La asunción de Javier Milei como presidente de Argentina, el 10 de diciembre de 2023, suscitó preguntas que iban más allá de los pronósticos habituales en tales ocasiones. Más que dudas sobre la conducción de la economía, las relaciones exteriores o la construcción de alianzas políticas, su llegada al poder llevó a varios analistas, incluyéndome a mí, a cuestionar la resiliencia de las instituciones democráticas argentinas que, a pesar de sus imperfecciones, han sobrevivido a importantes sacudidas en los últimos cuarenta años.
Elegido presidente sin ninguna experiencia política relevante, Milei realizó una campaña marcada por propuestas ambiciosas, pero poco explicadas, y por una oposición al statu quo que trascendía los espectros tradicionales, apuntando hacia la “casta” política que, en su visión, parasitaba el Estado y condenaba al país al fracaso.
Su victoria colocó a Argentina en la ola global de ascenso de la extrema derecha, fomentando paralelos inquietantes con figuras como Donald Trump y Jair Bolsonaro, cuyas gestiones estuvieron marcadas por ataques persistentes a las instituciones democráticas y intentos de subvertir resultados electorales desfavorables.
Como toque final, Milei eligió como compañera de fórmula a la abogada Victoria Villarruel, una figura igualmente inexperta en política y conocida por relativizar los crímenes cometidos durante la dictadura instaurada en el país en 1976.
¿Sería Milei, un autodenominado anarcocapitalista libertario, de cabellos alborotados, sin ninguna trayectoria político-partidario relevante y que prometía “resetear” el país, una amenaza para la democracia conquistada con tanto esfuerzo? Parte significativa de los análisis que circulaban en aquel momento respondían afirmativamente a esta pregunta.
Incluso antes de su victoria en la segunda vuelta, Milei fue señalado como un riesgo para la democracia y las instituciones argentinas por comentarios hechos en diferentes espectros políticos.
Hasta la revista británica The Economist, crítica persistente del peronismo y defensora temprana de candidatos adeptos al neoliberalismo, calificó al candidato como peligroso, criticando las propuestas económicas de viabilidad dudosa y la relativización de los crímenes cometidos durante la dictadura.
Aunque predominantes, estas visiones conviven con análisis, menos comunes, que cuestionan la idea de que Milei sea una figura autoritaria. Especialmente en el período entre la elección y la asunción, hubo una serie de expectativas de moderación respecto al presidente, alimentadas por la designación de ministros considerados moderados por el establishment y por el abandono, al menos por ahora, de dos de sus promesas de campaña más polémicas: la dolarización total de la economía y la extinción del Banco Central.
Más recientemente, la agenda adoptada por el presidente ha sido objeto de pronósticos positivos y el acuerdo con el FMI, sumado a un celebrado superávit fiscal en enero y febrero, alimenta el optimismo de los mercados. ¿Y en cuanto a la amenaza autoritaria? ¿En qué medida se han cumplido los temores?
Los cien días de mandato cumplidos el pasado día 20 de marzo representan un hito comúnmente adoptado para esbozar interpretaciones iniciales de los gobiernos recién iniciados. Aunque los poco más de tres meses de mandato no permiten ir más allá de un análisis preliminar, el balance hasta ahora contradice las expectativas de moderación: Milei sigue fiel al estilo histriónico y agresivo que caracteriza su vida pública y suscita comparaciones con otros líderes de la extrema derecha.
El polémico discurso en la apertura del año legislativo, frente al Congreso Nacional, es el ejemplo más reciente de este comportamiento que, hasta ahora, es el principal responsable de las dificultades de articulación política que han estado imponiendo reveses al presidente y refuerza las lecturas de que él puede representar un riesgo autoritario.
Agenda fundacional. Desde que asumió el cargo, Javier Milei busca gobernar desde una lógica que parece considerar los votos obtenidos en las elecciones de noviembre como la firma en un cheque en blanco, invistiéndolo de una autoridad prácticamente absoluta.
Ya en las dos primeras semanas de mandato, el presidente lanzó dos iniciativas legislativas que han marcado todo el debate político desde entonces: el Decreto Nacional de Urgencia 70/23 y la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, conocida como “Ley Ómnibus”. Tanto el DNU como la Ley son dispositivos que, en su forma, extensión y contenido, van mucho más allá de un esfuerzo de “terapia de choque”; buscan crear el respaldo legal para que Milei gobierne el país de una manera distinta a la que se expresa en la Constitución de 1994.
No se trata solo de solicitar al Congreso autorización para gobernar con poderes excepcionales, lo cual sería bastante problemático por sí solo, aunque no sea inédito, sino de requerir ese poder para gobernar en la excepcionalidad. Es como si el presidente entendiera que su victoria en las urnas le otorga una especie de poder constituyente, que le daría, y solo a él, legitimidad para refundar el Estado argentino.
