En Santa Fe, solamente el 3% de los fiscales y jueces están protegidos con custodia policial. En 2018 hubo una ola de atentados contra la Justicia; y desde entonces las amenazas persisten, aunque ya no con disparos de por medio. Mientras que en varios países de la región se replican los casos de intimidaciones seguidas de asesinatos, en Rosario se debate cómo administrar los recursos de las fuerzas de seguridad para contener la violencia narco, que ya se cobró ciento treinta y tres víctimas en los primeros cinco meses del año.
En la Justicia provincial, Santa Fe tiene en total 460 jueces –108 de ellos en Rosario–, y solo siete reciben algún tipo de custodia. Una relación similar se da con los fiscales del Ministerio Público de la Acusación: apenas cuatro de los 160 investigadores cuentan con una consigna dedicada a su protección. Y de esos cuatro, dos trabajan en Rosario, según se pudo reconstruir a partir de distintas solicitudes de acceso a la información pública.
En el mismo sentido, de los once fiscales federales que tiene Santa Fe, tan solo uno está custodiado. El único ámbito donde cambia esta tendencia es con los jueces federales: son 36 los magistrados en funciones, y 22 de ellos están custodiados. Cabe destacar que las causas de narcotráfico, lavado de activos y otros delitos financieros son de competencia federal.
Otra particularidad del Poder Judicial de la Nación en Santa Fe es que desde 2017 –es decir antes de la ola de balaceras– la cantidad de jueces custodiados permanece prácticamente inalterada. Desde ese año hasta hoy, en Rosario siempre hubo quince magistrados con custodia. Si se mira la totalidad de la provincia, en 2017 eran veintiuno, y desde 2018 esa cifra se mantuvo en 22 cada año.
Es difícil llevar una vida social con un patrullero frente a la puerta de tu casa
Por cuestiones de confidencialidad, ningún organismo está autorizado a revelar quiénes son esos magistrados, pero varias fuentes judiciales consultadas coinciden en que el número que se repite durante los últimos seis años no es casualidad, sino que serían siempre los mismos jueces los que reciben esta protección.
Las custodias en la Justicia provincial funcionan de una forma más dinámica y efímera. Si se produce una amenaza, el Estado responde con una evaluación de riesgo que realiza la Unidad Especial de Protección de Testigos y Víctimas Vulnerables de la Policía santafesina. Según el grado de peligro se decide qué tipo de protección se ofrece.
Aunque el riesgo sea extremo, en todos los casos la custodia debe ser consensuada con el funcionario. Y sucede que por distintos motivos los operadores judiciales suelen ser reacios a recibir protección.
Por ejemplo, el hecho de que oficiales o incluso brigadas enteras de la Policía de Santa Fe se hayan visto involucradas en tramas de corrupción con el crimen organizado puede causar desconfianza en quienes tienen que ser cuidados por esa misma fuerza.
“En parte estás poniendo el lobo dentro del gallinero. Pero uno tiene que creer que no todo está perdido. Hay un sector de la Policía que no está podrido”, consideró al respecto el juez de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario Gustavo Salvador, quien además fue presidente del Colegio de Magistrados de Santa Fe hasta abril de este año, y estuvo custodiado cuando se hizo cargo del expediente por el asesinato del exlíder de la barra brava de Newell’s, Roberto “Pimpi” Camino.
El año pasado 122 policías de la provincia de Santa Fe fueron separados de la fuerza por la connivencia con organizaciones criminales. En lo que va de 2023 ya son más de setenta, casi siempre con causas por cobro de coimas y cohecho.
El ministro de Seguridad provincial, Claudio Brilloni, reconoce este problema en la fuerza: “Desde que me hice cargo del Ministerio, hace cuatro meses, noté una debilidad institucional de la Policía. Éste es un tema que tenemos que trabajar, y vamos a ser implacables ante cualquier acto de corrupción”, afirmó.
A la hora de aceptar una custodia también pesan las complicaciones de vivir escoltado por guardaespaldas. La presencia policial constante se vuelve invasiva, y es complejo que un fiscal o un juez pueda llevar una vida social y familiar estándar cuando hay un patrullero parado frente a la puerta de su casa, o cuando dos agentes tienen la misión de no perderlos de vista. Por esto muchas veces los funcionarios rechazan las custodias, o se limitan a aceptarlas durante diez días.
