Una tiene 83 años. La otra, 35. Una integró el Frepaso y la Alianza. La otra milita en el Frente de Izquierda. Son de distintas generaciones y tienen diferencias políticas, pero también una historia común: ambas padecieron los crímenes de la dictadura. Graciela Fernández Meijide, madre de Pablo, vivió la desaparición de su hijo. Victoria Moyano, nieta recuperada, la de sus padres.
A 38 años del último golpe, PERFIL las reunió para debatir sobre la dictadura y los derechos humanos. El encuentro se realizó en la casa de Fernández Meijide en Belgrano. Con café y agua mineral de por medio, conversaron acerca del pasado y el presente.
Clima. Durante las turbulencias políticas que la Argentina vivió durante los 60 y 70, el papel de la juventud “fue clave”, según Fernández Meijide. Más estudiantes en las universidades significaba más militancia política. Muchos jóvenes se enamoraron de la Revolución Cubana y la lucha anticolonial en Argelia. La aparición del papa Juan XXIII le dio espacio a la Teología de la Liberación y parte de los jóvenes católicos de derecha viraron hacia una izquierda nacional. “Muchos de los que habían sido comandos civiles en la Revolución Libertadora, ultracatólicos y antiperonistas, encontraron a sus hijos en Montoneros”, reflexiona la ex ministra.
El peronismo estaba proscripto y la Argentina alternaba entre democracias débiles y golpes militares. Algunos apostaron por la vía armada. Para Moyano, fue central el rol del movimiento obrero y la militancia en las fábricas. Asegura que las bases no seguían a las cúpulas sindicales y querían un cambio radical en la sociedad: desde la economía hasta los valores culturales. Por eso, cree que no era posible la vía institucional: “Sus convicciones eran muy fuertes, estaban dispuestos a entregar la vida por sus ideas”, dice. Fernández Meijide, en cambio, rechaza la violencia política. Sobre todo después de las elecciones de 1973: “El error garrafal fue no haber entendido que la gente había puesto un voto. Quien se llame a sí mismo popular tiene que respetarlo”.
¿Qué pasaba con la economía, en el país pero también en el mundo? Con el Estado de bienestar en retroceso y el precio del barril de petróleo cada vez más alto, la abundancia de “petrodólares” llevó a las potencias a estimular la deuda externa en los países del Tercer Mundo. “Se estaba acabando la sociedad salarial y aparecía el capital financiero”, dice Fernández Meijide. En la Argentina, la política de José Alfredo Martínez de Hoz se orientó hacia allí: libre mercado, llegada de capitales y endeudamiento. Fernández Meijide asegura que la economía es clave para entender por qué se llevó a cabo la represión ilegal: “La única manera en que se podía haber modificado el sistema económico era con un golpe militar”.
Represión. La política represiva no ocurrió sólo en Argentina: el Plan Cóndor coordinó la violencia de Estado de las dictaduras de la región, pero, para Moyano, la diferencia visible estuvo en los métodos: “En Uruguay, fueron mayoritariamente presos políticos. En Chile, fue fusilamiento. Y acá fue desaparición”, dice. Los bebés que nacían en cautiverio solían ser entregados ilegalmente. Y ésa es su propia historia: a las pocas horas de nacer fue apropiada por familiares de un comisario de la brigada de San Justo, hasta que en 1987 –fue una de las primeras– fue restituida por Abuelas de Plaza de Mayo. Para Moyano, el robo de bebés fue parte de un plan orientado a formar a los chicos en los valores “occidentales y cristianos” que profesaban los militares.
¿Qué hacían los familiares para tener información? ¿Cómo era no tener respuesta de las autoridades? ¿Cómo se organizaban para buscar a los desaparecidos? “Uno perdía la calidad de ciudadano. Ibas a la Justicia y no existía”, recuerda Fernández Meijide. Por eso dejó sus trabajos y se integró a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Con la democracia, fue parte de la Conadep, que derivó en el informe Nunca más. Años después, su vida dio un nuevo giro: las leyes de Punto Final y Obediencia Debida la convencieron de saltar a la política partidaria. “Siempre me gustó la política, pero jamás me tragué consignas, ni siquiera las propias”, aclara.
Juicios y castigos. Los juicios por lesa humanidad se reabrieron con la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. El apoyo del kirchnerismo a la iniciativa de Patricia Walsh sentó a varios militares en el banquillo de los acusados. Fernández Meijide acuerda con la reapertura de los juicios, pero cree que están mal organizados: “Se debió haber seguido la política por centro clandestino, para evitar que un testigo declare veinte veces”. Moyano asegura que sólo el 40% de los detenidos está en cárceles, y exige que se condene a los civiles que participaron.
La designación de César Milani como jefe del Ejército provocó el malestar de una parte de los organismos de derechos humanos. Se lo acusa de haber participado del Operativo Independencia y de la desaparición del soldado Alberto Ledo. Moyano asegura que esta decisión aleja al kirchnerismo de su discurso de defensa de los derechos humanos. Y cuestiona a la Presidenta por sus críticas a los trabajadores petroleros de Las Heras: “Hay testigos que cuentan que han sido torturados. Cada trabajador que lucha termina despedido, suspendido o con juicios penales. Y cuando salen a pelear te lo mandan a Berni con un operativo de Gendarmería enorme”.
Fernández Meijide remarca que los derechos humanos son un tema del presente. Asegura que si la gente tiene que recurrir a educación y salud privadas para tener servicios dignos es porque hay un Estado ausente y derechos que se violan. Y a eso le suma derechos de los que hace medio siglo se hablaba poco, como la diversidad sexual y el derecho a la energía con protección del medio ambiente. Por eso afirma que es peligroso congelar el concepto de derechos humanos en los años 70: “Cuando Victoria habla de gente que pasa necesidades, estamos hablando de derechos humanos”.
Organismos de DD.HH: “Están partidos a la mitad”
La postura ante el Gobierno divide a los organismos de DD.HH. Hebe de Bonafini y Estela de Carlotto, distanciadas entre sí, apoyan con entusiasmo. Nora Cortiñas se permite matices. Adolfo Pérez Esquivel y el Encuentro Memoria Verdad y Justicia son los más críticos.
Las entrevistadas dieron su parecer:
—¿Cómo ven la alineación de varios organismos con el Gobierno?
FERNANDEZ MEIJIDE: Un organismo no gubernamental no debe estar con ningún gobierno, porque son los que vigilan que se cumplan los derechos humanos. Cuando se comprometen políticamente, dejan de ser un testigo imparcial.
MOYANO: Las organizaciones de derechos humanos se han partido a la mitad. Hay un sector que apoya al Gobierno. Yo me encuentro en el lugar de los que creen que los organismos tienen que ser independientes del Estado.
—¿Por qué Néstor Kirchner y Cristina Fernández buscaron acercarse a ellos?
FM: Seguramente creyeron que les iba a dar votos. No eran personas con antecedentes de ocuparse de los derechos humanos. Al contrario, votaron a Luder, que había decidido que la autoamnistía de los militares era legítima. Y apoyaron a Menem, que dio el indulto.
—¿El apoyo al Gobierno afectó la agenda de los organismos?
M: Han aplaudido la asunción de Milani, han pasado años sin hablar de Luciano Arruga y de Jorge Julio López. En cada acto gubernamental están aplaudiendo. Esta gente no tiene independencia para denunciar todo esto que hoy delimita si defendés o no las libertades
democráticas.
