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economia kirchnerista

Un modelo que arrancó a pleno y luce agotado

En 2006, reaparece con fuerza la inflación y la recuperación inicial cede terreno. La crisis golpea en 2008, después de la guerra con el campo. Cede la creación de empleo.

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Los promedios, se sabe, son engañosos. En los últimos diez años, por ejemplo, la economía creció 6% en promedio pero con un pico de 9,2% en 2005 y 2010 al 1,9% del año pasado. Así, en el análisis de lo que el kirchnerismo llama “década ganada” se pierden los últimos años de déficit fiscal, alta inflación y bajo crecimiento, justificados oficialmente por la crisis internacional, con un talón de Aquiles que es el caballo de batalla kirchnerista: la distribución social.

El contexto de recesión en Europa, muy bajo crecimiento en Estados Unidos y desaceleración en China y otros compradores asiáticos repercute en la demanda de productos argentinos –aunque no en el principal complejo de exportación, el sojero–, pero el deterioro de las variables macroeconómicas erosiona el entramado social, pese a la mayor cobertura, en especial por el recurso sistemático de barrer la inflación abajo de la alfombra. La gran ancla inflacionaria fue el congelamiento de tarifas y un entramado de subsidios dirigidos no sólo a los sectores más necesitados, salvo intentos tímidos de reducir en algunos barrios los que reciben los servicios públicos, o la implementación –con promesa de una segmentación– de la SUBE en el transporte.

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Así, ante el “reacomodamiento de precios” –como definió la inflación el entonces ministro de Economía, Amado Boudou– y la manipulación de las estadísticas oficiales, “alrededor del 35% de los trabajadores en relación de dependencia continúan desprotegidos, los niveles de desigualdad bajaron escasamente y la pobreza y la indigencia disminuyeron con extrema lentitud, lo cual se explica en gran medida por el nivel real de los salarios”, detalla en el Plan Fénix Javier Lindenboim en un balance de la pobreza en los últimos diez años.

“Hubo mucho aumento del empleo, en particular en los años inmediatos a la resolución de la crisis. Pero luego parece haberse encontrado una barrera para continuar en esa forma. El ritmo de creación de empleo cae a un tercio o un quinto en los trienios siguientes”, dice el informe de pobreza difundido por el grupo de economistas que aportó al Gobierno ideas para el desarrollo industrial.

“El deterioro económico se evidencia con la crisis del campo. Ya en ese momento se empieza a perder el efecto de recuperación salarial. Y para sostener la rentabilidad, el Gobierno entiende que había que sacar más del sector agrario, lo que derivó en la pelea por la 125”, el proyecto de retenciones móviles a la soja, explica el historiador especializado en Economía Juan Kornblihtt, del Centro de Estudio e Investigación en Ciencias Sociales (Ceics). “La inflación empieza a acelerarse hacia 2006 y el quiebre es 2008. Está muy vinculado a la crisis con el campo. Cuando se puede aplicar la 125 lo que comienza a hacer el Gobierno es usar el tipo de cambio para sacar lo que intentó hacer a través de una ley –y no pudo–. La inflación, entonces, aparece como mecanismo de reparto”, agrega el historiador.
De 2003 a 2012 se produjo una mejora en términos reales de los ingresos de los trabajadores protegidos, de un 40%, porcentaje que no llega a 30 en el caso de los precarios.
“La brecha no sólo no desaparece sino que se acrecienta. Hemos tenido después de la crisis una intensa recuperación económica impulsada por un cambio esencial en las condiciones económicas internacionales, basada en el aprovechamiento inicial de la capacidad instalada puesta en movimiento a partir de la enorme devaluación de 2002”, estima Lindenboim, para quien desde 2011, sin haber crisis, el país está otra vez en una encrucijada, en particular en la distribución y el ingreso. En términos de indicadores sociales, la cobertura jubilatoria casi se duplicó en diez años, de 3,1 millones a casi 6 millones, aunque el 70% cobra el haber mínimo, y la Anses dilata los juicios por actualizaciones.
En 2009, el kirchnerismo puso en marcha una idea con la que la oposición lo corría por izquierda: la asignación universal por hijo, que hoy alcanza a 3,7 millones de chicos con el objetivo de reducir la indigencia y la pobreza y aumentar la escolarización y los controles básicos de salud.
“Todos los parches a las inconsistencias arrastradas desde la etapa anterior se mostraron insuficientes para contener las presiones por todos lados a la política económica, empujando un cambio de régimen. Este período apagó el crecimiento. La inversión se desplomó y la economía dejó de generar puestos de trabajo en el sector privado y puso en peligro los logros en inclusión social, porque el empleo es el arma más poderosa para crear oportunidades de progreso. Y la inflación deteriora el poder adquisitivo de salarios y subsidios”, evalúa el ex secretario de Industria Dante Sica, titular de la consultora Abeceb.com.

Según las cifras de la UCA, al trabajo en negro del 35% se suman niveles de pobreza máximos del orden de 26,9%, que, en cambio, para el Indec, sólo llegan el 5,4 por ciento.