Rosario llegó a utilizar en custodias la mitad de los patrulleros disponibles
De tiros a amenazas por Zoom. En 2018 hubo una ola de atentados a jueces y fiscales mientras la Justicia avanzaba contra Ariel Máximo “Guille” Cantero, líder de la banda Los Monos, y otros 24 integrantes de esa organización.
Cantero fue condenado el 9 de abril de ese año. El 24 de mayo ordenaron su traslado desde la cárcel de Piñero, en Santa Fe, hacia el Penal Federal de Resistencia, en Chaco. Ese mismo día comenzó un plan de ataque contra la Justicia, que concluyó con catorce atentados durante los siguientes tres meses.
El modus operandi se repetía: balear el frente de edificios judiciales y domicilios vinculados a jueces, fiscales y expolicías que habían participado del juicio contra Los Monos. En 2021 “Guille” Cantero fue llevado nuevamente a juicio y condenado a otros veintidós años de cárcel por ordenar siete de esas balaceras. Y durante este proceso se reavivaron los tiroteos.
En la primera audiencia del juicio por los atentados, Cantero lanzó su célebre frase: “Contrato sicarios para tirar tiros a jueces”. Lo dijo cuando se le consultó de qué trabajaba. Esa declaración se convirtió en el método con el que hoy los criminales mantienen vigentes sus amenazas contra la Justicia: amedrentan por sesiones virtuales, desde la cárcel, del otro lado de la computadora y a kilómetros de distancia de los Tribunales.
Para el camarista Gustavo Salvador es un error subestimar estas intimidaciones, aunque sean por Zoom: “En el inconsciente de todos nosotros transitaba la idea de que perro que ladra no muerde. Hoy esa idea no es tan así; lamentablemente los límites se están corriendo muchísimo y es factible que en algún momento pueda llegar a suceder (N de R: que se concrete un crimen contra un funcionario judicial). Son los caminos que recorren aquellos países que pasaron por lo que estamos pasando en este momento nosotros”, profundizó Salvador.
Y las amenazas no se ven solo en los juicios virtuales. En febrero, al senador provincial de la UCR Lisandro Enrico le llegó un mensaje de WhatsApp con una amenaza. Otro método muy común.
Los destinatarios fueron el propio Enrico; el juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa; el fiscal del Juzgado Federal, Javier Arzubi Calvo; la fiscal provincial Susana Pepino y el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella.
“Están todos metidos en la bolsa, son todos corruptos. Va a haber balas y granadas para todos. El que avisa no traiciona”, prometía el mensaje, que incluía la foto de un arma. Se cree que la amenaza la hizo el cabecilla de una banda narco de Venado Tuerto, y que envió el texto desde el penal de Rawson.
“A la luz de lo que está pasando en Rosario si no hay un riesgo real, hay un riesgo potencial muy claro. Cada vez se pasan más límites, pero uno trata de pensar que esto no va a pasar. Muchas denuncias las hacemos nosotros con nuestra propia firma, y eso generó siempre una reacción muy grande de todo el mundo del narcotráfico del Sur contra nosotros”, reflexionó al respecto el senador Enrico, a cinco meses de recibir la amenaza.
El caso movilizó a la comunidad judicial y motivó un llamado entre el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, y el ministro de Seguridad Aníbal Fernández, que se comprometió a reforzar los recursos para garantizar la integridad de jueces y fiscales.
Sin embargo, el senador Enrico plantea que pese a la exposición y los riesgos que él mismo reconoce, debe reverse la cantidad de consignas judiciales. El bloque que Enrico representa en el Senado cree que esos hombres y móviles deberían estar patrullando las calles.
Disputa política por las custodias. En marzo el ministro de Seguridad de Santa Fe Claudio Brilloni se reunió en el Senado con legisladores de la oposición. El objetivo fue destrabar la Ley de Emergencia, que está en comisión y sobre la que se pretende introducir un artículo que le brinda al Ministerio una potestad que hoy no tiene: decidir si cumple o no con la orden judicial de activar una custodia, entre otras mandas que pueda solicitar un juez y que afecte a los recursos de la Policía.
“No puede venir la Justicia a manejarte el Ministerio de Seguridad y ordenarte el patrullaje, porque desestructura todo el trabajo. En este momento de emergencia hay que priorizar la seguridad pública”, declaró al respecto Lisandro Enrico, quien impulsa esta medida.
