En estas últimas semanas, en el marco del debate electoral en torno a las políticas públicas de seguridad, el gobierno nacional dio claras señales de un endurecimiento del discurso y la gestión en este tema. Se movilizaron militares a las fronteras para enviar gendarmes a tareas policiales en territorio bonaerense, cuyo gobernador, Daniel Scioli, estableció un paralelo con Río de Janeiro: “Lula llevó los militares a las favelas y nadie duda de su pensamiento progresista”. Por su parte, el flamante ministro de Seguridad, Alejandro Granados, habla de la mano dura como “un debate saldado”, y quien encabeza la lista del oficialismo, Martín Insaurralde, impulsa la baja de la edad de imputabilidad, no sin encontrar resistencias dentro de su propio espacio político.
Al haber sido puesta como ejemplo de “guerra contra el crimen” la ciudad de Río de Janeiro, PERFIL se entrevistó allá con uno de los más autorizados analistas en temas de seguridad de Brasil para conocer su opinión sobre los debates que se están llevando a cabo en la Argentina. Luiz Eduardo Soares es un antropólogo que, además de haber sido secretario de seguridad de Río de Janeiro y luego de Brasil, en el primer año de Lula, se hizo conocido internacionalmente por ser el autor de los libros Tropa de elite, I y II, llevados al cine. A continuación una mirada crítica a las políticas de mano dura, desde una ciudad ineludible en la temática de seguridad.
—Desde la experiencia brasileña, ¿cree que el debate sobre la mano dura se saldó por la creciente violencia del crimen organizado? ¿La “guerra contra el crimen” puede generar más seguridad?
—No, en absoluto. Cuantas más libertades se les dan a los policías para transgredir la ley y actuar con brutalidad, más se les otorga espacio, estímulo y libertad para negociar la vida, otros derechos y bienes, estimulando la corrupción y degradando la institución. A tal punto que hoy en Brasil ya no contamos con esa institución como instrumento de la democracia de derecho. En Río de Janeiro predominó, con raras excepciones, la política de mano dura y hoy tenemos milicias compuestas por policías que actúan en forma mafiosa para asegurar negocios ilegales perpetrando muchos crímenes. Son parte del crimen organizado. Desde 2003 las policías han matado casi 10 mil personas en Río, un promedio de tres por día. Desde mi punto de vista está más que demostrado que la política de mano dura produce más y más violencia, degrada las instituciones, las corrompe, criminaliza la pobreza e inviabiliza la democracia violando más derechos.
—¿Qué opina del paralelo que hizo el gobernador Scioli con Río, Lula y las favelas?
—Creo que es triste y peligroso para la democracia argentina y su proceso de democratización. Las políticas de seguridad no están para eliminar enemigos sino para proteger derechos de ciudadanos y penalizar a quienes los quieren violar en el marco del Estado de derecho. Nada tienen que ver con la defensa nacional y del Estado, ni con acciones militares o bélicas. Decir que Lula hizo eso parece una interpretación muy mal intencionada.Es verdad que Lula no luchó contra ese tipo de prácticas como debería haberlo hecho, pero hay que tener en cuenta que fueron decisiones tomadas por gobernadores. Su política nacional, con sus deficiencias, nunca se orientó hacia estimular o aprobar ese tipo de prácticas de invasión territorial. Seguridad pública implica garantizar derechos a los ciudadanos, y las policías existen para viabilizarlas no son sólo cumplidoras de órdenes. La policía militar no tiene competencia para lidiar con conflictos respetando a la ciudadanía, incluidos quienes actúan de forma criminal, que también tienen sus derechos.
—Brasil fue el último país latinoamericano en crear una comisión investigadora de los crímenes de su propia dictadura. ¿Cree que los que fueron cometidos durante los gobiernos democráticos deben ser también investigados como crímenes de lesa humanidad?
—Claro, sin duda alguna, las ejecuciones extrajudiciales son acciones terroristas del Estado, ¿no?
—Usted se ha manifestado en contra de la baja de edad de imputabilidad, que hoy en Brasil es de 18 años, ¿en qué estado está el debate en su país?
—Para evitar grandes reflexiones abstractas prefiero una respuesta pragmática que hasta ahora me dio resultado. A las audiencias les pregunto lo siguiente: cualquiera sea el significado que se le atribuya al verbo funcionar, ¿alguno cree que el sistema penitenciario de Brasil funciona? Nunca escuché a nadie decir “sí, funciona”. Entonces, si el sistema penitenciario no funciona, ¿cuál es el sentido de que se amplíe su franja de responsabilidades reduciendo el espectro de edad de imputabilidad? La siguiente pregunta que hago es si alguien cree que nuestro estatuto de la infancia y adolescencia (ECA) está siendo rigurosamente aplicado en Brasil. La respuesta es la misma. ¿Por qué deberíamos entonces pensar una modificación de una ley si aún no intentamos aplicarla integralmente? Si la aplicamos bien y no funciona, ahí sí podríamos abrir el debate.
—En Brasil está creciendo la participación juvenil en la política. ¿Usted cree que esa actividad puede ser usada para representarlos como un potencial actor amenazante para la sociedad?
—Claro, y es exactamente lo que está sucediendo en Brasil actualmente. Las grandes manifestaciones de junio fueron un fenómeno muy importante y original en la historia brasileña por su espontaneidad y su vigor. En ellas, aquella violencia policial practicada sobre los sectores más vulnerables, como jóvenes, pobres y negros, se volvió más próxima a los sectores medios. Hoy la prensa conservadora y el gobernador Sergio Cabral están consiguiendo aislar a los manifestantes llamándolos “vándalos”, como si fuesen grupos radicales incapaces de respetar límites. Intentan diluir la cuestión más grave de la violencia del Estado, así como el debate político que los jóvenes están trayendo a las calles.
*Sociólogo (UBA). Asesor en seguridad ciudadana en la Legislatura porteña.
