“Contrato sicarios para tirar tiros a jueces”. La respuesta que largó Ariel “Guille” Cantero ante una pregunta formal que le hizo la jueza Hebe Marcogliese sorprendió a todos. De manera irónica –pero al mismo tiempo amenazante–, uno de los jefes de la narcobanda Los Monos se presentó así ante el tribunal que lo juzga por una serie de ataques a tiros contra edificios judiciales y casas de distintos magistrados que intervinieron en distintas investigaciones.
Guille Cantero es un histórico miembro de la organización. Hace cuatro años amenazó a un juez de manera directa y sumó una condena a 6 años y 8 meses de prisión. Desde el teléfono público de la cárcel de Rawson llamó al juzgado para quejarse por un supuesto traslado: “Decile al juez que se meta el traslado donde ya sabe y que lo voy a matar”, tiró.
En el inicio de este nuevo debate, que podría durar cuatro semanas, el capo narco desafió a la jueza cuando esta le pidió que especifique sus “oficios”. Después, el juicio continuó de manera normal.
Afuera del Centro de Justicia Penal de Rosario había cerca de 250 policías, algunos de ellos apostados en los techos para evitar un posible ataque a tiros como el ocurrido el miércoles pasado.
Por la peligrosidad de los siete acusados que están siendo juzgados, ninguno de ellos fue trasladado hasta los tribunales. Todos siguieron la audiencia desde sus lugares de detención.
Guille es el único de los siete acusados que no está en la provincia de Santa Fe. Hace rato que permanece detenido en el Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz, donde están alojados policías y muchos represores condenados por delitos de lesa humanidad.
En la apertura del debate los fiscales Matías Edery, Gastón Ávila, Miguel Moreno y Aníbal Vescovo reclamaron penas de entre 24 y 9 años y medio de prisión para todos los imputados.
El caso de Guille es particular. No solo porque es uno de los jefes de la banda, sino porque se trata de uno de los presos con mayor condena del país: actualmente cumple una pena unificada a 64 años de prisión. Si se le suma el pedido más alto llegará a los 88.
Cantero está acusado por los delitos de “amenazas coactivas agravadas por ser anónimas, por la utilización de un arma de fuego y por tener como propósito alguna medida o concesión de un miembro del poder público en concurso ideal con daño calificado”. Le atribuyen siete de los doce ataques realizados entre el 29 de mayo y el 28 de agosto de 2018.
Para él, los fiscales a cargo de la acusación pidieron que se lo condene a 24 años de cárcel, la misma pena que reclamaron también para Matías César y Lucía Uberti, otros dos supuestos narcos.
En cambio, pidieron 13 años para Daniel Delgado y Leandro Olivera; 12 para Leonel Fernández y 9 y medio para Damián Chávez.
Balas para todos. Los hechos que se les imputan son una serie de atentados que comenzaron el 29 de mayo de 2018, con ataques a balazos a dos viviendas, una de Italia al 2100 y otra de Montevideo al 1000, en las que había vivido el juez Ismael Manfrín, quien integró el tribunal que condenó al grupo liderado por los Cantero.
El 30 de junio siguiente se registró una balacera contra una vivienda ubicada en Braille al 1400 que perteneció al ex integrante de la Brigada Operativa de Judiciales, Ariel Lotito, encargado de la investigación por asociación ilícita de Los Monos.
A continuación, el 26 de julio, se cometieron atentados contra dos viviendas, una de Zeballos al 2500 y la otra en Dorrego al 1600, vinculadas a la familia de la jueza Marisol Usandizaga, que integró el tribunal en el juicio oral y público contra la misma banda liderada por Cantero.
Más tarde, el 4 de agosto de ese año fue baleado un departamento de un edificio de Libertad al 300 que hasta 2001 perteneció a la familia Usandizaga y más tarde en esa fecha se reportó una balacera contra el Centro de Justicia Penal (CJP) de Rosario, ubicado en Sarmiento y Rueda.
Solo un día después, una vivienda de Tarragona al 700 bis sufrió un ataque a balazos que los investigadores atribuyeron a un error del tirador y consideraron que el objetivo era una casa cercana vinculada a la familia de la jueza de Cámara Carolina Hernández, integrante del tribunal que revisó la sentencia por asociación ilícita a Los Monos.
El 10 de agosto el ataque fue dirigido a una vivienda de la familia Usandizaga en Buenos Aires al 1700 y tres días después, fueron halladas marcas de balazos en el frente de un edificio de San Luis al 1400, vinculado con la jueza de Cámara Gabriela Sansó, también miembro del tribunal que revisó la sentencia.
La cronología de atentados destinados continúa el 14 de agosto, con un nuevo ataque contra la sede del Ministerio Público de la Acusación (Fiscalía Regional) de Montevideo al 1900.
Y finalmente, el 26 de agosto fue arrojada una granada de gas lacrimógeno en Lamadrid al 500, donde está la sede de la Policía de Investigaciones (PDI).
Sin miedo
El ministro de Seguridad de Santa Fe, Jorge Lagna, supervisó el operativo de seguridad en el Centro de Justicia Penal de Rosario, que reunió a unos 250 policías.
Lagna reveló que además de custodiar la zona para evitar un nuevo ataque a tiros como el ocurrido el miércoles pasado, asignaron personal para vigilar a los jueces y fiscales que intervienen en el nuevo juicio contra Los Monos.
“El operativo no va a terminar con el juicio sino que va continuar después”, explicó el funcionario en declaraciones a TN. La idea es frustrar cualquier plan de venganza de la narcobanda.
Sobre las amenazas y los reiterados ataques a tiros, Lagna aseguró que “no tienen miedo”, aunque reconoció que “hay una preocupación en la familia judicial”.
Acerca de la polémica frase de Guille Cantero en el inicio del juicio, entendió que es una persona a la que “no le importa nada”.
