En el análisis dela década de los gobiernos de Néstor y Cristina F. de Kirchner tanto el oficialismo como quienes colaboran en la elaboración de la fundamentación de sus políticas y acciones, tienden a colocar el tema de los derechos humanos en un lugar central.
Ciertamente, el gobierno nacional se autodefine como “el gobierno de los derechos humanos”, promocionando con ello la idea de que su política en este campo ha sido y es inobjetable. Esta idea ha tenido tanta pregnancia en una parte de nuestra sociedad que aun muchos de los que disienten con el conjunto de la política del gobierno nacional tienden a naturalizar este enunciado.
Desde Plataforma 2012 consideramos que este enunciado debe ser cuestionado en la medida en que se contradice con dimensiones y aspectos muy importantes de la realidad.
Por un lado, la política iniciada en 2003 por el gobierno de Néstor Kirchner, vinculada al juzgamiento de los responsables de violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, no debe ser leída de modo exclusivo como producto de la acción de un gobierno determinado, sino también como el resultado de la historia y la acumulación de luchas de un amplio abanico de organizaciones y movimientos de defensa de los derechos humanos.
Asimismo, creemos que en el campo de los derechos humanos hoy en día existen elementos importantes que dan cuenta de la persistencia de la impunidad. La desaparición de Jorge Julio López, testigo en el juicio contra el represor Miguel Etchecolatz, el 18 de septiembre de 2006, es el ejemplo paradigmático de esa persistencia.
Por otro lado, desde Plataforma 2012 consideramos que, a pesar de su obturación y denegación por parte del oficialismo, en la última década los gobiernos del matrimonio Kirchner fortalecieron el entramado legal que sostiene la recurrente y creciente violación de los derechos humanos en el país mediante políticas de criminalización de las luchas sociales.
De este modo, se ha ido consolidando una política de judicialización de la protesta y de la pobreza, así como la tendencia a la represión de los movimientos sociales y comunidades indígenas, que ha dejado como saldo un elevado número de muertos en manos de las fuerzas represivas del Estado.
Así, la década de gobierno del matrimonio Kirchner deja un saldo de militantes asesinados con motivo de la represión de la protesta social, en demanda de tierra y vivienda, contra la tercerización, por salarios dignos, por los derechos de los pueblos originarios y campesinos.
La nómina de los asesinados con motivo de la protesta social en defensa de derechos y del avasallamiento de las poblaciones originarias desde 2003 es la siguiente:
Marcelo Cuellar y Cristian Ibáñez (Jujuy, 2003), Sandra Cabrera (2004, Rosario), Martín Cisneros (2004, CABA), Esteban Armella (2004, Jujuy), Carlos Fuentealba (2007, Neuquén) y Lázaro Duarte (2008, Neuquén), Juan Carlos Erazo (2008, Mendoza), Javier Chocobar (2009, Tucumán), Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas (2010, Bariloche, Río Negro), Facundo Vargas (2010, Mendoza), Mariano Ferreyra (2010, CABA), Roberto López y Mario López (2010, Formosa), Bernardo Salgueiro, Rosemary Chura Puña y Emilio Canaviri Alvarez (2010, Parque Indoamericano, CABA), Juan Velázquez, Félix Reyes y Ariel Farfán (2011, Jujuy), Mártires López (2011, Chaco), Cristian Ferreyra (2011, Santiago del Estero), Diego Jáuregui (2011, Avellaneda, provincia de Buenos Aires), Geremías Trasante, Claudio Damián Suárez y Adrián Leonel Rodríguez (2012, Rosario, Santa Fe), Noemí Condorí (2012, Escobar, provincia de Buenos Aires), Miguel Galván (2012, Santiago del Estero), Celestina Jara y su nieta de ocho meses (2012, Formosa), Imer Flores (2013, Chaco), Juan Manuel Asijak de 16 años (2013, Formosa).
Continúa desaparecido Daniel Solano, de 27 años, trabajador de Río Negro, secuestrado el 5 de noviembre de 2011.
Asimismo, una serie de hechos a lo largo de estos años evidencian la política de criminalización y judicialización, entre ellos:
- Judicialización de la protesta social, a través del procesamiento de militantes populares, que ha incluido desde organizaciones de desocupados, sindicatos, comunidades indígenas, organizaciones de derechos humanos, asambleas y grupos ambientalistas, partidos políticos, organizaciones territoriales, estudiantiles, entre otros.
- La judicialización ha apelado a las siguientes figuras penales: detención y/o procesamiento de los manifestantes ante un corte de ruta (a esos fines, se invoca el art. 194 del Código Penal); imputación de usurpación (contra pueblos originarios y campesinos), imputación del delito de sedición (en estos casos se invoca el art. 230 del Código Penal); imputación del delito de intimidación pública; imputación del delito de resistencia o desobediencia a la autoridad; imputación del delito de coacción o extorsión; Imputación del delito de daños, e incluso imputación de homicidio, entre otros.
Desde Plataforma 2012 consideramos falaz adjudicar la responsabilidad exclusiva de la represión y criminalización a los gobiernos provinciales, no sólo porque esto se revela como contradictorio con la fuerte concentración de poder del actual gobierno nacional (un gobierno “unitario” en su estilo de conducción política), sino también porque aquellas están ligadas a la implementación de modelos de (mal)desarrollo, de carácter excluyente, que son sostenidos activamente a nivel nacional desde políticas de Estado.
