Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional, visitó esta semana Buenos Aires con la finalidad de “demostrar la preocupación de regresión de una agenda de derechos humanos en Argentina y el resto de la región”.
Charlar con ella media hora basta para tener un pantallazo rápido del estado de derechos en toda América. “Argentina siempre tuvo un papel muy importante en materia de derechos humanos, y en las convenciones internacionales eso se refleja mucho. Vengo de participar de la Asamblea General de la OEA, y con mucha preocupación vemos cómo se refleja el ambiente regresivo en materia de derechos humanos dentro del continente”.
—¿En particular cómo ves la situación de Argentina?
—Argentina perdió total relevancia. Esta fue una asamblea con resultados muy pobres y una decisión muy intencional de enfrascarse en una discusión sobre Venezuela, no porque no sea grave su situación, sino porque eso no da lugar a que se discutan otros temas fundamentales, como violencia, desigualdad, y otra serie de conflictos relacionados con acceso a recursos naturales y a actores no estatales.
Amnistía Internacional, que tuvo la sede regional de América por cincuenta años en Londres y ahora “coherentemente“ fue trasladada a México, trabaja para que los derechos humanos sean respetados. La abogada aprovechó su visita para reunirse con algunas autoridades, como el canciller Jorge Faurié, Fabiana Tuñez, presidenta del Consejo de la Mujer, y algunos diputados y senadores.
—¿Qué conclusiones sacás de las reuniones con el Gobierno?
—Me dejan un sentimiento mezclado. Por un lado, una preocupación por el ambiente regresivo en materia de derechos humanos. Hay retóricas de ciertas autoridades del Estado que hacen hincapié en esto. Pero por otro lado, hay una respuesta esperanzadora de la sociedad civil de movimientos sociales como #NiUnaMenos, que son el reflejo de que se puede avanzar en la agenda. En Argentina debería haber un plan de derechos humanos, que uno pueda ir monitoreando e ir registrando su avance. Parece que las agendas económicas y políticas pasaron a un primer plano y los derechos humanos quedaron relegados.
—¿Por qué les preocupa la modificación de la Ley de Migraciones?
—A principios de este año, Macri modifica por DNU la Ley de Migraciones con la justificación de que se trata de una medida de seguridad fronteriza, en respuesta al avance del narcotráfico. Lo cual a primera vista parece prudente, pero cuando uno mira el espíritu del decreto, no refiere a eso, sino a facilitar procesos de expulsión. Por ejemplo, refiere a excluir la unidad familiar como prioridad en la inmigración que antes se había conferido como protección a los derechos humanos de las personas. Sin embargo, aún hoy no hay un pronunciamiento en defensa de estos derechos. Esto genera que se empiece a limitar el ejercicio de derechos de personas residentes en Argentina. Algo que para nosotros es muy emblemático porque esa ley era tomada como ejemplificadora.
—¿Cuál es tu postura respecto de la detención de Milagro Sala?
—Para entender la situación primero es válido aclarar que en toda la región, se ve un efecto de respuesta represiva por parte de los Estados hacia los defensores de derechos humanos, ya sean activistas, líderes indígenas, ambientalistas. Hay un efecto de criminalización que permite el uso indebido de la Justicia. En este contexto se enmarca lo que sucede con Milagro Sala. No es algo aislado. Nosotros tenemos acceso a los expedientes del caso y podemos constatar que no existe evidencia firme bajo la cual mantener la prisión preventiva de Milagro Sala, bajo las leyes y normas argentinas ni las internacionales. Nosotros establecemos que se trata de una detención arbitraria. No es que ahora un fallo de la Corte puede reparar la violación al derecho humano. Sino que se cometió una violación al derecho humano que debe repararse con la libertad.
—Solés mencionar “la retórica del odio” por parte de Trump y “del olvido” por parte de Mauricio Macri, ¿a qué te referís con estos conceptos?
—En los discursos públicos de quienes hoy nos representan siempre están marcados sus tintes políticos. Pero hoy vemos una tendencia marcada de que esta retórica es muy discriminatoria. Trump, al decir que “todos los mexicanos en EE.UU. son criminales y violadores”, crea un muro que viene a menoscabar los derechos de las personas. Y lo más grave es que no sólo esto es acogido por los medios de comunicación como una frase válida, sino que encima esto lo lleva a ganar el poder. Sus retóricas son antiderechos, antimigrantes y de odio. Hoy encima se convierten en política pública.
El caso de Argentina también es muy grave porque las autoridades de cierto nivel cuestionan un pasado tan doloroso y reciente como son las graves violaciones que se cometieron en la época de la dictadura. Un presidente en una democracia de esta naturaleza tendría que salir a frenar esos dichos. Y aquí es donde aparece la retórica del olvido: mejor no digo nada. Un caso claro fue el fallo de la Corte del 2x1 y la falta de un pronunciamiento de parte del gobierno nacional que omitió la necesidad de seguir avanzando en una agenda de derechos humanos que todavía no ha resuelto las graves violaciones cometidas durante la dictadura. Ambos casos, en las distintas puntas del continente, llevan a ambos países a una audiencia de oficio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
—¿Qué focos de conflicto remarcás en la región?
—En general, enfrentamos una crisis humanitaria histórica con unas cifras de personas expulsadas de sus países con una necesidad de protección, que nunca antes se había visto, inclusive durante la Segunda Guerra Mundial. En Chile, por ejemplo, hay una ley de inmigración de la época de la dictadura que nunca ha sido reformada. En Venezuela, millones de personas viven una situación de desabastecimiento. En América Central se viven situaciones de violencia generalizada. En el triángulo norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) se expulsan miles y miles de personas con necesidad de protección internacional, y el tema está completamente invisibilizado. Los Estados hermanos, al no responder, empeoran la situación. Las pandillas generan una situación que está a la altura de cualquier crimen armado. Y los Estados demuestran su incapacidad de proteger a la ciudadanía. Miles de personas se trasladan para no perder la vida, entre ellos 14 mil niños y niñas que salen solos hacia EE.UU., que van de los 3 años a los 15 años, escapándose de la violencia sexual. Y por otro lado, México, que tiene una doble moral: por un lado, critica a Trump y por el otro, el propio país maltrata a su gente con la falta de investigación e impunidad ante los crímenes del narcotráfico. En Colombia, la entrega de armas por parte de las FARC es un gran avance, pero preocupa la proliferación de otros grupos armados. Y en Brasil se está a la expectativa ya que más allá de los procesos de corrupción, el Congreso es sumamente conservador, y hay grupos que toman el Poder Legislativo como herramienta de poder político.
