En cada carga de nafta, el Estado nacional cobra una tasa destinada a evitar las inundaciones en todo el país. Javier Milei frenó toda la obra pública y se vanagloria de ello, pero no por eso dejó de cobrar los impuestos con destino específico, como el que todos los días abonan los conductores para el Fondo para Infraestructura Hídrica. Tiene más de dos décadas de existencia, pero casi no registró desembolsos con la gestión libertaria, que utilizó $ 13 mil millones de los más de $ 175 mil millones recaudados entre el año pasado y marzo de este. Las consecuencias del freno a la obra pública se observaron en los colapsos por las últimas precipitaciones.
Creado en 2002 para desarrollar proyectos, obras y servicios de infraestructura hídrica, de recuperación de tierras productivas, de control y mitigación de inundaciones y de protección de infraestructura vial y ferroviaria, el Fondo para Infraestructura Hídrica resulta clave en la prevención de anegaciones. Este tipo de trabajos llevan años e implican inversiones multimillonarias. De ahí la necesidad de contar con un fideicomiso específico dedicado a los problemas que generan las copiosas precipitaciones, que ayer dejó a la zona bonaerense de Zárate bajo el agua y con vecinos que debieron ser evacuados.
El fondo se financia con una alícuota del 5% a los combustibles y del 9% al GNC. Aunque entre 2024 y marzo de 2025 se recaudaron cerca de $ 175 mil millones, el año pasado solo se incluyeron $ 5.887 millones en el presupuesto, de los cuales se ejecutaron apenas $ 910 millones, lo que representa un 16,13%. En 2025 se presupuestaron $ 83.608 millones, pero hasta ahora solo se utilizaron $ 12.101 millones, es decir, el 14,47%.
Esto quiere decir que lograron reunir casi $ 175 mil millones, pero apenas destinaron $ 13.011 millones a su ejecución para obras que eviten inundaciones. Lo que equivale al 7,45% del total, siempre según el Presupuesto Abierto del Ministerio de Economía.
“La obra pública no vuelve más”, había celebrado el año pasado el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, ante un auditorio repleto de empresarios. “Hacía falta decisión para eliminar todo eso de un saque. Y Javier Milei lo hizo”, afirmó en un almuerzo de la Fundación Mediterránea.
“Cuando se financia la obra pública se quita capacidad de demanda en otros sectores y el empleo que se crea es el que se destruyó en otras áreas de la economía. Erradiquemos la mentira. La obra pública no genera puestos de trabajo, genera impuestos”, lanzó el propio Presidente, en la inauguración de sesiones ordinarias. Sin embargo, no eliminó el Gobierno las tasas que se cobran al combustible ni los privados se organizaron para hacer los complejos y costosos trabajos de infraestructura necesarios, como había propuesto Milei en campaña.
Antes de estas inundaciones, e incluso previo al temporal de Bahía Blanca, el Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires se enfocó en 130 obras y proyectos prioritarios que tiene en ejecución. Estos buscan mitigar los efectos del cambio climático, reducir el riesgo hídrico en las ciudades y proteger las zonas costeras de la erosión y el aumento del nivel del mar, en un territorio que cada vez se encuentra más expuesto a fenómenos extremos, como lluvias intensas y sequías frecuentes.
El Plan de Prevención del Riesgo Hídrico en Ciudades de la cartera de Gabriel Katopodis conlleva una inversión total de $ 1,5 billones. “Con esta política, el ministerio asume el compromiso de afrontar estas problemáticas en un contexto en que el Gobierno nacional niega el cambio climático, aplicando recortes y ajustes presupuestarios sobre las políticas ambientales. Esta situación se da en el marco de reformas estructurales del Estado, como la eliminación del Ministerio de Ambiente, que les quitan institucionalidad a las medidas necesarias para proteger la biodiversidad y a las poblaciones afectadas por los extremos climáticos”, expresó el informe elaborado dos meses atrás.
“La gestión de los recursos hídricos ocupa un lugar central en la planificación de las infraestructuras que apuntan al desarrollo territorial, tanto en los sistemas urbanos como en las áreas rurales”, planteó el reporte, que incluye 60 trabajos de microdrenajes y 56 de macrodrenajes urbanos, ocho a intervenciones de defensa costera atlántica y seis son de defensas costeras fluviales.
La ejecución de políticas de infraestructura hídrica con perspectiva de desarrollo sostenible surge como una necesidad, teniendo en cuenta que, por efecto del cambio climático, Argentina se encuentra entre los veinte países del mundo más expuestos potencialmente a que su población sea afectada por inundaciones fluviales, de acuerdo con el Banco Mundial. En 2023, el país perdió US$ 18.500 millones por la sequía, lo que equivale al 2,9% del PBI, según el Ministerio de Economía. En la Provincia, en concreto, se generaron pérdidas económicas por US$ 8.500 millones.
En el territorio bonaerense, diversas regiones no cuentan con fuentes de agua aptas o suficientes para la producción y el consumo que, sumado a los ciclos de sequías e inundaciones frecuentes, produce daños productivos y sociales significativos. “Los fenómenos de extremos climáticos demandan la planificación de obras estructurales que permitan prevenir y mitigar sus efectos”, plantearon desde el ministerio que creó el gobernador Axel Kicillof.