El título oficial de la Ley ómnibus, de hecho, denuncia esta intención al hacer referencia al célebre libro de Juan Bautista Alberdi, “Bases y Puntos de partida para la organización política de la República Argentina”, obra que estableció los principios sobre los cuales se redactó la Constitución de 1853.
Es en este sentido que se inscribe la búsqueda de poderes ilimitados. La justificación oficial de que las prerrogativas excepcionales son, en realidad, un requisito impuesto por la gravedad de la situación actual parece más un intento de emular el contexto de la aprobación de solicitudes similares hechas por Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner que una exigencia de los tiempos.
Un punto clave es que la solicitud de poderes especiales hecha por Milei no busca agilizar la actuación del presidente en cuestiones específicas. Juntas, la Ley y el DNU 70/23 tienen más de 1200 artículos que abarcan desde la legislación laboral y la regulación económica hasta cuestiones de seguridad y defensa nacional.
Dicho de otro modo, Milei busca llevar a cabo, con solo dos proyectos de ley, cambios que tienen el alcance de una reforma constitucional, para la cual no tiene legitimidad, porque los electores no votaron por una asamblea constituyente, y sin someter el contenido más profundo de sus proyectos al escrutinio y deliberación legislativa. La decisión de retirar el proyecto de tramitación después del revés en la Cámara de Diputados ilustra claramente la visión de “todo o nada” que guía a Milei en las relaciones con el Congreso.
Un segundo aspecto destacado es que el Presidente no parece estar atento a los resultados de las acciones, decidiéndolas más en respeto a sus convicciones que a los resultados esperados. Milei no hace promesas de recuperación rápida y no ha mostrado, hasta ahora, ninguna preocupación genuina por la construcción de horizontes temporales previsibles para que sus medidas comiencen a tener algún efecto positivo.
Al mismo tiempo, la intransigencia con la que se aferra a su agenda revela un apego casi emocional a las visiones del mundo que lo orientan. En este sentido, Milei parece creer que lidera una cruzada moral, en la que, convencido de actuar según valores éticamente superiores, el presidente se preocupa más por hacer lo que considera correcto que por los resultados posibles de sus medidas, convencido de que, en algún momento que no se puede precisar, los impactos previstos en los modelos teóricos aparecerán.
El camino por delante. El comportamiento histriónico y agresivo de Javier Milei, vociferando eslóganes contra la “casta” y atribuyendo a ella todos los reveses del país, puede producir excelente materia prima para videos cortos que animan a sus seguidores en las redes sociales, pero es evidentemente insuficiente para gobernar realmente el país. Contrario a lo que afirmó el presidente en febrero, sin el Congreso no será posible dar rumbo alguno, sea cual sea, ni a la economía ni a ninguna otra agenda.
En este sentido, la posición de Milei no es solo una muestra de incivilidad, incompatible con la postura esperada del jefe de Estado de una democracia, sino un enfoque altamente desgastante de las relaciones con el poder legislativo. En estos primeros meses, Milei da indicios de sobrevalorar su capital político al esperar que el Congreso se someta a él, y, al tratar sus iniciativas siempre en términos de todo o nada, corre el riesgo de magnificar sus derrotas, socavando aún más su poder.
Al mismo tiempo, el presidente sigue alienando, más que fortaleciendo, su base de apoyo, lo que resultó en un reciente revés impuesto por su propia vicepresidenta, que en Argentina acumula la función de presidenta del Senado.
A la indisposición al diálogo y la resistencia a la negociación se suman, además, una actitud agresiva hacia los movimientos sociales y la firme disposición de reprimir con la fuerza necesaria las manifestaciones populares contrarias. Esto se traduce en una política de seguridad cada vez más dura, destinada a contener la vibrante capacidad de movilización social que es una de las características del país. En conjunto, estos elementos forman un cuadro preocupante que, en mi opinión, refuerza las lecturas que señalaban características autoritarias en Javier Milei.
Evidentemente, el deterioro de la democracia en el país no depende solo de los impulsos antidemocráticos del presidente y la forma en que Milei se enfrenta y aliena a otros actores limita la construcción de los apoyos necesarios para cualquier aventura autoritaria, especialmente en un contexto en el que las Fuerzas Armadas siguen apartadas de la vida política del país.
Sin embargo, la amenaza autoritaria representada por Javier Milei no puede ser subestimada solo porque las condiciones para una escalada autoritaria aún son limitadas. Otras formas de retroceso permanecen posibles y, si se mantiene la forma de conducción adoptada en estos meses iniciales, la presidencia de Javier Milei se encamina a ser la prueba más dura de resiliencia impuesta a las instituciones argentinas en las últimas cuatro décadas.
* Doctor en Relaciones Internacionales. Universidad Estatal de San Pablo (Unesp). Publicado originalmente en The Conversation – Brasil.