En los últimos años no se retrasó ningún juicio por las amenazas a los funcionarios.
Al momento de elaborarse esta nota, en Santa Fe había trescientas cuarenta y siete consignas judiciales activas, entre custodia de imputados, testigos, víctimas, funcionarios e inmuebles. La Policía de Santa Fe cuenta con 19 mil agentes, de los cuales 5.070 están en Rosario. También tienen apoyo de la Policía de Acción Táctica, que aporta setecientos efectivos; la Policía Comunitaria con otros seiscientos; y aparte unos 2 mil policías de la Agencia de Investigación Criminal y de la Agencia de Control Policial.
Consultado sobre esta disputa, el ministro Brilloni reconoció que las custodias insumen una cifra significativa de recursos –en algún momento en Rosario se llegó a utilizar la mitad de los patrulleros disponibles–, pero rechazó que sea necesario limitarlas: “Es cierto que le resta flexibilidad y dinamismo al patrullaje preventivo, pero forma parte del trabajo policial, desde cuidar a un fiscal hasta una víctima de violencia de género. Es un objetivo de interés institucional para el cumplimiento de la misión que tiene asignada la Policía. Los jueces tienen que tener la plena seguridad de que si deben bajar el martillo con una pena dura, el Estado le va a ofrecer todas las garantías para cuidarlo. Esto no es el México del ‘Chapo’ Guzmán o la Colombia de Pablo Escobar, como algunos quieren hacer creer”.
Y así fue en los últimos años: ningún juicio se retrasó, se condicionó o tuvo que pasar por la excusación de algún funcionario como consecuencia de amenazas. Tampoco se le negó la custodia a ningún juez o fiscal que la haya solicitado.
Al momento de pensar hacia dónde va el conflicto, el juez Gustavo Salvador advirtió que si bien el poder de fuego del crimen organizado se redireccionó, las balas pueden volver en cualquier momento.
“Y no estamos lejos, porque el clima de pánico que se está viviendo en la calle tiene que ver con el descontento de gente que está dentro de las cárceles. Se les está restringiendo privilegios a los que estaban acostumbrados. Por ejemplo, tener celular y organizar extorsiones y homicidios desde adentro. Esas restricciones van a generar más enojo, y ese enojo se va a traducir en más tiros. Como los que ordenan esas restricciones somos nosotros puede suceder que empiecen de nuevo los atentados”, analizó el expresidente del Colegio de Magistrados de Santa Fe.
En contraposición, el ministro Brilloni descree que jueces y fiscales puedan ser víctimas de otra ola de violencia, al menos en lo inmediato: “No tenemos advertencias que nos permitan inferir posibles ataques como los de 2018. Esos hechos además, nos han dejado enseñanzas de cómo llevar adelante las tareas de inteligencia criminal, de investigación judicial y en el despliegue preventivo para que esto no ocurra”, garantizó.
Lo cierto es que las directivas del crimen organizado se siguen dando desde la cárcel, aunque hoy el blanco no son los jueces y fiscales, sino que las armas apuntan hacia escuelas, clubes de barrio y comercios.
Rosario ante la experiencia regional. El 1° de junio la fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, recibió una amenaza que llegó a su WhatsApp personal. La misma metodología que con el senador santafesino Lisandro Enrico. La intimidación incluía un video con encapuchados armados que le prometían torturar y asesinar a su hija y a ella si no renunciaba.
Apenas algunas horas después acribillaron al fiscal Leonardo Palacios cuando salía de una audiencia en la ciudad de Durán. Dispararon contra su auto y, de milagro, se salvó su secretaria, que viajaba en el asiento del acompañante. En 2022 ya habían matado a otros dos fiscales y a un juez.
En Colombia acaban de condenar a 25 años y seis meses de cárcel a los hermanos Andrés y Ramón Pérez Hoyos, autores intelectuales del asesinato del fiscal paraguayo especializado contra el Crimen Organizado, Marcelo Pecci.
Al fiscal lo mataron en una playa de Cartagena de Indias, Colombia, durante su luna de miel. Según se desprende de la investigación que llevó a su sentencia y la de otros cuatro autores materiales, los hermanos Pérez Hoyos le pagaron al menos US$ 340 mil a un grupo de sicarios para cometer el homicidio. El precio de los tiroteos es muy distinto en Rosario: un gatillero puede asesinar o balear un edificio por unos $ 30 mil.
