Que la Presidente Cristina Fernández haya festejado el 30º aniversario de la recuperación de la democracia bailando al son de una cacerola con la vedette Moria Casán, al día siguiente de que una huelga policial provocara el saqueo de 3.000 comercios, al menos 11 muertos y numerosos heridos en todo el país, tiene su miga política, al margen de su carácter irrespetuoso y esperpéntico.
Después de eso, y desde el discreto segundo plano que ocupa al cabo de su enfermedad y derrota electoral, la Presidente siguió ordenando, o dejando hacer, poco importa, lo que vemos que hace el nuevo equipo de gobierno: nada. En pocos días, Capitanich y Kiciloff han logrado que se hable más de sus elusiones verbales que de su actos de gobierno ante una crisis económica, política e institucional de proporciones.
El encuentro con la Casán, un personaje público que nunca ocultó sus simpatías con las dictaduras militares, acabó en metáfora casual del único hecho real de gobierno producido en estos días: el nombramiento del general Milani al frente del Ejército. Con la aprobación de esa propuesta por el Congreso, el peronismo “K” volvió a oficializar en las fuerzas armadas el viejo enfrentamiento entre liberales y nacionalistas, peronistas y antiperonistas, patriotas y antipatriotas.
Hasta el momento en que comenzó el período de treinta años de alternancia democrática que ahora festejamos, los militares argentinos siempre habían ocupado ese surco como actores principales. Rosas, Roca, Mitre y Perón fueron militares. Pero desde 1983, por las razones conocidas, las fuerzas armadas dejaron de ser un factor clave de la política nacional, aunque no faltaron, por supuesto, las algaradas. La relativa facilidad y la cuasi unanimidad con que las fuerzas democráticas las superaron, prueban justamente que “los militares” ya no eran una amenaza al orden democrático.
Esta situación continúa. No hay peligro visible de golpe militar y las fuerzas armadas, además de golpeadas moralmente y disminuídas a la mitad de efectivos, están mal equipadas y remuneradas, considerando los estándares internacionales. Todavía soportan, con el resto de la sociedad, las idas y venidas del juicio a “lo actuado” durante la última dictadura (PERFIL, 8-12-13). Tampoco hay un líder visible, a la manera de “los de antes”, en ningún bando. Milani está lejos de serlo, pero aun así ha enunciado claramente, incluso antes de su ratificación por el Congreso, su adhesión al proyecto nacional y popular”, o sea el del gobierno que lo ha encaramado en el sitio que ocupa. La oposición, sobre todo generacional, de amplios sectores del ejército –por no hablar de las otras fuerzas- no sólo a su nombramiento, sino sobre todo a su pronunciamiento político, ha sido ampliamente probada y comentada. Mariano de Vedia ha hecho (La Nación, 23-12-13) un excelente balance entre esta oposición y el poder y la adhesión acumulados por Milani, que es mucho. Con lo que se reabre la posibilidad de que se repita, aunque con las diferencias del caso, la situación de los años previos a 1955. Un gobierno con apoyo popular, pero debilitado y lanzado a una violenta contraofensiva. La sociedad y las fuerzas armadas literalmente partidas en dos.Ya se sabe que el de 1955 fue un remedio cuasi peor que la enfermedad. No es necesario aquí volver sobre eso, ni tomar partido. Simplemente, verificar las semejanzas y diferencias; los signos de reiteración nacional. Veamos lo de hoy, según una suerte de compendio de la información y opinión más seria y generalizada.
El 2014. Todas las cifras importantes de la economía son negativas. Altísima inflación (30% en perspectiva); déficit fiscal (que puede acercarse al 5% del PBI) y energético; grandes déficits en empresas del Estado (caso Aerolíneas) y descapitalización de otras, como la Anses; fuga de capitales y caída de las reservas, con la consecuente necesidad de capitales extranjeros, que obligaría a renegociar y ampliar la deuda externa. La perspectiva inmediata es una devaluación progresiva, que ya ha comenzado con la subida del dólar oficial, y fuerte posibilidad de devaluación masiva en algún momento. En cuanto al crecimiento de la economía, no cesa de oscilar entre estancado o en retroceso, alrededor del 3%. En este rubro, como en el de la inflación, las cifras varían según las fuentes sean oficiales o privadas, pero en cualquier caso, no se presentan mayores perspectivas de crecimiento. No al menos capaces de compensar los déficits. El sindicalismo peronista, tradicionalmente unido en la CGT, se ha fracturado en las últimas décadas. Está además legalmente amenazado por un fallo de la Corte Suprema que admite la pluralidad.
No solo el peronismo aparece dividido (CGT oficial vs. camioneros de Moyano, por ejemplo), sino que han aparecido otras importantes organizaciones no peronistas, como la CTA, que a su vez se ha dividido en un sector “kirchnerista” y otro de izquierdas enfrentados. Todos estos sectores y algunos más, peronistas o no, compiten entre sí por el favor de los afiliados –en permanente merma- pero suelen coincidir en asuntos puntuales.
El principal tema sindical del momento son las paritarias. El gobierno trata de que no se supere el tope del 15% de aumentos, pero eso está muy lejos de la inflación real prevista, a la que hay que agregar lo perdido por los salarios reales desde las últimas paritarias. Incluso la CGT “oficial” encuentra dificultades para someterse al pedido del gobierno.De aquí a los primeros meses de 2014, lo más probable es que los gremios, impulsados y apoyados por la fuerte presión de sus bases, obtengan aumentos que orillen el 30%.
