El ex militar Adolfo Scilingo, condenado en España a 1.084 años de prisión por crímenes cometidos durante los denominados “vuelos de la muerte”, operados durante la dictadura militar en Argentina, presentó ante el Tribunal Supremo de España información clasificada de la dictadura militar argentina, para poder solicitar autorización para la revisión de su condena.
Scilingo recibió, a través de su abogado de oficio, el español José Rafael Mariscal Reinoso Jiménez, una providencia o resolución judicial emitida por el Tribunal Supremo de España que le permite pedir autorización a este para, en caso de ser autorizado, poder presentar ante él un recurso de revisión de su sentencia.
Técnicamente, el Tribunal Supremo de España, que es quien lo condenó a 1.084 años de prisión, solicitó una copia de la sentencia a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, donde está archivado el caso de Scilingo y, una vez que la tenga en su poder le dará diez días de plazo al letrado de Scilingo para que “proceda a solicitar de la Sala autorización para formalizar recurso de revisión contra sentencia dictada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en causa penal 798/2007” con la que le condenaron.
Autorización. Es decir que hasta aquí al abogado de Scilingo solo le han permitido pedir autorización al Supremo para presentar un recurso de revisión de la sentencia. ¿Cómo continúa este proceso? Podría suceder que los magistrados del Supremo finalmente no autoricen la presentación del recurso de revisión de la sentencia. “Pero en caso de que sí lo autoricen, le darían al abogado de Scilingo un plazo de 15 días para que este interponga el recurso de revisión. Y, finalmente, que lo dejen interponer un recurso de revisión no necesariamente quiere decir que le den la razón”, según fuentes judiciales consultadas por PERFIL. “Imagina que quienes lo condenaron aún están en el Supremo y no creo que vayan a tirar piedras contra su propio tejado, difícilmente vayan a cuestionarse a ellos mismos su propia sentencia”, agregó la misma fuente.
Esta es la cuarta vez que el ex militar argentino solicita la revisión de su condena, tras tres intentos fallidos. Lo cierto, y tal cual lo explica la notificación emitida por el Supremo español, éste ha tomado la determinación de concederle permiso a Scilingo “para solicitar autorización” para presentar un recurso de revisión de sentencia, según se desprende textualmente de la resolución judicial porque “en la nueva solicitud suscripta por el condenado aparecen hechos y cuestiones no aludidas y, al parecer, no disponibles en los tres anteriores intentos fallidos de revisión”, es decir que en este caso Scilingo aportó documentación nueva que no había sido evaluada por el Tribunal Supremo con anterioridad.
Información confidencial. Entre ésta se encuentra información clasificada referente a la dictadura militar argentina, información confidencial y también secreta, no autorizada por el gobierno argentino para ser divulgada ni presentada ante organismos o instituciones extranjeras, pero que Scilingo decidió presentar igualmente en julio de 2017 y en enero de 2018. “Me he visto obligado a vulnerar las leyes argentinas y a presentar una solicitud de autorización adjuntando información clasificada ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en julio y enero pasados, al no recibir respuesta ni autorización del gobierno argentino ni de las autoridades judiciales españolas para hacer uso de los medios de prueba que incluyen información clasificada de las Fuerzas Armadas argentinas y resoluciones judiciales respecto de mi persona para presentarla en mi caso”, dijo Scilingo a PERFIL al respecto hace unas horas.
Entre toda la información presentada al Supremo español se destaca el certificado de antecedentes penales de Scilingo, emitido por el Registro Nacional de Reincidencia de Argentina, el pasado 11 de marzo de 2018, que dice que “no registra antecedentes penales”, así como un exhorto librado por el ex juez Jorge Urso cuestionando el procesamiento dictado por el entonces Juez Baltasar Garzón dictado sobre Scilingo, así como diversos documentos de la Armada Argentina e incluso las planillas de los “vuelos de la muerte” con sus recorridos, horarios, días y otros datos.
Isabel y Pinochet. También un escrito que data de mayo de 1975, que hace referencia a un encuentro en donde se informó a un grupo de militares sobre la reunión entre Isabelita y el dictador Augusto Pinochet, “quienes firmaron el 18 de abril” de ese año, “el inicio de la Operación Cóndor, con la misión de intercambiar información de inteligencia y realizar operaciones antisubversivas y coordinadas entre las FF.AA. de ambos países”.
El Supremo español ya había rechazado en otras tres oportunidades que el ex militar pudiera presentar un recurso de revisión de la sentencia que lo condenó en 2007 a una pena de 1.084 años de cárcel por delitos de asesinatos y detención ilegal durante la dictadura en Argentina.
En 2010 le denegó la autorización subrayando “la ausencia de fundamento legal para la revisión” de la condena al considerar que no había aportado datos probatorios nuevos que pudieran justificar la revisión, ratificando así la condena de prisión para Scilingo, luego de que también lo intentara el 13 de marzo de 2009, cuando su solicitud también fue rechazada.
La tercera revisión la solicitó en 2016, para lo cual presentó una solicitud de autorización para aportar documentación clasificada y el recurso de revisión de su condena. Pero en esa oportunidad, el Supremo le contestó que no tenía competencia para utilizar documentación clasificada de otros países, que, además, no había visto.
Irrevocable. A todo esto, la condena de Scilingo es irrevocable. “La reforma impulsada por el gobierno español para limitar la investigación judicial a delitos cometidos dentro de España no modifica la condena a 1.084 años de prisión”, explica Enrique Santiago Romero, abogado experto en DD.HH., quien impulsó la acusación popular en el caso Scilingo aquí, en nombre de Izquierda Unida, y la acusación particular en nombre de distintas víctimas argentinas (Graciela Palacio de Lois, viuda del desaparecido en la ESMA Ricardo Lois); la familia del senador socialista Pizarello, secuestrado en Tucumán y que apareció muerto tras ser torturado, y otras familias.
En 2005, Scilingo fue condenado a 640 años de prisión, que luego, en 2007, fueron elevados a 1.084 por una sentencia del Tribunal Supremo de España que consideró los delitos de asesinato y detención ilegal cometidos por él en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) como “crímenes contra la humanidad”. “Por entonces, a Scilingo se le aplicó la llamada justicia universal y, una vez dictada sentencia, no hay vuelta atrás. La condena se basa en el principio de jurisdicción universal y contrarresta la impunidad de la que se benefician los genocidas”, explica Santiago Romero.
La condena por treinta asesinatos cometidos en dos “vuelos de la muerte” durante la dictadura, de acuerdo con el derecho internacional, se le aplicó en 2007 y es irrevocable. El Tribunal Supremo también condenó a Scilingo como autor de un delito de detención ilegal y como cómplice de 255 secuestros, estimados en el tiempo de su estadía en la ESMA.