Así, la represión y la política de criminalización dan cuenta de la estructura de alianzas políticas que el gobierno nacional alienta y promueve, con los gobernadores y con los grandes actores económicos.
Desde Plataforma 2012 consideramos que el umbral de violencia política que una sociedad es capaz de tolerar es siempre una construcción social y cultural, muy ligada a los ciclos de su historia nacional y a sus devenires traumáticos.
En nuestro país, el gran trauma social producido por la dictadura militar impactó sobre el modo como la sociedad procesa, comprende y tolera la violencia política ejercida desde el aparato represivo estatal.
Este es uno de los grandes legados de las organizaciones defensoras de derechos humanos, resumido en la fórmula del Nunca más, que con los años apuntaló un cierto consenso respecto de los límites de la violencia política desde arriba, a saber, el rechazo a toda forma de terrorismo de Estado y de la alternativa del asesinato o exterminio político de los ciudadanos.
Desde sus inicios, el gobierno de los Kirchner buscó hacerse eco de esta representación social –el rechazo a la represión abierta y selectiva contra militantes sociales o políticos–, retomando y apropiándose del paradigma de los derechos humanos.
Sin embargo, pese a esta reiterada reivindicación discursiva, la década kirchnerista abre enormes cuestionamientos que colocan en el tapete la distancia entre el discurso oficial y los hechos y abren nuevos interrogantes acerca del umbral de violencia estatal que nuestra sociedad está dispuesta a tolerar y permitir.
En suma, pese a la defensa del derecho de protesta, la criminalización de la protesta social se ha multiplicado y consolidado a través de un fuerte entramado legal, que encuentra prolongación en una serie de medidas sumamente preocupantes.
En esta línea, no podemos dejar de mencionar dos inflexiones que revelan de manera directa la fractura misma de la política de derechos humanos y muestran su contradicción con el discurso oficial, como es el caso de las dos leyes antiterroristas promovidas por el Ejecutivo y votadas por el oficialismo en 2006 y 2011, y la designación del general César Milani al mando del Ejército, sobre quien pesan graves acusaciones por la violación de derechos humanos bajo la última dictadura militar.
A esto se suma el nombramiento de Alejandro Marambio al frente del Servicio Penitenciario Federal y el de Granados en el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. La propuesta de la baja de la edad de imputabilidad de los menores, el Plan de Espionaje X y la utilización del Ejército para la represión en la provincia de Santa Cruz, entre otros hechos, tienen un alto valor emblemático y simbólico.
La precariedad y el notorio deterioro de los transportes públicos (servicios ferroviarios, especialmente), potenciados por los negociados entre empresarios y agentes estatales, ha mostrado que la corrupción también mata y por lo tanto también termina violando derechos humanos.
La denuncia de la precarización laboral y los reclamos salariales –en los más diversos ámbitos– han derivado, en varios casos, en el asesinato de militantes. La política de criminalización de la pobreza y el aumento de los casos de “gatillo fácil” hoy aparecen desplegados en la totalidad del territorio nacional, a lo cual se suman situaciones de “nuevo conflicto social”, ligadas al avance del trabajo esclavo, la trata de personas y el narcotráfico.
Aunque no ha sido parte de este informe, no se puede obviar la importancia creciente de estas tres problemáticas, que cuentan con la participación necesaria de diferentes sectores de poder (político, económico, judicial, policial).
Incentivados y promovidos por políticas públicas nacionales, la megaminería, la expansión de la frontera de los agronegocios, el avance de la explotación de hidrocarburos no convencionales (fracking) generan concentración y despojo, avanzando sin consulta pública ni licencia social, segando el camino de territorios y cuerpos sacrificables.
Desde la lógica de esos modelos excluyentes, ya no son –como sucedía en los 90– los desocupados la “población sobrante” (para ellos el poder político prevé planes sociales masivos), sino otros cuerpos y comunidades, principalmente indígenas y campesinos, víctimas del racismo endémico, que hoy devienen un obstáculo, una piedra en el camino frente a la imperiosa expansión del capital.
Estos hechos, lejos de afianzar un paradigma de los derechos humanos, tal como ha venido afirmando los gobiernos del matrimonio Kirchner a lo largo de estos diez años, ilustran la permanencia y profundización de una política de violación de los derechos individuales y colectivos, cuyo responsable último es el Estado.
*Grupo promotor: Acerbo Osvaldo, Antonelli Mirta, Baldivieso Jonatan, Bidonde Héctor, Brega Jorge, Burucúa José E., Dowek Diana, Edelman Lucila, Galán Mónica, Gargarella Roberto, Genta Adriana, González Analía, Kordon Diana, Lagos Darío, Levinas Gabriel, Lissidini Alicia, Lo Vuolo Rubén, Massuh Gabriela, Pinus Alberto, Plana Marcelo, Rodríguez Daniel, Svampa Maristella, Tauber S. Nicolás, Tcherkaski Osvaldo, Tieffenberg Jaco,Viale Enrique, Zangaro Patricia.
