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Alternativas

El problema no es el FMI

Mientras la Argentina no resuelva su crisis, no habrá escapatoria. Hace falta una verdadera industria capaz de competir a escala internacional, generando los recursos que ahora nos faltan.

16-4-2023-Logo Perfil
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Desde su ingreso al FMI, la Argentina estuvo 43 años bajo convenio y supervisión del organismo. En ese plazo se firmaron veintidós acuerdos de condicionalidad fuerte, dieciocho de derechos de giro, tres de facilidades extendidas y uno de complementación de reservas. Un total de cuarenta y cuatro acuerdos a lo largo de 67 años. Los principales desembolsos del Fondo corresponden a momentos de crisis: 1957-1961, 1966, 1972, 1975-1976, 1982, 1985-1987, 1992, 1995, 2001, 2018 y 2022. Sin embargo, que la presencia del Fondo sea una constante en nuestra historia no nos convierte en “buenos alumnos”. De los  veintidós acuerdos de condicionalidad fuerte, siete se interrumpieron porque no se cumplieron las condicionalidades: 1962, 1983, 1984, 1988, 1990, 2001 y 2018. Un 31,9%. Todos los programas interrumpidos corresponden a momentos de crisis, en los que el ajuste exigido por el Fondo no se podía sostener. A ello hay que sumar decenas de incumplimientos menores, que se superaron solicitando waivers. También hubo momentos en los que una buena coyuntura económica nos permitió desembarazarnos del FMI, como sucedió bajo la presidencia de Onganía en 1969, que decidió cancelar el acuerdo vigente para evitar condicionalidades; o con la dupla Videla-Martínez de Hoz, que descontando una negativa a causa de los cuestionamientos por las violaciones a los derechos humanos (y porque podían endeudarse fácilmente en el mercado financiero internacional), dejaron de solicitar asistencia al Fondo en 1977. La Argentina también llegó a pagar anticipadamente su deuda con el organismo para evitar su injerencia, en 1974 y 2006, gracias a una coyuntura de buenos precios agropecuarios en el mercado mundial.

A ello hay que agregar el mayor de los incumplimientos: que no siempre “honramos nuestras deudas”. Aunque Argentina nunca dejó de pagarle al Fondo, ni siquiera en los peores momentos, sí lo hizo con otros acreedores. El primer default de nuestra historia se produjo en 1827, y los pagos de deuda recién se reiniciaron en 1857. El segundo se produjo en 1890 y casi le costó la quiebra a la Baring Brothers, nuestro principal acreedor. En 1956, la primera reunión del Club de París trató la reestructuración de la deuda argentina, que el país no podía pagar. La Argentina renegoció su deuda con el Club de París en otras ocho oportunidades. Sin ir más lejos, en 2002 el país declaró el default soberano más grande de la historia. La postergación del pago de intereses y vencimientos (los “reperfilamientos”), las reestructuraciones de deuda, los “canjes” y la toma de deuda para pagar deuda son una constante desde los 70 hasta hoy.

Como se ve, la Argentina podría desembarazarse con relativa facilidad de la tutela del Fondo. No sería algo excepcional: el 65% de los acuerdos con el FMI en todo el mundo se suspenden antes de lo previsto, y la Argentina ya lo ha hecho en más de una oportunidad. Por otro lado, el Fondo no impone condiciones a quien no solicite su asistencia. Siempre está la posibilidad de no pedir. Pero la Argentina vuelve una y otra vez al Fondo, no porque alguien la obligue, sino porque, así como están las cosas, no hay muchas alternativas.

El último acuerdo. En las últimas semanas se conoció la aprobación de la quinta revisión trimestral del acuerdo firmado entre la Argentina y el FMI en abril de 2022, que a su vez fue la renegociación del acuerdo de 2018. Este acuerdo, un rescate de 50 mil millones de dólares, luego ampliado a 57.100, fue suspendido en 2019, cuando Macri no cumplió las condicionalidades. La deuda renegociada en 2022, como no llegaron a desembolsarse todas las cuotas en 2019, ascendía a 44.500 millones de dólares. 

Macri recurrió al Fondo en el contexto de una larga crisis, que se inició en 2011 con el derrumbe de los precios de las commodities. Al reducirse los ingresos por las exportaciones agropecuarias, la Argentina no podía sostener sus niveles de gasto, y así empezó una larga agonía en la que distintos gobiernos alternaron entre ajustes “graduales” y parches que evitaban resolver los problemas de fondo, para pasarle la “bomba” al siguiente. Cristina logró pasar la bomba, Macri también, y Alberto, Massa y Cristina apuestan a hacer lo mismo, a sobrevivir pateando la pelota para adelante. La última negociación de Massa con el FMI no escapa a esta lógica.

