Hace un mes, una dirección de inteligencia venezolana dio una capacitación sobre “periodismo de guerra” con el objetivo, dicho por los mismos oradores del taller, de “quitar la estigmatización de institución torturadora”.
El lanzamiento de este curso ofreció una oportunidad para que activistas potenciaran sus denuncias contra el régimen venezolano, que van desde centros clandestinos de detención hasta torturas en cautiverio.
El hecho de que ninguno de los especialistas y testigos entrevistados en este artículo (más de cinco) haya querido que su nombre apareciera en la nota muestra el miedo con el que viven los venezolanos.
“El curso fue real. Y el título fue ese: para ‘quitar la estigmatización de torturadores’. Asistieron muchos medios propagandísticos venezolanos de la dictadura. Y también se puede entender que algunos periodistas fueron obligados a ir”, dice una exfuncionaria venezolana. Otros especialistas afirman que la invitación a los periodistas pudo ser pensada como una forma del régimen de darse cuenta de qué reporteros están de su lado y cuáles no. “Fue para pasar asistencia y alinear su discurso para cuando deban tocar el tema de las torturas”, indican.
Una hipótesis que plantea uno de los entrevistados es que el curso se dio para hacer frente a la decisión de la Corte Penal Internacional de Justicia, que para ese entonces aún no había comunicado su decisión, y que, finalmente, el 1° de marzo de este año, desestimó la apelación de Venezuela para frenar la investigación de los crímenes de lesa humanidad en el país.
Declaración de guerra. ¿Por qué el curso fue específico para “periodistas de guerra”? “El chavismo, como toda dictadura militar, habla de supuestas guerras. No es algo nuevo en su narrativa”, nota la exfuncionaria. Varios analistas consultados indican que la “guerra” es el término que utiliza el régimen venezolano para justificar sus crímenes, en pos de una supuesta legítima defensa. Sin embargo, “ellos están en guerra contra la ciudadanía”, afirma un analista venezolano que no quiere que su nombre salga en la nota, “porque mi familia aún está allá”.
En 2019, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableció una misión “de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela para evaluar presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas desde 2014”. La misión, que se extenderá hasta septiembre de 2024, preparó un informe en el que se menciona la misma narrativa de la “guerra”. Esta semana, la misión actualizó el informe, y sostiene que las violaciones a los derechos humanos en Venezuela se mantienen.
Se puede leer en el documento original: “El 8 de noviembre de 2017, la Asamblea Nacional Constituyente promulgó la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, supuestamente para promover la diversidad, la tolerancia, la paz y la tranquilidad en el país”. Continúa el texto, y aquí viene la mención explícita: “El decreto también prohibió a los medios de comunicación difundir información ‘a favor de la guerra o apología del odio nacional’ y estableció que se impondrían multas a los medios de comunicación por esos actos”.
En cautiverio. PERFIL conversó con un hombre que estuvo secuestrado en el Helicoide. “Estuve más de cien días en el centro de tortura más grande de América Latina”, cuenta este venezolano, que llamaremos Marcos p ara proteger su identidad.
El Helicoide fue construido inicialmente como un centro comercial, pero aquel proyecto quedó inconcluso. Su superficie total es de 101.940 metros cuadrados y tiene seis pisos.
“Fui detenido arbitrariamente. Entraron a mi casa sin una orden de captura ni una orden de allanamiento. Me acusaron de estar involucrado con Estados Unidos cuando, en verdad, yo tenía una ONG. Me llevaron ilegalmente. Durante los primeros días, donde no daban información de mi paradero, le decían a mi mamá que me busque en una morgue”, recuerda.
El informe de la misión de la ONU no solo corrobora el relato de Marcos, sino que afirma que el mismo modo de operación se repite de forma sistemática. Dice la investigación: “Los familiares de los detenidos se acercaron a las oficinas para averiguar su paradero. En algunos casos, no se les proporcionó información y en otros, el personal negó tener conocimiento del paradero de los detenidos”. Este modus operandi recuerda a las Madres de Plaza de Mayo pidiendo en su lugar característico información sobre dónde habían llevado a sus hijos.
El informe afirma que los oficiales “no se identificaban y a menudo tenían el rostro cubierto y usaban alias”. “Los detenidos fueron llevados (...) pasando primero por sitios clandestinos de detención, por un período de horas o días. Durante los traslados, las víctimas tenían, en su mayoría, los ojos vendados o eran traídas por rutas indirectas, supuestamente para confundirlas sobre su paradero. La misión identificó un patrón en el que (...) no presentaban órdenes de detención”, escribieron.
En la misión especial, la ONU documentó la existencia de múltiples centros clandestinos de secuestro y tortura en Venezuela, la mayoría de ellos en Caracas. Entre los centros se encuentran, citado textual del documento: “Un sitio comúnmente conocido como Sorocaima o La Mariposa en la zona militar de San Antonio de Los Altos, en el Estado Miranda”; y “una ubicación en la zona montañosa del municipio de El Hatillo”.
