La Unidad Penal Nº 48 de José León Suárez, donde funciona el Centro Universitario San Martín (Cusam), fue escenario del segundo simulacro de juicio por jurados que se realiza en una cárcel del país y del primero del que participan un ciego y un sordo. Allí, el jurado popular integrado por 10 detenidos y detenidas y dos guardiacárceles condenó a un femicida por el delito de homicidio preterintencional.
En el sistema de juicio por jurados son los ciudadanos los verdaderos jueces del hecho del que se acusa a un imputado. Se trata de personas de a pie elegidas por sorteo que no pertenecen al Poder Judicial ni están involucradas en el proceso de detención. A nivel internacional, este proceso penal tiene una larga tradición y se aplica en diversos países como Estados Unidos, Inglaterra, España, Australia y Puerto Rico, entre otros.
En la Argentina, cada vez son más las provincias que implementan este tipo jurídico específicamente para delitos graves como homicidios y femicidios, cuyas penas tienen un mínimo de ocho años de prisión. Córdoba fue la primera en el año 2004, seguida por Neuquén en 2011, Buenos Aires y Chaco en 2015, y Río Negro y Mendoza que comenzarán a ponerlo en práctica el año que viene. Lejos de carecer de sustento legal, el juicio por jurados está presente en los artículos 24, 75 inciso 12 y 118 de la Constitución Nacional desde 1853.
Fundamentos. En diálogo con PERFIL, Andrés Harfuch, defensor general del Departamento Judicial de San Martín y uno de los impulsores de la iniciativa en la provincia de Buenos Aires resaltó: “No hay nada más transparente que el juicio por jurados. Los jurados no pueden leer expedientes, entonces la fiscalía y la defensa tienen que llevar las pruebas al juicio y explicarlas. Eso provoca una transparencia tan grande que hace que los ciudadanos escuchen todas la pruebas y, de esa manera, se beneficia la resolución del caso”.
El sistema judicial de Buenos Aires ya concretó alrededor de 280 juicios por jurados y, según Harfuch, los resultados son destacables. “Los ciudadanos dieron veredictos muy equilibrados y mesurados y se comprobó en los hechos que la norma de la Constitución que ordena su aplicación es sabia y correcta”, enfatizó. En esa línea se expresó el juez del Tribunal Nº 1 de Necochea, Mario Juliano, quien argumentó que “si bien hay decisiones que pueden gustarnos más o menos, la ciudadanía está mostrando una prudencia y una madurez que no tenemos los jueces profesionales”.
Por su parte, desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se pronunciaron a favor de este tipo de proceso judicial, pero señalaron obstáculos a sortear para lograr una implementación adecuada. “Creemos que el juicio por jurados otorga transparencia, pero también vemos que falta más regulación, más herramientas y es necesario un presupuesto mayor”, contó a este medio Federico Efron, abogado del organismo de derechos humanos.
Con respecto al financiamiento actual, Efron se muestra crítico acerca del futuro de los juicios por jurados, dado que señala como “claves del sistema” la necesidad de más infraestructura para salas acondicionadas para estos procedimientos, capacitaciones para los funcionarios judiciales e instrucciones adecuadas para los jurados participantes. “Si no se asigna un financiamiento adecuado, lo que muestra la experiencia de otros países es que los casos terminan derivando en un sistema de juicios abreviados. Como los fiscales y los jueces no tienen los recursos necesarios y se les acaba el tiempo, buscan todas la maneras posibles de cerrar el caso con una probation (suspensión del proceso a prueba)”.
A su vez, el letrado reconoció que el nuevo sistema “parece funcionar razonablemente” en los casos en los que se juzga a miembros de las fuerzas de seguridad. “No hay sistema de justicia perfecto, pero el juicio por jurados otorga más transparencia porque los ciudadanos no están contaminados con presiones judiciales”, esgrimió.
En su conferencia de incoporación a la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, ¿Puede el pueblo juzgar? ¿Debe el pueblo juzgar? El dilema de la participación popular en el ejercicio de la función judicial, el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, se manifestó taxativamente a favor: “no solo expresa el derecho de un imputado a ser juzgado por sus pares sino –fundamentalmente- el derecho de los pares a juzgarlo”, expuso.
