Si la política tarifaria del Gobierno temblequea como nunca antes por la avanzada de la oposición en el Congreso, que este miércoles buscará retrotraer el último aumento de las facturas de gas, la liberación de mercado de combustibles –el otro pilar de la gestión energética del ministro Juan José Aranguren– también está en crisis.
La brusca escalada del dólar –el peso se devaluó un 10% solo en la primera semana de mayo– y el incremento del precio internacional del petróleo configuran un problema sin solución para la Casa Rosada. Si los precios en surtidores fuesen libres, tal como dispuso el presidente Mauricio Macri en octubre del año pasado y el importe local de los combustibles acompañara la tendencia del mercado mundial, las petroleras deberían aumentar esta semana las naftas y el gasoil hasta un 14%, según un relevamiento de PERFIL entre las principales petroleras del país.
No hay margen político para autorizar a YPF, la petrolera controlada por el Estado, y al resto de las refinadoras –Shell, Axion Energy, Petrobras (recientemente adquirida por Trafigura, el mayor trader de combustibles del planeta) y la quebrada Oil, de Cristóbal López– a aplicar una suba de esa magnitud. Confirmaría la capitulación de la lucha contra la inflación. Es que un alza tan marcada del gasoil impactaría de lleno en los costos de toda la economía.
Encuentro. El viernes por la tarde el ministro Aranguren se reunió de urgencia con altos ejecutivos de la industria para trazar un primer mapa de situación. Fue la primera de otras reuniones de trabajo que se concretarán esta semana. A grandes rasgos, la propuesta de las grandes petroleras –con YPF a la cabeza– es que tiene que haber un entendimiento temporario entre productores y refinadores de crudo. La meta: evitar que los combustibles vuelvan a aumentar en mayo. Para eso, los productores deben acceder a cobrar un precio menor que en el mercado internacional. En la práctica, se trataría de buscar, solo por dos o tres meses, un esquema similar al del barril criollo que aplicó el gobierno anterior.
“A largo plazo, la intención de Aranguren de volver a un libre mercado es la correcta. Pero el barril internacional llegó el viernes a los 75 dólares cuando a principios de abril estaba a 67 dólares. Es una situación crítica. Debemos buscar correcciones y acuerdos temporales por al menos sesenta días que nos permitan ver cómo se estabiliza el dólar y el precio del crudo, las dos variables claves de este negocio”, explicó a PERFIL el presidente de una petrolera, bajo reserva de nombre.
Golpe. La corrida del dólar de esta semana terminó de implosionar el frágil equilibrio que existía entre el precio de los combustibles en la Argentina y la cotización del barril internacional. No parece haber margen para que la tendencia alcista del crudo que se vive en el mundo –el Brent, la referencia para Europa, aumentó un 10% en los últimos treinta días–se replique en los surtidores locales.
En lo que va de 2018, las naftas se incrementaron, en promedio, un 14%. Desde abril del año pasado, la suba alcanza, en algunos productos, el 50%.
“Una alternativa puede ser que el Estado no actualice el Impuesto a los Combustibles (ITC) como está previsto en junio. Eso nos daría algo de aire para manejar los precios”, explicaron desde otra petrolera.
El aumento de los combustibles se convirtió en un dolor de cabeza para el Gobierno. El presidente del BCRA, Federico Sturzenegger, incluso impulsó que la Comisión Nacional de Defensa a la Competencia abriera una investigación sobre las petroleras para determinar si los privados incurrieron en prácticas oligopólicas en la fijación de precios.
A proposición de Sturzenegger, el organismo contrató como asesor a Sebastián Scheimberg, ex funcionario del Ministerio de Energía vinculado al radicalismo, para que encabece la investigación.
Las tarifas en cuotas, frenadas
Si bien el Enargas, el ente regulador del gas, había avanzando bastante en la negociación con productores y distribuidores de gas para financiar en cuatro cuotas las boletas del invierno, las más caras para hogares y PyMEs, el Gobierno tomó la decisión de frenar esa iniciativa hasta conocer el desenlace de la disputa por tarifas en el Congreso.
“Lo mejor es esperar hasta ver qué pasa en la sesión del miércoles y luego definir una estrategia”, explicaron allegados al Ministerio de Energía.
El pago de la tarifa de gas en cuotas había sido una salida que presentó el Gobierno ante los reclamos de sus aliados en la coalición de gobierno, la Unión Cívica Radical, luego de que presentaran un duro informe sobre la política energética.
La estrategia había sido pensada por el Enargas en realidad mucho antes de la presión de la UCR, pero ahora sin embargo, quedó frenada.
