En la historia de la humanidad no hubo ninguna batalla que se haya ganado sin un plan estratégico. Desde las Guerras Mitológicas hasta los conflictos modernos, la victoria siempre ha sido fruto de la anticipación, la preparación y la habilidad para adaptarse a condiciones fortuitas del campo de batalla. Alejandro Magno, Napoleón Bonaparte o José de San Martín, todos tuvieron en su mente una estrategia definida antes de vencer a su enemigo.
En los tiempos actuales, la humanidad enfrenta un desafío particular frente a las máquinas. Si bien no se trata de un conflicto bélico, estamos sumergidos en una lucha de comprensión y adaptación a una etapa que promete ser paradisíaca: la era de la inteligencia artificial generativa (IAG).
Si logramos adaptarnos y convivir con las tecnologías que nuestra propia especie desarrolla, podremos aprovechar las bondades de herramientas digitales que están redefiniendo los límites de lo impensado.
Es necesario tener en cuenta que la tecnología actual puede emular el comportamiento humano a gran escala y generar contenido sintético con enorme precisión. No se trata entonces ya de simples automatizaciones que replican un conocimiento experto; hablamos de sistemas inteligentes que pueden alcanzar la biología sintética, la simulación física de partículas, decodificar señales cognitivas y ni hablar de predecir soluciones jurídicas.
Por eso, es tan importante que se establezcan reglas claras de juego. En otras palabras, si las condiciones del partido que jugamos favorecen a la parte dominante, en este caso, la tecnología, la persona usuaria solo tiene un resultado asegurado: perder.
La Unión Europea ya marcó su posición en este nuevo escenario, elaborando, discutiendo y promulgando una normativa que no solo permite aprovechar las ventajas que la IA ofrece, sino que también protege a las personas de los riesgos que cada sistema puede ocasionar. A la par, Estados Unidos se encuentra en la constante tarea por elaborar una normativa de carácter federal que tenga un enfoque basado en los derechos que garantiza su Carta Magna. China, a su manera, ajusta sus normas a los intereses socialistas que su forma de gobierno promueve y la protección de los valores que pregona.
En definitiva, ya nadie cuestiona que la IA, generativa y de cualquier otro orden, debe ser regulada a través de un marco legal que establezca condiciones generales de promoción, desarrollo y utilización responsable.
Frente a esta situación crítica, lamentablemente nuestro país continúa en la senda de la incertidumbre. Con algunos intentos de establecer marcos estratégicos (2018 y 2022) y promulgar algunas leyes (2023), Argentina insinúa más de lo que hace. Los esfuerzos se topan a diario con la inercia que genera la falta de consenso político y la ausencia de una visión estratégica enfocada en el interés general de la población.
Tal vez, ante este panorama legislativo corresponda incursionar en un sandbox regulatorio, un entorno de prueba supervisado en donde se pueda experimentar la adopción de esta nueva tecnología sin las restricciones completas que establecería una ley. Esta puede ser una táctica disruptiva al nivel de los saltos evolutivos tecnológicos.
Más allá de eso, lo que está claro es que el Estado tiene que tomar cartas en el asunto. Los aletargados procesos legislativos dejan sin protección a una ciudadanía que acentúa cada día su condición de vulnerable frente a la demora en los procesos, la falta de transparencia, los altos costos de los servicios, las barreras en el acceso a la información y la ausencia de rendición de cuentas.
Para precisar un sector que sufre el impacto, basta con mirar a las instituciones judiciales. La ausencia de legislación específica obliga a la magistratura a operar con un activismo sin precedentes que conlleva a identificar, interpretar y aplicar principios legales que no fueron pensados para este paradigma.
Por supuesto que su mandato exige una debida diligencia, pero es comprensible que generaciones analógicas no tengan capacidad para abordar adecuadamente el tenor de presentaciones realizadas por ChatGPT, gran exponente de la IAG. La proliferación de estas herramientas entre profesionales del derecho, a menudo utilizadas sin la formación necesaria para su empleo adecuado y responsable (como ha sucedido en Bolivia, Brasil, Colombia, Estados Unidos, etc.), resalta la urgencia de sancionar programas de capacitación obligatoria para este sector, tal como se hace con otras materias sensibles.
Por todo ello, es crucial que Argentina tome cartas en el asunto para equilibrar el uso de la tecnología con la protección de los derechos. La historia nos demuestra que solo con estrategias claras que se adapten al contexto preciso se pueden superar los obstáculos que se presenten.
El desafío consiste en asumir un rol protagónico para que la tecnología amplíe nuestras capacidades sin comprometer nuestros derechos fundamentales. La visión estratégica será clave en esta nueva era donde coexisten humanos y máquinas sofisticadas.
Sin plan, no hay paraíso.
*Abogado experto en nuevas tecnologías.
