Leche, pañales, ropa, calzado y agua habían sido enviados a Tartagal, en Salta, por distintas fundaciones ante las necesidades crecientes de la localidad en medio de la pandemia de coronavirus. Sin embargo, nunca llegaron a destino.
Un allanamiento realizado el pasado lunes en el domicilio de la concejala Paola Díaz pudo constatar que ella y su hermana, Rosana Díaz -defensora Oficial-, vendían las donaciones que llegaban de forma solidaria. La edil resultó detenida luego de la inspección y ahora la comunidad wichí reclama la devolución de las mercaderías.
"Esperamos toda la noche bajo la lluvia y nos vigila la policía como si nosotros fuésemos los delincuentes", contó a PERFIL Abel Mendoza, el presidente de la Unión Autónoma de Comunidades originarias del Pilcomayo (UACOP), quien se manifiesta con otros miembros de la comunidad frente al Concejo Deliberante de Tartagal para pedir por la destitución de las funcionarias públicas: "Lo único que tenemos las comunidades originarias es la palabra, es lo que nos dejaron nuestros ancestros y, por eso, es que estamos acá", agregó.
Paola Díaz es concejala de Tartagal por el bloque radical y responde políticamente al intendente Mario Mimessi; mientras que Rosana Díaz es Defensora Civil Nº1. Las comunidades originarias de Santa Victoria se manifestaron ante la fiscalía para exigir que las donaciones sean devueltas a las localidades del Pilcomayo, pero aún no fueron recibidos por el fiscal Rafael Medina, quien ordenó el operativo.
Según el medio local Qué Pasa Salta, el allanamiento, del que participó la Policía de Salta y los Bomberos, se realizó tras la denuncia que fue realizada por la propia hermana mayor de ambas funcionarias públicas.
Los efectivos retiraron del domicilio de Díaz varios productos que la funcionaria intentó ocultar o justificar su procedencia. En algunos casos tuvieron que tumbar puertas para dar con los objetos denunciados. "Queremos que nuestros derechos sean escuchados. Son nuestras cosas. Tenemos hambre", comentó Mendoza mientras acampa en representación de los 27 caciques que integran las cinco comunidades que pertenecen a la UACOP.
La mercaderías iban a ser utilizadas con fines electorales. De acuerdo con lo que expresa el medio Infobaires, las donaciones robadas buscarían favorecer la postulación de Paola Díaz como futura diputada provincial, en las elecciones de este año.
PERFIL intentó comunicarse con el intendente de Tartagal Mario Mimessi, pero desde la municipalidad expresaron que no dará declaraciones.
La concejala Díaz fue detenida ayer por orden del juez de Garantías de Tartagal, Nelson Aramayo, luego del allanamiento ordenado por el fiscal penal 1 de Tartagal, Rafael Medina.
El reclamo de la comunidad wichí
Las comunidades en protesta peregrinaron y acamparon frente al Concejo Deliberante de Tartagal donde reclaman por la destitución de ambas funcionarias envueltas en el escándalo de las donaciones.
"Las comunidades sufrimos de hambre", expresó la Unión Autónoma de Comunidades originarias del Pilcomayo en su cuenta de Facebook, en la que muestra el camino de la comunidad y sus caciques hacia el centro judicial: "No nos vamos a ir hasta que la justicia determine y destituya a la funcionaria pública política y que nuestra generación se dé cuenta que la corrupción es mala para nuestra sociedad", agregaron.
Según explicaron distintos medios locales, la fiscalía ejercida interinamente por Rafael Medina había dicho que no iba a recibir a los referentes originarios que acampan en el lugar pero luego anunció que sí lo hará.
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