“Hasta ahora se han identificado 17 centros clandestinos, pero sabemos que hay muchos más a lo largo y ancho del país”, asegura la funcionaria venezolana. “El examen de los casos por la misión reveló que desde 2018 el uso de estas instalaciones se ha incrementado”, indican en el documento de las Naciones Unidas.
Se teme que haya menores de edad detenidos. El informe menciona (textual) el caso de “una niña de 13 años (que) salió de su casa para recoger a su hermana de cuatro años cuando un funcionario de policía la agarró por las nalgas y el cabello y la montó a una motocicleta”. “La falta de independencia judicial y la injerencia del Ejecutivo en los procesos judiciales contribuyen a las detenciones arbitrarias”, concluyen.
Tortura. Marcos recuerda: “En el Helicoide me torturaron física y psicológicamente. Durante todo ese tiempo estuve aislado. Nunca me permitieron un abogado ni una visita. No me permitieron ver el sol. Escuchaba cómo violaban mujeres, veía cómo golpeaban a otras personas que eran también arbitrariamente detenidas”.
La misión de la ONU documentó los siguientes actos de tortura, entre otros: “Asfixia con sustancias tóxicas, en agua y con bolsas de plástico”; “desnudez forzada, amenazas de violación y violación”; “choques eléctricos en partes sensibles del cuerpo, incluyendo los genitales”; “privación de comida y agua, comer del suelo, alimentación forzada de heces”; “iluminación constante y frío extremo”; “posiciones de estrés como la ‘crucifixión’”.
“Los custodios masculinos amenazaron con violar a los detenidos con palos. Sometieron a los presos a una práctica que llamaron ‘dar la teta’, durante la cual los golpeaban con un bastón, con la palabra ‘teta’ escrita sobre él. Las parientes femeninas llevadas a casas clandestinas eran agredidas sexualmente y/o torturadas con asfixia, golpes y descargas eléctricas”, dice el informe.
Los riesgos de embarazos por violación y el aborto espontáneo en las detenidas embarazadas también fueron documentados. “La misión recibió información confiable sobre una mujer que había sido brutalmente golpeada y asfixiada hasta el punto de perder el conocimiento, a pesar de que tanto ella como su novio (quien también fue detenido) informaron a los oficiales que se encontraba en el primer trimestre de embarazo. Aproximadamente un mes después de su detención, oficiales llevaron a la víctima al hospital, donde sufrió un aborto espontáneo”, se lee en el largo documento.
La investigación tiene un subtítulo en el que cuenta algunos casos particulares, siempre protegiendo la identidad de las víctimas: “Una testigo dijo a la misión que a las detenidas, después de haber tenido relaciones sexuales con guardias, les preocupaba que pudieran quedar embarazadas y trataban de evitar la concepción”. “Otra detenida pidió a sus familiares que le llevaran anticonceptivos a El Helicoide para que ella los pudiera distribuir a las reclusas. Sin embargo, los anticonceptivos se volvieron cada vez menos disponibles en todo el país, lo que hacía imposible el suministro privado de estos. Además, Venezuela mantiene leyes restrictivas que penalizan el aborto, incluso en casos de violación”, concluye el apartado.
¿Preso de quién? Uno de los especialistas entrevistados contó que una pregunta frecuente que se hacen entre los detenidos es “y tú, ¿eres preso de quién?”. La fuente explica que cada preso está relacionado con un nombre pesado del régimen.
“La misión pudo identificar patrones comunes en los casos que examinó. A pesar de tener estructuras jerárquicas diferentes, el modus operandi en los asesinatos por las distintas fuerzas policiales es similar”, dice el archivo de Naciones Unidas, revelando un plan sistemático de funcionamiento.
“Los patrones identificados por la misión sugieren una división funcional de tareas. En consecuencia, la responsabilidad no se limita a los autores materiales, sino que también abarca a los agentes que participan conjuntamente en las violaciones. La misión tiene motivos razonables para creer que los mandos militares y los superiores políticos sabían que se estaban produciendo asesinatos y detenciones durante las operaciones y sabían o aceptaban la alta probabilidad de que se produjeran estos actos fuera del marco de la ley”, identificaron en el documento de la ONU.
“Exoficiales revelaron a la misión que los directores regionales pedían estadísticas de muertos y detenidos como procedimiento semanal o mensual. Un oficial indicó que al personal se le dieron instrucciones como ‘hoy quiero un muerto, cada brigada tiene que tener un muerto’. El incumplimiento de las mismas podía dar lugar a reprimendas. El cumplimiento, en particular cuando un presunto delincuente había sido ‘eliminado’, ayudaba a los oficiales a lograr ascensos”, revela la investigación.
“La misión entrevistó a un testigo que trabajó durante más de diez años en los servicios de inteligencia de Venezuela, quien confirmó la práctica de plantar información en las protestas. El testigo dijo que plantaron cócteles molotov en las marchas, ‘para demostrar que no eran protestas, sino vandalismo’”, concluye el informe.