El acuerdo de 2022 permitió postergar los vencimientos de la deuda con el organismo, imposibles de afrontar para la Argentina, por varios años. A cambio se acordó un programa de ajuste, que el Gobierno ya venía implementando desde que asumió. El ajuste acordado implicaba reducir el déficit fiscal a 2,5% del PBI en 2022, 1,9% en 2023 y 0,9% en 2024, reducir progresivamente la asistencia del BCRA al Tesoro, ajustar las tarifas de servicios y devaluar la moneda al compás de la inflación. A su vez se establecieron metas de inflación (que nunca se cumplieron), metas de crecimiento y de reservas. Aunque tanto Guzmán como Massa cumplieron a rajatabla con el ajuste solicitado, logrando la aprobación de las primeras cuatro revisiones, al llegar la quinta revisión, en el contexto de una sequía que golpeó fuerte a la economía argentina, algunas metas importantes no se cumplieron. Las reservas están lejos de lo acordado con el FMI, al igual que la asistencia al Tesoro y la devaluación del tipo de cambio, que se retrasó respecto a la inflación. Así, una revisión que debía aprobarse en junio para obtener los desembolsos que permitieran cubrir los vencimientos con el FMI de julio, recién se alcanzó a principios de agosto. Ello obligó a la Argentina a cubrir los vencimientos con fondos propios, activando el swap con China, obteniendo un crédito puente de mil millones de dólares de la CAF y otro en Qatar. La revisión finalmente fue aprobada por los técnicos del organismo cuando Massa aceptó una devaluación (encubierta), y se comprometió un desembolso de 7.500 millones de dólares tras las PASO. Aunque el arribo de los dólares depende de la decisión de su staff, es claro que el Fondo, una vez más, le dio una sobrevida a la Argentina. No flexibilizó ninguna meta importante, pero tampoco bloqueó un acuerdo, lo que hubiera desatado una corrida que dejaría al Gobierno contra las cuerdas semanas antes de las elecciones. Sin embargo, ni en este acuerdo ni en los anteriores hay una solución a la crisis argentina.

El árbol y el bosque. La historia que sucintamente reconstruimos en estas líneas deja claro que el problema de la Argentina no es el FMI. El FMI no impone su política ni sus condicionamientos a quienes no solicitan su asistencia. Incluso quienes están bajo acuerdo con el organismo pueden romperlo. Es más, las recomendaciones del FMI no son muy diferentes a las que podría aplicar el Gobierno: devaluación para enfrentar la sangría de dólares, ajuste para enfrentar un déficit fiscal que ya no se puede tapar con deuda. El FMI viene a poner un parche en medio de una crisis que no sería menos grave sin su intervención, y solo sirve para posponer un estallido que, mientras no haya cambios profundos, llegará tarde o temprano.

El problema no es el Fondo, es la crisis estructural que atraviesa el país desde hace setenta años. Los ingresos generados por la economía argentina, centralmente por su sector agropecuario, no alcanzan para sostener una industria que sobrevive confinada al mercado interno gracias a subsidios. Una industria que no puede desaparecer así como así, porque de ella depende buena parte de la población argentina. Este agujero fue compensado con deuda, que no deja de crecer a la par de la crisis. Y el FMI es la clave para mantener el flujo de deuda, es la garantía para seguir pidiendo. Por eso la Argentina vuelve una y otra vez al Fondo: acuerda para volver a endeudarse. Es lo que hicieron Cristina y Kicillof cuando arreglaron con el Club de París en 2014, es lo que hizo Macri con los fondos buitre en 2016 y es lo que hicieron Alberto y Guzmán con el FMI en 2022.

Mientras la Argentina no resuelva su crisis, no habrá escapatoria. Pero esta crisis no se resuelve, como proponen los liberales, ajustando una vez más a los trabajadores. Abrir la economía, bajar los salarios, flexibilizar las leyes laborales, son recetas que se vienen probando desde hace décadas sin que nada cambie para mejor. Nunca atacan el verdadero problema, nunca ajustan a los grandes industriales que viven del Estado. Para salir de la crisis debemos probar una nueva receta: ajustar a los patrones y destinar lo que nos ahorremos a poner en pie una verdadera industria capaz de competir a escala internacional, generando los recursos que ahora nos faltan. Esa nueva estructura industrial no vendrá de la mano del sector privado, sino de la mano de la planificación económica y de un Estado que, en lugar de subsidiar a la burguesía, asuma el rol de productor.

*Historiador, investigador del Conicet, militante de Vía Socialista, autor del libro ¿Nos gobierna el FMI?