Antes de que la revista Noticias revelara que el actual ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, había participado del blanqueo de capitales que realizó el Gobierno en 2016, PERFIL entrevistó al titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici. Si bien se excusó de hablar de casos en particular, sí expresó su opinión sobre la aparición de informaciones que revelan cuentas offshore y dinero no declarado por parte de funcionarios del gabinete del presidente Mauricio Macri.
—En el marco de la tarea de prevención de lavado que ejerce la UIF, ¿les preocupa que haya funcionarios dentro del gabinete que tengan participación en cuentas offshore?
—Es un tema que no nos preocupa en tanto y en cuanto estemos hablando de activos que han sido generados de manera lícita por la actividad profesional o privada que tuvieron los funcionarios en su vida previa a la función pública, y en tanto y en cuanto estén debidamente declarados, en cumplimiento con la legislación. Creemos que hay cierto aprovechamiento también político de parte de algunos sectores, la crítica a funcionarios que han generado dinero fuera del país en su actividad profesional y han invertido o dejado sus inversiones fuera del país. En ese sentido, nuestra opinión es que somos respetuosos de la libertad de cualquier ciudadano argentino, sea funcionario o no, de distribuir su riesgo y diversificarlo de la manera que estime más conveniente, siempre dentro del marco de la legalidad. Esto implica haber generado los fondos de manera lícita y tenerlos debidamente declarados. Cuando esas condiciones no se dan, es ahí donde nosotros intervenimos, cuando existe la sospecha de ilicitud, para detectarla y contribuir a que sea perseguida legalmente.
Inversores en riesgo. Tras un seminario sobre prevención de lavado de dinero en la Universidad Católica, en el que expuso junto al titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Marcos Ayerra, Federici también se refirió a los riesgos que deben evitar los inversores cuando aparecen alternativas poco habituales con retornos importantes, como los que ofrecía Enrique Blaksley, recientemente detenido por estafas a través de la firma Hope Funds, que llegó a manejar unos $ 550 millones.
—¿Que rol jugó la UIF en la detección del caso Blaksley?
—No te puedo contestar porque nosotros con los casos concretos tenemos un deber de secreto por ley. Este es un caso que está en plena investigación. Estamos colaborando con la Justicia, es lo que puedo decir. Violar el secreto me puede acarrear responsabilidades penales.
—¿Que pasó con los activos de Blaksley?
—Está en plena investigación, no puedo profundizar sobre el caso.
—¿Qué se puede recomendar a los inversores para evitar que caigan en este tipo de estafas?
—Nosotros no podemos recomendar a los ahorristas dónde tienen que hacer negocios. Sí lo que queremos es trabajar por la protección de la integridad de nuestro sistema financiero. Hay operadores que están regulados, que tienen licencia, que son supervisados en materia de prevención de lavado, que están sujetos a controles mucho más estrictos y que deberían darle al ahorrista mucha más tranquilidad desde el punto de vista de la transparencia a la que están sujetos para sentirse cómodos con sus ahorros. A veces hay oportunidad de negocios que ofrecen altas rentabilidades y que generan mucho atractivo e interés pero que están fuera de la órbita de la regulación, de la supervisión, y que por lo tanto son negocios más riesgosos que pueden llevar a fracasos desde el punto de vista de la inversión, y a veces a conductas de este tipo. La verdad es que nada ampara bajo la ley la conducta delictiva, estés dentro del esquema regulado o fuera de la regulación, y eso ya es otro ámbito, por eso cuando se detecta la comisión de delito pasamos a la necesidad de que sean perseguidos por la Justicia.
—¿Qué tipo de sanción le puede caber a Blaksley?
—Es la Justicia la que tiene en su poder la investigación y la que tiene que decidir cuál es la sanción. Estamos en el ámbito de la represión penal de un delito que está siendo investigado, y es la Justicia la que tendrá que decidir qué sanción le cabe con el peso de la ley, si es que le cabe sanción alguna.
Las PPP, con tribunales afuera
El Gobierno ayer sumó dos nuevos beneficios para los fondos de inversión que participen de los proyectos de Participación Público Privada (PPP), el régimen que impulsa el oficialismo para financiar obras de infraestructura. Mediante dos decretos publicados en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo los dejó exentos del impuesto al valor agregado (IVA) y autorizó el recurso de acudir a tribunales extranjeros en caso de litigio.
El decreto número 300, publicado esta mañana en el Boletín Oficial, dispone que el tratamiento impositivo para los fondos de PPP será el establecido en el artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables, que determina “la exención del impuesto a las ganancias y del impuesto a los beneficios eventuales”. Además de la exención del IVA, el Poder Ejecutivo incluyó en otro decreto, el 299, el “arbitraje con prórroga de jurisdicción como mecanismo de solución de controversias” para los contratos de PPP que resulten de la adjudicación de mejora de corredores viales nacionales. Esta inclusión permitirá que, en caso de que el adjudicatario tenga accionistas extranjeros, pueda concurrir a “tribunales arbitrales extranjeros con sede en un Estado que sea parte en la Convención sobre Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias (Nueva York).