Jurados. Uno de los casos más trascendidos ocurrió en la ciudad de Zárate. Allí doce ciudadanos absolvieron al carnicero Daniel Oyarzún, acusado por asesinato contra un ladrón. Pero, ¿cómo se elige a los miembros del jurado?
Para ser jurado se requiere ser argentino o extranjero con cinco años de ciudadanía, tener entre 21 y 65 años, y cumplir con los requisitos de la ley. A los seleccionados se les garantiza una remuneración y viáticos y sus empleadores tienen la obligación de respetar la totalidad de los derechos laborales.
La Ley de Juicio por Jurados (14.543) de la provincia de Buenos Aires establece que los jurados deben ser elegidos por sorteo en base al padrón electoral para luego pasar por diferentes instancias de selección y exige que el tribunal sea de seis hombres y seis mujeres.
Desde el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Sociales y Penales (Inecip) intentan impulsar la Ley Nacional de Juicios por Jurados. En el proyecto que elaboraron desde el organismo se establece que los jurados deben presenciar toda la audiencia del juicio, donde el fiscal y la defensa expondrán las pruebas. Luego, los miembros deben retirarse del juzgado y deliberar en una sala secreta. El veredicto final debe ser unánime. Si el acusado es declarado culpable, el juez decidirá la pena.
“La ciudadanía siempre estuvo preparada para juzgar. Los que no estuvimos preparados fuimos los abogados, que siempre resistimos al juicio por jurados por verlo como un intruso molesto. Todos los ciudadanos tienen un sentido innato de equidad y justicia propio que proviene de un sentido común”, concluyó Harfuch.
Educación en contextos de encierro. En la Unidad Penal Nº 48 de José León Suárez funciona desde 2008 el Centro Universitario San Martín (Cusam) de la Universidad Nacional de San Martín, donde internos y guardiacárceles estudian juntos la carrera de Licenciatura en Sociología. Además, se imparten talleres de oficios y se realizan actividades artísticas y deportivas.
Ocho estudiantes. El Cusam ya cuenta con ocho estudiantes recibidos de sociólogos –seis internos y dos guardiacárceles–, de los cuales uno se encuentra cursando un posgrado y otros participan de grupos de investigación en la Unsam.
Natalia Ojeda, directora del centro universitario, explicó a PERFIL la importancia de la educación en contextos de encierro: “El proyecto Cusam está orientado a poder brindar educación superior y talleres de formación a personas que no tuvieron la posibilidad de acceso en su momento, porque hay un derecho humano a la educación que tenemos que exigir”.
Es importante señalar que según estadísticas de la Universidad de Buenos Aires, la tasa de reincidencias de los detenidos que tuvieron la posibilidad de estudiar durante su reclusión en el Centro Universitario de Devoto (CUD) es de apenas un 6 %.
Juzgar desde la cárcel. “Encontramos al acusado culpable del delito de homicidio preterintensional”. Con este veredicto concluyó el simulacro de juicio por jurados que se realizó en la Unidad Penal Nº 48 de San Martín, donde 10 detenidos hombres y mujeres –uno de ellos ciego y otro hipoacúsico– y dos guardiacárceles condenaron a un femicida por el delito de homicidio preterintencional.
Defensor. En tanto, el Dr. Mario Juliano, juez del Tribunal en lo Criminal Nº 1 de Necochea, representó al juez del caso, el fiscal fue el defensor del Departamento Judicial de San Martín, Andrés Harfuch, y la defensora fue la fiscal Marcela Dimundo.
Cerca de lo real. El simulacro, que fue organizado por la Asociación Pensamiento Penal, la Defensoría General del Departamento Judicial de San Martín y la Universidad Nacional de San Martín (Unsam); encarnó un caso real ocurrido en la casa del matrimonio Galván en la localidad de Villa Lynch el 3 de marzo del año pasado. Allí, Belisario –representado por el funcionario judicial Sebastián Pereyro– golpeó a su mujer María Magdalena, quien trastabilló y murió tras dar con su cabeza en el brazo de un sillón. Galván era alcohólico, había perdido su trabajo en 2014 y sometía a su esposa a situaciones de violencia física y verbal.
Objetividad. Tras finalizar el juicio, Marcelo, detenido que ofició de jurado, dio su propia acerca de la iniciativa: “Yo vi a un montón de pibes que quedaron presos sin pruebas concretas. El sistema de juicios por jurados es lo que necesitamos para acabar con la corrupción judicial y policial”.
