Existen muchos reportes privados sobre el régimen industrial de Tierra del Fuego. Muchos informes de consultores y expertos, o reportes de gobiernos que circularon por despachos aquí y allá y que no vieron nunca la luz pública. Mucho malestar en off y poca evidencia en on.
Desde Dante Sica a Matías Kulfas, exministros de Producción de gobiernos en veredas opuestas, hay un extendido consenso de que algo no anda bien con este régimen. Sin embargo, ninguna gestión ha tenido todavía la capacidad de hacer los cambios de fondo que son necesarios.
Estamos hablando del régimen de promoción industrial más oneroso de la Argentina. Dentro del diseño de la política, la electrónica es el sector que tiene mayor centralidad. El sector se concentra en la producción de tres productos principales: teléfonos celulares, televisores y equipos de aire acondicionado.
Por su posición de mercado, Mirgor y Newsan son los dos grupos que se destacan dentro de las 30 empresas que componen el sector. Esas dos empresas, propiedad de Nicolás Caputo y Rubén Cherñajovsky, respectivamente, son en sentido estricto las principales beneficiarias del statu quo.
La totalidad de la renuncia fiscal, que incluye pero excede a estas dos empresas, alcanza los 1.070 millones de dólares anuales, según cálculos de Fundar. Para que tomemos dimensión de la magnitud del monto, basta decir que equivale al 40% de lo que Argentina invierte en AUH y AUE, políticas destinadas a los niños más vulnerables.
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Es mucho dinero invertido, durante mucho tiempo y con resultados magros. El régimen industrial es una de esas “políticas de Estado” en donde los costos superan largamente a los beneficios. El gasto tributario, es decir el dinero al que el Estado argentino renuncia principalmente por el no cobro de aranceles a la importación de los insumos y el IVA de los productos finales, se traduce en el ensamblado de celulares, aires acondicionados y televisores, que se destinan en su totalidad al mercado interno.
Después de 50 años, la industria fueguina sigue siendo una “industria infante”, de bajo valor agregado y que no aporta divisas a un país que las necesita de forma acuciante.
Ahora bien, a pesar de que existe un consenso extendido entre los economistas a los dos lados de la grieta de que no es fiscalmente sostenible, de que la industria electrónica de Tierra del Fuego prácticamente no agrega valor y que tampoco ahorra sustancialmente divisas, el statu quo persiste.
¿Por qué el statu quo persiste?
Los actores de la política son responsables, por acción o por omisión. Pero aquí queremos subrayar la capacidad de veto de Newsan y de Mirgor. Un poder de acceso desmedido a la política que subsiste porque la visibilidad del régimen para el público en general es muy baja.
Por ejemplo, pocos saben que esas empresas cobran el IVA de sus productos pero no se lo dan a la AFIP, sencillamente se lo quedan. Estamos hablando de una rentabilidad extraordinaria a costa de las arcas públicas, amparadas en la opacidad de una promoción mal diseñada y que ha durado demasiado tiempo.
Por eso, hay que traer luz al debate público. Hay que mostrar la estructura de costos de las empresas, los beneficios fiscales que se llevan sobre la facturación total, y el poco valor (nada en el caso de celulares) que agregan en los productos electrónicos que ensamblan. Hay que aportar datos que enriquezcan el debate y sean insumos para los tomadores de decisión.
Por todo esto, Fundar elaboró una serie de documentos que buscan aportar información sobre el funcionamiento y las consecuencias del subrégimen industrial fueguino en su forma actual. Este esquema, además, no prevé ninguna estrategia de salida. Si bien hubo muchas negociaciones truncadas en los últimos años para ver cómo transformarlo, nunca se publicó un diagnóstico como el que presentamos.
La propuesta de Fundar
Pero en Fundar vamos más allá del diagnóstico: traemos también una propuesta concreta de reconversión que es económicamente sólida y socialmente viable. Porque no alcanza con saber que no funciona: hay que discutir una reformulación del Régimen que sea sustentable fiscalmente y que ofrezca posibilidades para una reconversión de la estructura productiva en Tierra del Fuego.
A partir de una transformación gradual y paulatina, que estimamos tardaría 11 años en total, la isla pasaría a producir por sus propios medios y a exportar más servicios y bienes, reduciendo fuertemente pero sin eliminar del todo los beneficios a la industria electrónica. Nuestra propuesta logra también mantener el nivel general de empleo y garantiza para los trabajadores un esquema de compensaciones inédito para aquellos que no puedan insertarse en los nuevos sectores.
No podemos esconder la conversación tras la bandera de la “soberanía nacional” como si fuera un dictum que salda todo debate por el solo hecho de enunciarse en voz alta. La provincia ya tiene 190 mil personas, el objetivo de poblarla fue ampliamente cumplido.
Para romper el statu quo, para salir de este muy mal diseño de política industrial, el más caro del país por lejos, es necesario hablar con evidencia y poniendo soluciones viables sobre la mesa, que no subestimen el lugar geoestratégico que ocupa la isla pero que también contemplen proyectos de desarrollo más ambiciosos.
Nuestra propuesta implica una gradualidad que pone a la provincia y a la Nación en el centro de la política. Sostener el nivel de empleo general de la isla y cuidar a los trabajadores durante todo el proceso de reconversión son objetivos explícitos en el trabajo que produjimos.
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¿Cómo se puede financiar?
El cambio propuesto se financia con los recursos obtenidos, del cobro de aranceles a la importación y del IVA a los bienes finales importados. Es preciso reemplazar paulatinamente el ensamble nacional y emprender una reconversión productiva hacia sectores en donde hay sí ventajas comparadas dinámicas de la isla (como en turismo, software, petroquímica y pesca, entre otros).
Pero hay que empezar ya. No podemos seguir postergando esta transformación. Para salir de la inercia hay que decir con firmeza que no podemos seguir sosteniendo un régimen de promoción que es profundamente injusto, que no construye capacidades productivas y que beneficia principal (pero no exclusivamente) a dos empresas, Newsan y Mirgor, que solo en la opacidad de los pasillos y el lobby a puertas cerradas, mantienen sus privilegios.
La Argentina necesita políticas de Estado de largo plazo, de eso no cabe duda, pero tienen que ser políticas que sirvan para construir desarrollo, no para demorarlo.
*Director ejecutivo de Fundar
