El lunes pasado, Briana, de 6 años, de la comunidad wichi Misión La Loma, en Embarcación, Salta, se sentía mal. Su madre lleva a la niña al único hospital de la zona, a 4 kilómetros de distancia, a pie: 30 minutos caminando. Una enfermera le dio un antifebril y le dijo que volviera otro día para una consulta con turno.
Recién consiguen dicho turno para el jueves, luego de que un vecino, amigo de la familia, pasara la madrugada esperando en la clínica. El jueves, entonces, la madre se acerca al hospital con su niña, que a mitad de camino ya no aguanta. La mamá la carga en brazos hasta la entrada. La pequeña muere en la sala de espera.
Otros pacientes que advirtieron la tragedia insistieron en el hospital que un pediatra viera a la nena, pero ya era tarde. Intentan reanimarla; no hay caso. No saben la causa de la muerte. El parte médico de defunción dice: “Shock séptico y posible meningitis”. No hay estudios que expliquen lo que pasó. Otro médico dijo que fue neumonía.
Como Briana hay cientos. Miles de niños están en riesgo, y otros ya no están por no recibir una atención médica adecuada, por vivir en condiciones de pobreza, por tener las defensas bajas por la desnutrición.
Tal vez si Briana hubiese recibido atención a tiempo, el peor desenlace no hubiera ocurrido. Tal vez si la comunidad tuviera agua potable, el final hubiese sido otro. Si no se comercializaran los turnos médicos, como sucede en más de una provincia del interior de la Argentina; si no hubiese discriminación a la hora de asignar los turnos; si la familia de Briana hubiese tenido los recursos para pagar el turno ilegalmente comercializado en un hospital público, tal vez esto no hubiese ocurrido.
Pero ocurrió la semana pasada. Briana iba a la escuela, era una niña feliz. La mamá ahora está sin su pequeña y aún no puede entender lo que sucedió. Hace días que está en shock: no puede ni hablar. Su familia tuvo que esforzarse para dejar el impacto de la tragedia de lado y organizar un funeral para la niña, que fue enterrada en un cementerio de la comunidad.
Lejos de ser un hecho aislado, la muerte de niños de las comunidades originarias ocurre desde hace tiempo: situación por demás conocida y denunciada, producto de la falta de derechos no garantizados como la salud, el agua potable, la correcta alimentación y una vivienda digna.
“Estamos en pena… solo tenía 6 años. Estaba muy acostumbrado a la alegría de Briana. Conozco otros casos así, pero no salen a la luz: la gente se queda callada por temor a un peor trato con sus demás familiares”, dice Mirco Neuenschwander, tío de la niña y referente de la comunidad wichi en Salta.
Serios problemas. En los últimos tres años fallecieron en Salta al menos 217 niños: 108 en 2020, 64 en 2021 y 45 en 2022. Las provincias con mayores tasas de mortalidad, según un informe de 2021 del Ministerio de Salud, fueron Formosa, Corrientes, La Rioja y Jujuy.
Si la razón del fallecimiento de Briana fuera meningitis, sería un caso más que se sumaría a las principales causas de la mortalidad infantil: las enfermedades parasitarias e infecciosas. Los malestares relacionados con el agua son comúnmente provocados por bacterias o parásitos, por lo que podría existir una relación entre la ingesta de agua contaminada y la enfermedad. Entre las bacterias que pueden causar meningitis está la Escherichia coli, detectada en el agua de Salta.
A comienzos de este año, vecinos del barrio salteño de Grand Bourg abonaron una investigación privada para analizar el agua de su zona. En el agua “potable” se detectó salmonella y la bacteria en cuestión. A pesar de que la mayoría de las variedades de Escherichia coli son inofensivas, hay tipos que pueden causar resultados fatales.
“Hay dieciocho comunidades originarias con gravísimas dificultades para acceder al agua”, afirma un relevamiento de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). Esto afecta a cuatro mil personas, entre ellas cuatrocientos menores. En la investigación se detalla: “Ninguna de las nueve comunidades visitadas cuenta con red de agua. Existe un proyecto para llevar la infraestructura a solo tres de ellas, y las comunidades señalaron que el agua que reciben tiene elevados niveles de arsénico, es salada y produce enfermedades derivadas de su consumo”.
“Desde el Censo del año 2010 que el Estado cuenta con información relevante con la que abordar la problemática”, afirma ACIJ. Aquel Censo mostró que el 10% de los pueblos originarios utilizaba agua de lluvia, río o arroyo, frente a un 1% a nivel provincial. El uso de fuentes de agua naturales se convierte en la única alternativa cuando no hay agua corriente.
“La falta de acceso a la salud continúa siendo vista como una desgracia aislada de quienes ‘no se integran’ a la sociedad o viven lejos de los centros urbanos, en lugar de concebirse como lo que en verdad es: una consecuencia directa de la inacción y el abandono estatal”, apunta ACIJ.
Menos de la mitad de los hogares indígenas acceden al agua por cañería, frente al 76% provincial. El 6,2% realizaba el transporte por cisterna, mientras que en la totalidad de Salta el porcentaje es de 0,3%.
ACIJ asegura que hay 7.543 menores con riesgo nutricional. En 2021 la asociación encontró que en algunas comunidades wichi estaba obstaculizada la entrega de leche. Se hallaron dificultades para acceder al DNI; por lo tanto, la imposibilidad de recibir prestaciones sociales y pensiones por discapacidad.
