grillete fiscal”, que buscará impedir la aprobación y el sostenimiento de presupuestos deficitarios.
El mecanismo se activará cuando el resultado fiscal permanezca en terreno negativo durante varios meses consecutivos. En ese escenario, el Congreso tendrá un plazo determinado para adoptar medidas que permitan recuperar el equilibrio de las cuentas públicas.
En caso de que no lo consiga, entrará automáticamente en vigencia un sistema de cierre parcial o “shutdown” del Estado. Durante ese período se paralizarán las actividades consideradas no esenciales, se congelarán nuevos gastos, no se adjudicarán contratos, se suspenderá el ingreso de personal y se frenarán las transferencias discrecionales a las provincias.
Además, mientras permanezca activo el mecanismo, dejarán de percibir sus salarios el Presidente, el Vicepresidente, los senadores, los diputados, los ministros, los secretarios y los subsecretarios.
“Por primera vez en nuestra historia, si la política no hace los deberes, la política pagará el costo, no lo pagará la gente”, sostuvo Milei.
El mandatario aclaró que las jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y universales, el seguro de desempleo y los servicios de salud, seguridad, defensa nacional y penitenciarios quedarán exceptuados.
Una vez aprobada la iniciativa, el Gobierno invitará a las provincias a adherir al mismo régimen fiscal.
Liberalización del mercado de capitales
El segundo bloque de reformas estará orientado a profundizar el sistema financiero y facilitar que los ahorros privados se destinen a proyectos productivos.
Milei afirmó que las políticas aplicadas durante las últimas décadas empujaron a los argentinos a mantener sus ahorros fuera del sistema financiero, tanto en cajas de seguridad como en efectivo o en cuentas en el exterior, lo que limitó la inversión y el acceso al crédito.
El proyecto modificará distintas leyes con el objetivo de reducir regulaciones y ampliar las alternativas de financiamiento. Entre otras medidas, permitirá que los bonos corporativos puedan emitirse en moneda extranjera, unidades de valor u otras unidades de medida.
También se flexibilizará el régimen de financiamiento colectivo o crowdfunding, actualmente regulado por la Comisión Nacional de Valores.
Según el Presidente, la iniciativa permitirá que la recuperación del ahorro se traduzca en inversiones destinadas a fábricas, maquinaria y creación de empleo.
Reforma del mercado de seguros
El paquete se completará con una reforma estructural del mercado asegurador. El proyecto establecerá una mayor libertad para que las compañías diseñen y ofrezcan productos sin necesitar una autorización previa del organismo regulador.
El control estatal se concentrará principalmente en garantizar la solvencia de las empresas y proteger a los asegurados frente a eventuales maniobras fraudulentas.
El Gobierno espera que la desregulación aumente la competencia, impulse la innovación y permita reducir el precio de las pólizas y ampliar la variedad de coberturas.
“Los seguros se volverán más simples, más rápidos y más baratos”, aseguró Milei.
El pedido de Milei al Congreso
El Presidente remarcó que las reformas tendrán una secuencia legislativa, aunque aseguró que todas se encuentran interconectadas. Según explicó, el equilibrio fiscal eliminará la necesidad de recurrir a la emisión, mientras que la reforma del Banco Central impedirá que futuros gobiernos utilicen nuevamente ese mecanismo.
A su vez, la liberalización del sistema financiero y del mercado asegurador buscará facilitar el acceso al crédito y mejorar las alternativas de cobertura para personas y empresas.
“Confío plenamente en que el Congreso de la Nación comprenderá la naturaleza del problema estructural de nuestro país y acompañará estas reformas”, concluyó Milei.
FN
