La tensión en el ecosistema agroindustrial argentino alcanzó su punto de ebullición. Hoy, la asamblea de accionistas de Bioceres se convertirá en el escenario de una batalla a todo o nada por el control del principal conglomerado biotecnológico del país. En el centro del ring, la gestión histórica y los fundadores resisten lo que denuncian como una maniobra de asfixia inducida por Union Group, el holding liderado por el empresario y político uruguayo Juan Sartori, cuya estrategia apunta a una quiebra técnica para licuar el valor de la compañía y quedarse con sus activos a un precio vil.
Del otro lado, se acusará bajo la figura legal de “acción social de responsabilidad” a los exdirectivos Federico Trucco y Manuel Alberto Sobrado, por considerarlos responsables de la crisis financiera e intentar que paguen con patrimonios personales una supuesta mala praxis. Según el análisis de fuentes que están al tanto de la disputa legal, el plan de Sartori es divisar a los responsables de una “quiebra inevitable” que le permita esquivar las acusaciones que pesan sobre Union Group por ejecutar una maniobra financiera intragrupo.
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La joya más codiciada de esta disputa es Rizobacter. Desde los pasillos de la firma líder en microbiología agrícola alertaron sobre un “claro hostigamiento financiero” impulsado por la nueva gestión. Lejos de sufrir una crisis operativa, Rizobacter mantiene su dominancia de mercado y un sólido flujo de caja positivo. Sin embargo, acusan a Sartori de aplicar una táctica agresiva de distressed assets (activos en problemas): devaluar artificialmente a la empresa aprovechando el estrés de liquidez de su matriz para facilitar una toma de control forzosa, poniendo en jaque uno de los activos más valiosos de la soberanía tecnológica nacional.
El colapso de 2026 y la ingeniería del default
Para entender el laberinto judicial y societario de Bioceres, es necesario mirar la macroeconomía. La compañía no es una isla; sufre las consecuencias de un “default sistémico” que hoy también arrastra a gigantes productivos como FATE, Albanesi, Whirlpool y Los Grobo, en el marco del colapso económico general de 2026. A este escenario inestable se le suma el impacto residual de la histórica crisis del agro de 2023, que evaporó casi USD 32.873 millones del Producto Bruto sectorial y desplomó las exportaciones un 41%.
Bajo ese paraguas de vulnerabilidad, Bioceres operó con esquemas defensivos hasta que Union Group fue tejiendo su red y consolidó el 97% del control accionario en junio de 2025. Fue entonces cuando, aseguran fuentes inobjetables de la compañía, la estrategia quedó al descubierto. Pese a que el directorio saliente había dejado la recomendación expresa de avanzar hacia un concurso preventivo para blindar la operatividad de la firma y renegociar pasivos, la nueva conducción ejecutó un giro drástico: apenas 48 horas después de asumir en diciembre pasado, el nuevo presidente solicitó la propia quiebra, ignorando el mandato de los accionistas y dinamitando las alternativas de rescate.
Quienes conocen de cerca la operatoria rechazan tajantemente cualquier acusación de “vaciamiento” por parte del management histórico. “Las decisiones ejecutivas y las aprobaciones del Directorio siempre fueron colegiadas, lo que hace imposible el desvío de fondos de manera unilateral o sin la firma de todo el cuerpo”, señaló una fuente al tanto de la crisis financiera, en diálogo con PERFIL. Además, recordó que los balances siempre fueron públicos y jamás sufrieron impugnaciones. Lo que hay hoy sobre la mesa, denuncian, es pura “ingeniería financiera” diseñada para judicializar a los exdirectores y utilizarlos como chivos expiatorios.
De Moolec a las estructuras offshore
El accionar no sorprende a quienes siguen el rastro del líder de Union Group. En el mercado advierten que Sartori tiene antecedentes de ocultamiento patrimonial y uso de complejas estructuras offshore para desviar beneficios y acorralar a las cúpulas directivas. El objetivo final con Bioceres sería replicar la misma jugada que ya ensayó con Moolec Science ante la SEC (la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos): empujar a la compañía al abismo legal para absorberla emulando el comportamiento de los fondos buitre.
Frente a esta presión por imponer una liquidación acelerada, la resistencia corporativa rechaza la transferencia forzosa de activos y hace un llamado a la transparencia en el mercado de capitales para frenar el desguace.
Las similitudes con el caso Exxel Group
El desembarco de Sartori en la biotecnología argentina no puede leerse como un hecho aislado, sino como un eslabón más en la evolución del capitalismo financiero del Río de la Plata. En los pasillos del poder económico, las comparaciones con Juan Navarro, el hombre fuerte del Exxel Group en los años 90, resultan inevitables.
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Ambos son uruguayos y provienen de las entrañas del sistema financiero. Pero mientras Juan Navarro fue el arquitecto del private equity regional que se apalancó en la política de turno para construir su imperio, Sartori representa a la nueva generación: un modelo internacionalizado, sofisticado financieramente y conectado en línea directa con Wall Street a través de los polémicos SPAC (compañías de adquisición de propósito especial).
Sartori entendió el juego, eliminó a los intermediarios y se hizo político él mismo, llegando a ocupar una banca en el Senado de su país. Juan Navarro creó el modelo de acumulación; Sartori lo llevó al mundo globalizado. Aunque no son socios visibles, pertenecen a la misma línea evolutiva del poder económico. Este miércoles, en la asamblea que definirá el futuro de Bioceres, ese modelo financiero pondrá a prueba, una vez más, la resistencia del entramado productivo argentino.
ML
