En 2003, con Néstor Kirchner en el Poder Ejecutivo, el Ministerio Público de la Confederación Suiza (MPC, Fiscalía Federal) propuso a la Argentina la restitución de 5 millones de dólares, descubiertos entre las ruinas helvéticas de la quiebra del Banco General de Negocios (BGN), propiedad de los hermanos Carlos Alberto y José Rohm. En 2011, con Cristina Kirchner en la Presidencia de la Nación, la misma fiscalía hizo saber de la apertura de una investigación penal en Berna sobre una cuenta en Ginebra, cuyo saldo rondaba los 2 millones de dólares y que la propia procuraduría vinculaba con el sindicalista Hugo Moyano. En ambos casos, Argentina no aportó ninguna prueba de que el dinero fuera sucio ni manifestó interés en plantear su confiscación; por consiguiente, los haberes fueron restituidos a los titulares de las cuentas. Antecedentes a no olvidar para hacer un pronóstico sobre el posible desenlace del Lázarogate.
La quiebra del BGN tuvo lugar en enero de 2002, un agujero de 200 millones de dólares en plena crisis financiera a raíz de la caída de Fernando de la Rúa. La jueza federal María Romilda Servini de Cubría gestó un sumario por fuga y lavado de activos, y asociación ilícita para intermediar financieramente de forma marginal. El hallazgo en Suiza dormía en una cuenta del Credit Suisse a nombre de Carlos Félix Pando Casado, fallecido el 22 de mayo de 2003, quizá cómplice o testaferro de los Rohm, en línea con los extractos de su cuenta chequeados por el MPC, cuya herencia la familia tardaba en reivindicar.
Para obtener las evidencias de que el tesoro atribuido a los Rohm había sido forjado mediante la comisión de delitos, y coordinar su repatriación a la Argentina, Suiza envió a Buenos Aires al fiscal Patrick Lamon, quien fue autorizado a consultar el expediente en sede judicial. Ante sus ojos se corporizó una trama que implicaba al BGN y al Credit Suisse con el narcotráfico, salpicada por residuos de la bancarrota del BCCI de Gaith Pharaon.
Antes de retornar a Suiza para las Navidades de 2003, Lamon le pidió a Alicia López, gerenta del Banco Central y, por concurso interno, promovida a la jefatura de la Unidad de Información Financiera del Ministerio de Justicia (UIF), que le mandara una comisión rogatoria, recopilando lo corroborado en el expediente.
El borrador de ese exhorto apuntaba también a otros dos bancos suizos, la UBS y la Union Bancaire Privé (UBP). Y a Nicolás Di Tulio, presunto testaferro argentino del Cartel de Juárez, quien bregara con la casa de cambios Mercado Abierto y con un banco offshore del Caribe, conocido por las dos iniciales de la mencionada casa de cambios: MA. Las dos últimas sociedades ya habían sido estigmatizadas por el Senado de los Estados Unidos en un informe anual sobre corrupción.
Sin embargo, la jueza Servini de Cubría no dio curso al proyecto de comisión rogatoria elaborado por López, siguiendo lo verificado por el fiscal suizo Lamon en Buenos Aires. Ninguna alegación ni solicitud oficial de Argentina llegó a Berna. Ante la ausencia de acusaciones procedentes del país de donde surgieran los capitales depositados en el Credit Suisse, el MPC no tuvo más remedio que entregar los 5 millones de dólares a los parientes del difunto Carlos Félix Pando Casado, y el 12 de junio de 2006 archivó el procedimiento.
Algo parecido sucedió siete años después con el Moyanogate. Bajo la titularidad de Ricardo Rubén Depresbíteris y Elvira Marcela Mete, la cuenta se domiciliaba en la sucursal Ginebra del Standard Chartered Bank (ex banco American Express). El MPC notificó por exhorto al juez Norberto Oyarbide que ligaba a esas personas con la compañía argentina recolectora de residuos Covelia y con el dirigente sindical Hugo Moyano, e instó se le dieran elementos de prueba susceptibles de avalar cargas penales.
Al igual que con el BGN, la cuenta había sido denunciada por el banco que la albergaba, en virtud de las exigencias asignadas por la ley antiblanqueo de 1998 para los establecimientos financieros vernáculos, pues en Suiza no hay un centro de datos de cuentas en manos del Estado, a diferencia de como suele ser habitual en el resto del mundo. Son los bancos los únicos que saben de sus clientes.
El Ministerio Público helvético inició una investigación penal por blanqueo de dinero, e insistió vanamente en recabar la ayuda del juez Oyarbide para descifrar si el contenido de la cuenta podía estar contaminado con algún delito.
A continuación, luego de recibir el descargo de los dos dueños de la cuenta, archivó el expediente el 7 de enero de 2013 y devolvió el saldo de casi 2 millones de dólares a Depresbíteris. Lo hizo porque el citado presentó un documento del Juzgado Federal 4 de Buenos Aires, indicando que una querella en su contra se había desvanecido por falta de mérito o sobreseimiento, instancia que pronunció así su inocencia. Moyano se volatilizó en la nada.
A los hermanos Rohm, se les perdió pisada.
*Desde Ginebra.