El espejo regional es una preocupación que no le escapa a jueces y fiscales argentinos: “Si a los episodios de violencia derivados del narcotráfico no se le pone algún límite y se desmiembra ese avance, va a ir incrementándose. Lo advertimos por la experiencia de otros países”, avisó el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Marcelo Gallo Tagle.
Casos como estos, que oscilan entre amenazas y tragedias, se repiten también en Brasil, México, Perú y Bolivia, entre otros. Algunos países tomaron medidas extremas al no poder garantizar la seguridad de jueces y fiscales por las vías tradicionales.
En este momento en Ecuador y México se debate la aplicación de los tribunales sin rostro, una metodología que se usa en siete Estados de Brasil desde 2019 y en El Salvador desde 2022.
"No tenemos advertencias para inferir posibles ataques como los de 2018".
Los tribunales sin rostro son cuerpos especiales de jueces y fiscales que encabezan procesos judiciales sin revelar su identidad. Al preservar sus nombres, se evita que los acusados puedan tomar cualquier tipo de represalia contra quien lo investiga o juzga.
Esta idea nació en Italia, en 1990, como respuesta al avance de la mafia siciliana, que asesinó a veinticuatro jueces. Se replicó en Perú dos años más tarde, y luego en Colombia. No todos los casos fueron a partir de coyunturas comparables, ya que en algunos países los tribunales sin rostro también eran integrados por militares. Tal es el caso peruano, donde se usaron para impulsar los juicios contra la organización Sendero Luminoso.
Según Amnistía Internacional, en los cinco años que Perú tuvo tribunales sin rostro al menos 5 mil presos fueron condenados por actos de terrorismo sin las debidas garantías. Y estiman que de ese total alrededor de mil cuatrocientos podrían haber sido inocentes. También hubo un pronunciamiento en contra de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Loayza Tamayo vs. Perú.
Allí se definió que estos tribunales atentan contra la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al entenderse que se viola el derecho del imputado a conocer quién lo está juzgando.
El juez Gallo Tagle ve a estos tribunales como un concepto lejano a la coyuntura argentina: “Por la idiosincrasia nuestra lo veo complicado. Tenemos muchas normas constitucionales que hacen al juez natural del proceso. La presencia física y saber quién es el que me está juzgando debe ser información conocida por el que es sometido a un proceso”, explicó.
Sin embargo, reconoció que el modelo “sin rostro” puede prevenir atentados a funcionarios judiciales, aunque a costas de la restricción de un derecho como lo es el pedido de recusación de un juez o un fiscal: “Es cierto que a los efectos de la seguridad del que debe decidir es una garantía, pero al que debe ser investigado y juzgado lo dejás en una posición de no saber si la persona que está resolviendo va a hacerlo con la imparcialidad, algo que solo puedo tratar de valorar sabiendo quién es el que interviene. En este momento no estamos en una situación semejante como para pensar en esto, ahora si cambia la ecuación no sé si seguiría opinando del mismo modo”.
Dos fiscales sancionados por hablar con revista ‘Noticias’
I.V.
En marzo el periodista Carlos Claá publicó declaraciones de cuatro fiscales en su nota titulada “Fiscales en Peligro”, que fue tapa de esa edición y también trató la vida de los funcionarios amenazados. La misma incluía testimonios de Matías Edery, Franco Carbone, Pablo Socca y Valeria Haurigot. A estos últimos dos les abrieron sumarios disciplinarios. La Auditoría General del Ministerio Público de la Acusación consideró que incurrieron en faltas leves por “perjudicar la imagen pública” del organismo.
Edery y Carbone no fueron castigados porque respondieron las preguntas del periodista antes de que el jefe de prensa del MPA pidiera evitar las declaraciones a la prensa.
Fiscales en peligro: la violencia narco en Rosario
Los fiscales no hablaron sobre investigaciones en curso, sino que se limitaron a contar cómo se investiga al crimen organizado bajo amenaza.
Ante esta nueva investigación de PERFIL sobre el tema, solo un fiscal del MPA accedió a responder preguntas, pero pidió de antemano que no sean publicadas con su nombre. Luego de que salieran las sanciones a Socca y Haurigot volvió a comunicarse con el autor de la nota para reiterar el acuerdo por temor a ser sancionado.
