La crisis económica viene afectando a todos los sectores y el sistema de salud no es la excepción. A pesar de la fuerte recuperación pos pandemia, las obras sociales nacionales no logran recuperar la cantidad de afiliados previos a ésta.
En marzo, el total de beneficiarios ascendió a 15.380.000, lo que representa un aumento interanual del 2,64%, de acuerdo con el último informe sectorial de la Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico (CADIME).
De esta manera, las obras sociales nacionales cubren aproximadamente al 33,6% de la población, mediante más de 290 entidades. Sin embargo, todavía quedan por recuperar casi 800.000 beneficiarios para alcanzar los valores previos a la pandemia.
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“Este fenómeno se da por el deterioro del mercado laboral, que responde al impacto de la crisis económica y la inflación especialmente sobre las pymes, además de la presión fiscal, las dificultades en el acceso al crédito, y el elevado costo del empleo formal”, explica Guillermo Gómez Galizia, presidente de CADIME.
Concentración en la cantidad de afiliados
En los últimos 12 meses, las primeras 10 obras sociales nacionales tuvieron un aumento en la cantidad de afiliados de 3,11%. En comparación con el alza del 2,64% general, esta evolución también implica un aumento de la concentración en la cantidad de afiliados.
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De hecho, obras sociales como OSECAC, OSDE, OSPRERA, UPCN, UOCRA, OSPE, OSUTHGRA, ASE, Mutual Sancor y UOM concentran aproximadamente el 43% de los afiliados. Si se agregan las 6 obras sociales que les siguen en tamaño, alcanzan el 50%.
“Esta concentración implica que la mayor parte de los beneficiarios del sistema es asistida por obras sociales que no llegan a recaudar, contabilizando aportes más contribuciones más el fondo solidario de redistribución, el valor de la cápita promedio del Programa Médico Obligatorio o PMO”, continúa el representante de CADIME.
El desfinanciamiento de las obras sociales
La recaudación directa por aportes y contribuciones (incluyendo los recursos del Fondo Solidario de Redistribución) en el año 2022 se estima en $1.153.605 millones, lo que implica un aumento del 75% respecto a la recaudación del año anterior.
En términos per cápita, el ingreso de las Obras Sociales ha perdido terreno frente a la inflación siendo la variación de 420% vs 516%, respectivamente, entre 2018 y 2022.
“El desfinanciamiento de las obras sociales impacta sobre los beneficiarios, ya que se resiente el acceso a los servicios necesarios en forma oportuna y en condiciones de calidad adecuadas, y compromete la capacidad de pago a los prestadores. Es decir: afecta la atención de la salud de millones de argentinos y la sustentabilidad de las pymes prestadoras”, subraya.
De hecho, según el último registro, el valor de la cápita promedio anual de las obras sociales nacionales asciende a $6.335. En términos constantes, disminuyó 14% en los últimos 5 años.
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“En ese sentido, no existen indicios sobre la posibilidad de recuperar valores de años anteriores, impactados tanto por la caída del salario real como por la incorporación considerablemente mayor de trabajadores de regímenes especiales, con menor ingreso promedio per cápita”, señalan desde CADIME.
En tanto, el costo del Programa Médico Obligatorio (PMO) financiado por las obras sociales nacionales alcanza los $5.257. Si bien el ingreso parecería superar al gasto, la realidad es que sólo el 38% (o 4 de cada 10) de los beneficiarios tiene una cobertura cuyos ingresos superan el costo del PMO per cápita. Esto surge como consecuencia de la gran concentración de afiliados en determinadas obras sociales.
“Algunos sectores vienen sufriendo transformaciones significativas en cuanto a su nivel de actividad y productividad, lo que disminuye el número de aportantes, lo que representa el factor crítico, junto con el salario promedio, para definir el ingreso económico de cada organización. El sistema de salud no se ha reformado, pese a las transformaciones del mercado laboral”, indica Gómez Galizia.
“En conclusión, el desfinanciamiento de las obras sociales impacta directa y negativamente sobre sus beneficiarios y sobre los prestadores. Compromete la atención en términos de acceso, oportunidad y calidad, y la viabilidad económica de los prestadores, especialmente de las pymes”, completa.
LD