En 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor de las comunidades indígenas salteñas en el caso Lhaka Honhat versus Argentina. En la sentencia se puede leer: “La Corte determinó que el Estado violó (...) los derechos a la identidad cultural (incluido el derecho a participar en la vida cultural), a un medio ambiente sano, a la alimentación adecuada y al agua”.
Un problema evitable. Falta de profesionales, precariedad en los hospitales y ausencia de un abordaje intercultural son algunos de los problemas que enfrenta el sistema de salud salteño. Como los números demuestran, Briana no fue la única.
En 2021 un bebé wichi falleció en la ciudad salteña de Orán. El niño nació con insuficiencia respiratoria por una demora en la cesárea. Mientras la madre estaba en labor de parto fue derivada a otro centro de salud, ya que el primero no contaba con aparatos de alta complejidad, y luego por la falta de especialistas fue trasladada a un tercer centro en el que el niño falleció.
“Los niños que viven en condiciones precarias seguramente tienen algún grado de desnutrición. Las defensas no son las mismas que las de un infante en condiciones ideales. Tienen más riesgo de contraer infecciones, mientras que el niño que está en mejores condiciones tiene un sistema inmune más adecuado para combatir infecciones. Y no terminaría en una meningitis”, explica el médico Nicolás Lázaro.
“Cuando un niño llega a la guardia con fiebre, hay que examinarlo, ver si requiere un antibiótico y no decirle que se vaya a su casa. Si no se le encuentra nada, la familia debe estar pendiente de que no se presente ningún otro síntoma. Todo esto con la posibilidad de volver a la guardia inmediatamente”, indica el profesional.
“Que no baje la fiebre –como pasó con Briana– es un signo de alarma. No pueden esperar tres días porque puede pasar lo que pasó: se puede complicar. Puede haber sido un cuadro que evolucionó más rápido que lo normal”, apunta Lázaro.
Nahuel Arias Camacho, abogado de ACIJ, cuenta que la niña no recibió atención cuando fue al hospital por primera vez porque no había médicos en la guardia. “Esto se da con frecuencia en muchos hospitales del interior. El médico de guardia solo va si hay una urgencia a su criterio o si hay tanta gente en la guardia que las enfermeras no la pueden despachar. La enfermera le dio un antifebril, dijo que no era urgente y no dejaron asentado que la madre fue al hospital”, dice el letrado.
“El médico de guardia solo sale si alguien se está muriendo. Cuando trató a Briana, ya estaba grave”, recuerda Mirko. “Este caso tomó notoriedad porque la comunidad hizo una manifestación, pero la verdad es que la mortalidad infantil en los pueblos originarios es una constante. El 60% de los miembros de los pueblos no tiene obra social o prepaga; depende de la atención pública”, indica el abogado.
Venta de turnos. La salud pública es gratuita, pero parece que no es así en todas partes del país. “El sistema se encuentra completamente fuera de la ley. En lugar de concederse en condiciones de igualdad, los turnos se comercializan. Ciertas personas acceden a todos ellos y luego los venden a quienes los necesitan”, afirma ACIJ.
“Para conseguir turno para el día siguiente hay que estar desde las 5 de la tarde y pasar la noche haciendo la fila, porque los turnos se reparten a las 5 de la mañana. Por más que esperes, solo hay diez cupos, y cinco ya estaban vendidos, por arte de magia se perdían”, cuenta el tío de Briana.
“Hay mucha gente que participa en la venta de turnos. Esta es una situación altamente practicada, difundida y conocida. Un turno está entre $ 1.500 y $ 2 mil; si bien no es una gran suma –aunque debería ser gratis–, para la familia de Briana, con una madre sola a cargo de cinco niños, pedirle eso era un esfuerzo que no estaba en condiciones de soportar”, relata Camacho.
La realidad es tan dura que una niña murió en el medio de un engranaje de irregularidades y precariedad, en una familia con tanta necesidad que no podía juntar $ 1.500 para salvar a su niña, en un sistema corrupto de venta de turnos.
“No se sabe quién tiene la posesión de los turnos; hay muchas personas participando de esto”, indica el abogado. En su página de Facebook, el hospital publicó una foto con el texto: “(...) Debido a los inconvenientes diarios con la venta de turnos por parte de personas ajenas al hospital, la semana próxima se informará la modalidad de entrega de turnos (...)”.
“Deben esperarlos –los turnos– durante horas y, aun consiguiéndolos –las comunidades originarias– son discriminadas por el personal de salud, que con frecuencia juzga sus formas de vida”, declara ACIJ.
“La cuestión es complicada por la cantidad de superficie a cargo de los hospitales: hay localidades alejadas, con horas de viaje, que se acercan porque no tienen otro centro más próximo”, revela el abogado. A esto se le suman las dificultades para llegar a las clínicas: muchas veces a pie, a través de caminos irregulares, y hasta con cien kilómetros de distancia.
ACIJ exigió al Estado que cumpla la ley provincial de Salud Intercultural (N° 7.856), que pretende garantizar una atención médica adecuada a las comunidades originarias, mediante la creación de una red de apoyo que incluya facilitadores interculturales, que son mucho más que traductores.
A casi diez años de la sanción, el abogado de ACIJ afirma que la ley no se cumple. En 2020 un DNU declaró el estado de emergencia sociosanitaria en los departamentos salteños de San Martín, Orán y Rivadavia. Es momento de accionar: ¿cuántas más Brianas va a haber?
