Las empresas tabacaleras lograron que se incorpore a la agenda legislativa de la provincia de Buenos Aires un proyecto con pedido de informes al Ministerio de Salud de la Nación, ante la decisión de la cartera sanitaria de establecer la prohibición de “importar, distribuir, comercializar y publicitar los Productos de Tabaco Calentado”. La iniciativa buscará distinguir a esos productos del cigarrillo electrónico, a través de “evidencia recogida en otros países”.
El debate ya está presente en el Congreso nacional, en donde se pretende legislar una regulación de uso de los PTC, de modo de evitar una intervención del Poder Ejecutivo en términos técnicos. Ahora es el turno del territorio bonaerense, en donde la actividad tabacalera concentra más del 85% su producción industrial. Allí, los legisladores provinciales quieren evitar un impacto directo en el desarrollo de la actividad económica, una caída del empleo y una eventual fuga de inversiones.
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“Creemos que la resolución es irresponsable y las consecuencias para nuestra provincia y país están a la vista. Perdimos 300 millones de dólares de inversión, y la posibilidad de generar más de 200 empleos de calidad. A nivel nacional, hemos desperdiciado la oportunidad de generar 100 millones de dólares en exportaciones”, afirmó el diputado de Juntos por el Cambio y autor del proyecto, Fernando Rebello.
Reglas claras para la inversión
La jugada del sector privado es audaz. Quiere cruzar intereses con el sector legislativo para lograr una suerte de consenso político que garantice las inversiones y la actividad. De lograrlo, se establecería un antecedente inédito, en medio de reclamos constantes de las empresas de distintas cadenas productivas por implementar reglas claras, a través de leyes. Pero esta vez, de concretarse, esa alianza surgirá de una crisis de coyuntura, que, de continuar, podría tener impacto económico y laboral de corto plazo, justo a la entrada de la campaña electoral y con un ritmo inflacionario en alza.
En Buenos Aires, la puerta de acceso fue el bloque de Juntos por el Cambio, pero en el Congreso de la Nación, los impulsores del debate legislativo fueron la diputada Carolina Moisés, de Jujuy, y Lucas Godoy, de Salta, pertenecientes al bloque oficialista del Frente de Todos. Ambos provienen de provincias en donde la actividad tabacalera cultiva y acopia su materia prima. Eso sucede también en Misiones, Tucumán, Chaco, Corrientes y Catamarca. Allí se impuso el interés territorial por el alineamiento político.
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Pero sucede algo más llamativo. Las autoridades provinciales de los territorios afectados no fueron informadas de la medida del ministerio de Salud nacional y existe cierto “desconocimiento” sobre el impacto que tendrá entre sus pobladores. Fuentes de una de las provincias más afectadas, consultadas por PERFIL, admitieron no haber tenido ninguna explicación de parte de la ministra de Salud, Carla Vizzoti, a pesar de que ambas administraciones son parte del mismo color político.
Debate legislativo bonaerense
Rebello dijo que la medida que tomó la ministra se tomó “de manera inconsulta y unilateral, con el dictado de una resolución que afecta directamente la inversión, el empleo, la actividad económica” en la provincia. Según la iniciativa, “los productos de tabaco calentado hoy son una realidad alrededor del mundo”, y alerta que “decisiones como estas coartan la libertad de decisión de más de 7 millones de fumadores del país”.
Para las empresas tabacaleras, que aceleraron sus conversaciones con representantes del sector público a partir de la prohibición, “una de las principales críticas del escrito es que la decisión de Salud exhibe información inexacta y carente de evidencia científica, confundiendo de manera deliberada a los productos de tabaco calentado con el uso de cigarrillos electrónicos (prohibidos por ANMAT en 2011) y desconoce la evidencia recogida en otros países”.
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El mundo empresario puso en agenda de debate en los ámbitos legislativos y ejecutivos de las ocho provincias afectadas de manera directa el documento que lleva la firma de Vizzotti por lo que consideran un “profundo impacto negativo”, que afectará “a más de 150.000 pymes; incluyendo 50.000 productores primarios, más de 10 cámaras y cooperativas provinciales que nuclean los intereses de los productores, procesan y revenden la materia prima, 100 empresas de venta mayorista y distribución y 100.000 kioscos”. Por caso, Massalin Particulares anunció la parálisis de un proyecto de inversión de más de US$ 300 millones “que iban a generar 100 millones de dólares de exportación y más de 200 empleos de calidad en la Provincia de Buenos Aires”.
Prohibición y quejas
Los empresarios señalaron antecedentes mundiales para respaldar sus reclamos. Por caso, destacaron una suerte de contradicción que existe en la resolución ministerial, que toma como válido que “la Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos, ha manifestado su preocupación por la rápida expansión que ha tenido el consumo de estos productos novedosos entre los estudiantes de nivel medio en varios países del mundo”, pero que “omite mencionar que en los últimos años la propia FDA autorizó dos veces la comercialización de los productos de tabaco calentado”.
“En primer lugar, en abril de 2019, la FDA confirmó que IQOS, uno de los principales productos de tabaco calentado que se comercializan en el mundo, es apropiado para la protección de la salud pública y lo autorizó para la venta en Estados Unidos. Luego, en julio de 2020, la misma Agencia autorizó que IQOS se comercializase como un producto de riesgo modificado considerándolo adecuado para promover la salud pública”, destacaron.
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En su resolución, el Ministerio de Salud señaló que “los denominados Productos de Tabaco Calentado utilizan un aparato eléctrico que calienta un cigarrillo especial conteniendo tabaco reconstituido a una temperatura que no llega a producir combustión”, y destacó que “aunque se promueven como productos de riesgo reducido, hasta el momento ningún estudio independiente ha demostrado que sean inocuos para la salud”. “Por el contrario, algunas investigaciones han comprobado que contienen muchas de las sustancias tóxicas que poseen los cigarrillos comunes, en algunos casos en mayor grado de concentración”, enfatizó la cartera que conduce Vizzoti.