La posición del gobierno, ya muy débil desde la derrota electoral, se agravó en este tema con el 30% de aumento otorgado a algunas fuerzas de seguridad luego de las huelgas policiales de mediados de diciembre y los sucesos que engendraron.
Este antecedente va a ser tomado por los gremios como referencia en las negociaciones. Es el caso de otros gremios estatales, como salud y educación, que ya están reclamando esa paridad.
De concretarse este panorama, se agravaría seriamente el déficit fiscal, tanto nacional como los provinciales, y la situación de las empresas privadas, sobre todo pequeñas y medianas, lo que podría llevar posteriormente a una devaluación súbita y a un “ajuste” clásico. Con sus más y sus menos, la situación que enfrentaba el gobierno peronista en 1952/55; reiterada en 1975, cuando se acabó acudiendo al “rodrigazo”.
Desagregación social. El reciente informe del Observatorio de la Universidad Católica Argentina (ver recuadro), publicado por todos los medios, es apabullante. Es un trabajo muy serio, pero hasta el más escéptico aceptará que aún a la mitad, cualquiera de esas cifras negativas de la situación social sería escandalosa y preocupante. Esto último por lo que se intenta destacar aquí, a la luz de los hechos de desagregación y violencia social ocurridos recientemente, que se agregan a otros anteriores.
Está latente la posibilidad de que en forma progresiva, o al cabo de otro estallido, el país ingrese en una fase de enfrentamiento generalizado.
Todos los sectores políticos y sociales, en particular los que aglutinan al 25% de la población sumido en la pobreza y el desamparo, cuentan con uno o varios grupos organizados, de alta o mediana capacidad de movilización, o en todo caso de obstrucción y desorden. Muchos de ellos están preparados y organizados para provocar o responder a la violencia, oficial o de otros grupos. La mayoría están eslabonados con un poder superior, político, sindical o social; legal o no. Otros van “por libre”; algunos asociados al narcotráfico u otras formas delictivas.
El entramado de todo esto con la corrupción y la violencia policiales no necesita probarse; está al desnudo.
La confusión entre legalidad e ilegalidad; la “lumpenpolítica”, es explícita, evidente, en algunos grupos piqueteros, o en las “barras bravas” del fútbol.
Por no hablar de algunos sectores sindicales, de los hoy adormecidos “Vatayones militantes” de la agrupación “La Cámpora”; los de Luis D’Elia en Buenos Aires o Milagros Sala en Jujuy, más todo el lumpen proletariado financiado desde el Estado u otros sectores.
Si se agrega la grave inseguridad cotidiana, la mesa está servida para el desorden y la violencia generalizados.
La sociedad no parece estar todavía dispuesta a aceptar eso, pero tampoco a dejar de manifestarse. El pasado jueves por la noche, la televisión daba cuenta de piquetes de vecinos en Avellaneda, Gerli, Flores, Villa Crespo y muchos otros sitios del país, a causa de los cortes de luz. En Avellaneda una mujer había muerto por el calor.
Esos grupos son por ahora pacíficos y no pasan de la quema de algún neumático. Pero no siempre lo han sido, como cuando algunos vecinos incendiaron comisarías. Y podrían dejar de serlo, si las circunstancias los empujan a ello.
Ya hay grupos de vecinos armados y es notorio que la venta de armas se disparó en las últimas semanas.
Puede que esta evolución no se concrete. Pero en el panorama actual de corrupción generalizada, que va desde la propia presidencia al conjunto de la clase política, sindical y empresaria; de colonización de la justicia por adeptos al “proyecto nacional y popular” y de influencia del narcotráfico y otras formas delictivas, la designación de un hombre de la inteligencia militar al frente del Ejército es significativa y preocupante. ¿Un ordine nuovo a la criolla en perspectiva? Para eso haría falta un líder fuerte y el apoyo de la mayoría de los sectores populares, incluyendo de la clase media; lo no es el caso aquí y ahora.
Se presenta más bien la posibilidad de un desorden generalizado y violento, trufado de detalles esperpénticos, a la bolivariana.
Con la designación del general Milani, el gobierno acaba de adoptar abiertamente una deriva “chavista”; es decir implicar a las fuerzas armadas en el “proyecto revolucionario”, hoy por hoy más orientado a salvar la ropa de sus responsables que a alcanzar esa meta grandilocuente.
*Periodista y escritor. En 2012 publicó La encrucijada argentina: República o país mafioso (Planeta).
Cifras de vértigo
El Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA, de la Universidad Católica Argentina), acaba de publicar su informe “Heterogeneidades estructurales y desigualdades sociales persistentes”, según el cual:
- Más de 10 millones de personas (25% de la población), viven en situación de pobreza, sin empleo formal, educación de calidad ni vivienda digna.
- Casi la mitad de los trabajadores, el 40,7%, tiene un empleo precario o hace “trabajos de indigencia”. En los sectores medios-altos, la tasa es del 23,8%.
- Más de la mitad de las generaciones de adultos está excluida del sistema de seguridad social.
- Unas tres millones de personas están mal nutridas.
- Una de cada diez viviendas no tiene agua corriente, y tres de cada diez, cloacas.
- El 37% de los jóvenes no termina el secundario y el 20% no estudia ni trabaja.
- El 12% de los jóvenes entre 5 y 17 años debe hacer alguna actividad laboral.
- Dos de cada 10 hogares requiere alguna asistencia pública. El 25% necesita asistencia social permanente.
- 500.000 hogares no acceden a la canasta básica alimentaria.
Y siguen las cifras en http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo68/files/Heterogeneidad-Estructural-Desigualdad-Economica.pdf
