Argentina necesita atraer inversiones y nuestro historial de incumplimientos requiere de un régimen especial. Pero “el paquete de incentivos más generoso de nuestra historia” va mucho más allá. Si un árbol cae en el bosque y nadie lo escucha, ¿cayó de verdad? Y si una inversión no genera empleo ni proveedores locales, no deja impuestos ni vuelca dólares en la economía, ¿es realmente una inversión? Esa es la pregunta incómoda que deja el Super-RIGI, el régimen que el Gobierno envió al Congreso para atraer “nuevas actividades económicas” y, sobre todo, centros de datos que entrenan modelos de inteligencia artificial.
Que Argentina necesita un régimen de incentivos es un dato indiscutible. Con una macro frágil y un prontuario que incluye incumplimiento de contratos, default, cepos, estadísticas dibujadas y depósitos confiscados, ofrecer reglas claras y estables es la única forma de que un inversor nos crea. Pero que Argentina necesite desesperadamente inversiones, no debe llevarnos a atraer inversiones en forma desesperada. La discusión supone, por eso, entender con qué instrumentos, porque dar garantías no es lo mismo que regalar concesiones. Y el país tiene activos desde los cuales pararse en esa negociación: energía renovable, frío para refrigerar servidores, minerales estratégicos, cables submarinos.
El Super-RIGI lleva al extremo las deficiencias que ya estaban en el régimen previo. Vigente desde 2024, el RIGI anunció inversiones por US$ 140.000 millones. ¿Cuánto se hizo efectivo? US$ 762 millones. El resto son, por ahora, declaraciones de amor, no amor verdadero. Además, nueve de cada diez dólares prometidos van a petróleo, gas y minería: sectores que ya eran rentables y en muchos casos inversiones que estaban anunciadas antes del régimen. Es decir, le pagamos por venir a quien ya venía.
En términos de beneficios tributarios, el Super-RIGI toma la lógica del régimen anterior y la empeora. Es menos de lo mismo. Ganancias baja del 35% al 15%. Las retenciones a la exportación arrancan en cero desde el día uno. Se eliminan derechos de importación para todos los bienes del proyecto. Los dividendos tributan 3,5% a partir del cuarto año, la mitad de la alícuota general. Las contribuciones patronales bajan del 24% al 10% para nuevos empleos (un beneficio que el RIGI ni siquiera incluía), aunque en industrias tan capital-intensivas como los data centers el empleo directo es mínimo: es un regalo sin efecto real sobre la decisión o no de invertir.
Esos beneficios tributarios se complementan con otros cambiarios, aún más significativos. En el Super-RIGI desaparece la obligación de liquidar divisas, tanto para exportaciones como para ingresos de capital y deuda externa: la inversión puede usar nuestro suelo, nuestra energía y nuestra agua sin volcar prácticamente ningún dólar en el mercado local. Además, el régimen congela las reglas por 30 años y crea, de hecho, dos Argentinas: una para los que entran al club y otra para el resto del entramado productivo, que sigue pagando la tarifa completa. En ese sentido, no sorprende que la UIA haya reclamado los mismos beneficios para la industria instalada.
El Super-RIGI sí acierta en algo importante: Argentina necesita apostar por sectores nuevos. Sin embargo, conviene mirar de cerca a este nuevo protagonista. Un data center es, en esencia, capacidad de cómputo: enormes galpones que consumen muchísima energía y agua, y emplean a muy poca gente. Su aporte real a la economía no depende del régimen en abstracto, sino de lo que se negocie. Y ahí el Super-RIGI elige negociar poco.
El régimen incluso retrocede respecto del RIGI en materia de proveedores: donde antes había una débil meta (floja, pero meta al fin) del 20% de compras locales, ahora solo hay que “informar”. El artículo 55 va más lejos y le prohíbe al Estado exigir compra nacional cuando exista un importado más barato. Es decir, nos atamos las manos mientras repartimos beneficios.
El riesgo es concreto y tiene nombre: enclave. Una inversión que no deja impuestos, no aporta divisas y no genera proveedores. Una catarata de beneficios sin contrapartida productiva de ningún tipo. Inversión asintomática.
Lo llamativo es que no hace falta inventar la rueda. Chile ofreció estabilidad fiscal durante décadas, pero cobrando más, no menos, a cambio de esa certeza. Brasil condiciona los beneficios a sus data centers a usar energía renovable, a reservar capacidad de cómputo para el mercado interno y a invertir en I+D con universidades. Noruega exigió desde los 70 que su industria petrolera desarrollara proveedores locales, y en una década construyó una industria de clase mundial. Ninguno regaló soberanía: todos pidieron algo a cambio.
Desde Fundar proponemos, por eso, atar cada beneficio a una meta verificable: menos Ganancias si hay proveedores locales; cero retenciones si hay exportaciones que se liquidan en el banco central; estabilidad por 10 o 15 años renovables, no 30 incondicionales. Que un data center reserve parte de su poder de cómputo para universidades y startups argentinas. Que invierta en investigación local. Y, como mínimo, que un conflicto pase primero por la Justicia argentina antes de viajar a un tribunal extranjero donde, por regla, ningún árbitro puede ser argentino.
En resumen, el Super-RIGI expone al gobierno actual frente a una paradoja. Mientras recorta políticas productivas y sociales en nombre de la austeridad, adopta como bandera el paquete de incentivos más grande de nuestra historia –impositivos, aduaneros, cambiarios, laborales– sin pedir casi nada sustantivo a cambio.
La discusión en el Congreso no debería ser “régimen sí o régimen no”, sino cómo convertir esas inversiones en desarrollo. Inversión, sí. Enclave, no.
*Director ejecutivo de Fundar.
** Director de Economía de Fundar.
