Sara se fue de su primera cárcel, su casa, a los 13 años, para liberarse del abuso sexual sufrido por parte de su tío. Ella no había podido ir a la escuela y las drogas fueron su escape. Terminó en una red de trata y en una cárcel oficial: entró y salió varias veces de la prisión de San José, en Costa Rica. Cumplió una condena de 7 años por la venta de pequeñas cantidades de crack y por intentar sobornar a un oficial que la estaba deteniendo.
Johana es oriunda de uno de los barrios más pobres de Bogotá. Madre soltera, tres hijos. Desesperada por alimentarlos, le pidió a su tía un trabajo en un supermercado donde se vendían drogas. Su tarea era telefonear a narcotraficantes y a consumidores, pero nunca llegó a manipular las sustancias. La condenaron a 6 años y cuatro meses de prisión.
Las historias de Sara y Johana son más cercanas de lo que parece. No solo porque son mujeres: en América Latina, entre el 4% y el 9% de la población carcelaria total es femenina. Y la mayoría de ellas fueron condenadas por delitos vinculados a las drogas, también en Argentina, Chile, Brasil y Perú.
Informe. Estos datos surgen del informe Contextos de encierro en América Latina: una lectura con perspectiva de género, elaborado por el Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia (Celiv), que depende de la Untref, entre ocho países de la región (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Honduras, México y Perú).
El estudio revela, además, que antes de la encarcelación, las mujeres tienen una mayor vulnerabilidad económica que los hombres. A menudo, ellas tienen niveles de educación más bajos y empleos más precarios: un mes antes de ser detenidas el 27% de las mujeres no trabajaba
Se tomaron datos de la Encuesta a Individuos Privados de Libertad, hecho por el Celiv con apoyo del PNUD y del BID, y del Observatorio de Seguridad Ciudadana de la OEA, de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) y de la página web World Prison Brief data.
El análisis con perspectiva comparativa varón-mujer fue realizado por las investigadoras, Carolina María Bologna, Ana Safranoff y Antonella Tiravassi, quienes remarcaron a PERFIL que los estereotipos de género se reproducen tras las rejas, que las mujeres son menos reincidentes, y que tuvieron menos contacto con armas de fuego.
Hijos. Un juez le dijo a Johana: “Usted no es apta para la sociedad, usted no es apta para vivir con sus hijos”…Y ella le respondió: "Pero créame, cuando vos estás sola con tres hijos…vos no puedes decir ‘lo siento, no tengo para darte de comer, no tengo trabajo'".
En todos los países indagados, menos en México, un 87% de las mujeres privadas de libertad tiene hijos, porcentaje que se reduce en los varones a un 78%. Un 55% de mujeres ha tenido su primer hijo/a con menos de 18 años, contra el 26% en el caso de los varones.
El estudio revela, además, que antes de la encarcelación, las mujeres tienen una mayor vulnerabilidad económica que los hombres. A menudo, ellas tienen niveles de educación más bajos y empleos más precarios: un mes antes de ser detenidas el 27% de las mujeres no trabajaba, pero sí lo habían hecho alguna vez en su vida; el porcentaje se reduce al 17% en los varones. Luego de ser arrestadas o condenadas, son alojadas en instalaciones penitenciarias diseñadas para hombres, donde se les ofrecen programas que refuerzan los estereotipos de género.
Otra diferencia de género es el tema de la pareja. Un 39% de mujeres tiene a su pareja detenida en simultáneo, mientras que este porcentaje se reduce a un 5% en el caso de los varones. "Los lazos de dependencia también están vinculados en lo delictivo y fueron madres adolescentes con un número mayor de hijos, lo que denota mayor vulnerabilidad", destaca Antonella Tiravassi.
Respecto al nivel educativo, los números muestran que varones y mujeres encarcelados tienen poca formación, excepto en Brasil y México.
También comparten otras características: hay antecedentes penales en el entorno familiar, consumo de drogas y/o alcohol en el hogar, desvinculación temprana de los hogares antes de los 15 años de edad y violencia familiar.
Argentina. En nuestro país, el tema de la maternidad y los traslados arbitrarios (ver recuadro) son dos de los focos donde mayores falencias y violaciones a los derechos humanos se observan.
El colectivo Limando Rejas y la Asociación Civil No Tan Distintas remarcan la necesidad de establecer en las cárceles dispositivos y programas de acompañamiento de madres e hijos diagramados desde una perspectiva de género y libres de estereotipos y prejuicios.
¿La libertad? Coletta A. Youngers, investigadora de la Oficina en Washington sobre Asuntos Latinoamericanos (WOLA), cuenta en el informe que las mujeres, una vez en libertad, se enfrentan a una estigmatización aún mayor que detrás de las rejas ya que se las percibe como "subversivas" de los roles tradicionales como "cuidadoras": sus familias muchas veces las rechazan y sus antecedentes penales.
“Una de las vías posibles puede ser proporcionar más alternativas al encarcelamiento, teniendo en cuenta el interés superior del niño y los derechos de las mujeres, según lo establecido en las normas internacionales, y garantizar que, una vez liberadas de la cárcel, las mujeres reciban las habilidades, los recursos y las oportunidades para llevar adelante una vida digna”, explica la especialista.
Argentina y los traslados arbitrarios
Las mujeres encarceladas en la Argentina sufren históricamente una situación que organismos de derechos humanos denuncian: los traslados arbitrarios. El 9 de octubre, un grupo de detenidas del Complejo Penitenciario Federal IV de Ezeiza fueron parte de un “traslado intempestivo“ a la Unidad 13, de Santa Rosa. Según la Procuración Penitenciaria Nacional, el traslado “agravó sensiblemente las condiciones de detención, como la separación de los lazos afectivos, así como la imposibilidad de continuar estudios y trabajo”. La PPN radicó un habeas corpus ante el Juzgado Federal de Santa Rosa porque “los traslados fueron irrazonables en tanto no se desprende de su contenido ninguna consideración o evaluación de las circunstancias personales, ni en relación a la conveniencia del traslado en función del tratamiento penitenciario”. Según las detenidas, fueron trasladadas por órdenes de la Dirección General de Régimen Correccional, sin ser notificadas ni ellas, ni sus jueces naturales ni sus defensas. La PPN denunció que se les dieron solo explicaciones genéricas como "técnica penitenciaria", "facultades de traslado del Servicio Penitenciario Federal" y "redistribución de la población penal". Tras el hábeas corpus, las mujeres fueron reingresadas a Ezeiza.
