Las reiteradas falladas políticas energéticas en su conjunto, en particular la de tarifas, no dejan de sorprender a los especialistas del sector por su reiterado fracaso recursivo. La ciudadanía, desde doña Rosa hasta los presidentes de empresas nacionales e internacionales que invierten en la Argentina, tiene derecho a conocer por qué el sector pasa por situaciones dramáticas y extremas, como las que estamos transitando en la actualidad.
En febrero de 2016, junto a Luciano Codeseira, escribimos un artículo que no deja de tener vigencia y demuestra que nuestra dirigencia política no aprende de sus errores y sus consecuencias. Comparto un fragmento: “En el marco de un nuevo paradigma (nuevo gobierno-presidente Macri), es sabido que las decisiones en el sector energético de los gobiernos de Néstor Kirchner, primero, y de Cristina Fernández de Kirchner después, se caracterizaron por mantener el congelamiento tarifario, postergando las renegociaciones contractuales cuanto fuera posible, y aplicando fideicomisos y subsidios para cubrir parcialmente los mayores costos del mantenimiento o ampliación en la cobertura del sistema (... ). En un camino repleto de curvas y vías recursivas, se fue edificando un entramado regulatorio sumamente inestable, con el resultado de inequidades, reducción de inversiones y la consecuente caída de producción. Sucede que, para un mercado caracterizado por inversiones que se cuentan en cientos o miles de millones de dólares, no hay nada más incompatible que las inestabilidades regulatorias (...). Un repaso de este largo recorrido en términos de retribución al gas en boca de pozo resulta bastante sintomático de lo ocurrido en el pasado cercano, más aún considerando que gran parte de los nuevos incrementos eran cobrados a destiempo y en algunos casos como herramientas de presión para negociar nuevos acuerdos”.
Para que el lector entienda la manipulación del precio del gas y las tarifas realizada varias veces, y con el objeto de aclarar cómo se forma, según la ley del gas, la tarifa final a pagar por el consumidor, describimos su estructura de costo: la tarifa final se conforma por (i) el precio de gas en cuenca (punto de ingreso al sistema de transporte), que según la ley es de libre disposición y precio para el productor, libre acuerdo entre partes; (ii) la tarifa de transporte –regulada por Enargas (tarifa justa y razonable) para transportar por la red troncal de gasoducto desde la cuenca a la cercanía de los centros de consumo, y (iii) la tarifa de distribución regulada por Enargas (justa y razonable) para transportar el gas desde el gasoducto troncal hasta los consumidores mediante la red de distribución de la distribuidora.
Entonces, el precio del gas debería ser un acuerdo entre privados, y las tarifas de transporte y distribución las debe definir el Enargas por un proceso transparente conocido como Revisiones de Tarifas, que debe ser corregido y auditado cada cinco años, según la Ley del Gas (Ley 24.076).
A partir de 2002 y hasta 2017 dejan de cumplirse estos mecanismos, y es el Estado el que establece el precio del gas que el productor vende a los clientes (residenciales, industrias, centrales térmicas, GNC) en forma discrecional y las tarifas se congelan.
La penúltima revisión tarifaria fue en 1998, la siguiente debía haberse realizado en 2003, pero no se llevó a cabo argumentando la ley de emergencia económica. La segunda revisión recién se concreta en 2017. En esta oportunidad es cuando se inicia el proceso de normalizar las tarifas en pesos, en forma gradual y ajustadas por una canasta de índices de precios (salarios, mayoristas) cada seis meses.
De manera que, a partir de 2002, las tarifas y el precio del gas que se habían utilizado en la convertibilidad pasaron a ser, por la pesificación y la devaluación, la tercera parte de su valor en dólares. En resumen, desde 2003 a 2015 nunca se decidió recomponer el sector porque había que pagar los platos rotos del congelamiento del precio del gas residencial y de centrales térmicas, así como las tarifas. O sea, formaban parte del relato político para permanecer en el poder (recordemos las tarifas del transporte público).
Durante el gobierno del presidente Macri (12/2015 a 12/2019), se normaliza progresivamente el precio y las tarifas del sector, primero ordenando el Enargas (intervenido desde 2003 hasta 2017) mediante el llamado a concurso (2016) para cubrir los cargos de sus directores (elegido por el Congreso Nacional), con el objeto de que volviera a funcionar como un ente autárquico independiente. Ya en funcionamiento el nuevo directorio, el Poder Ejecutivo le pidió al Enargas el llamado a concurso para realizar la revisión integral de tarifas, que se concreta en 2017, para normalizar las tarifas de transporte y distribución según la Ley del Gas. Una vez concretada, se aplica en forma escalonada durante tres semestres. Por su parte, el precio del gas para industrias ya era libre entre partes, el de centrales térmicas lo recompone inicialmente el gobierno y, luego, se define mediante subastas libres entre centrales y productores, y el precio del gas para el sector residencial inicialmente con un sendero hasta que, finalmente, su precio se define por una subasta libre entre el representante de los residenciales (distribuidoras) y los productores. En abril de 2019, precios y tarifas estaban normalizados. Después de las PASO de ese mismo año, la expectativa generada de la futura elección no fue muy favorable y, tras el derrumbe de las acciones argentinas en Wall Street y la Bolsa argentina, la moneda se devaluó fuertemente, se intervino el mercado y volvieron a renacer el dólar oficial y el dólar blue.
Con la llegada al Gobierno de Alberto Fernández, el Congreso declaró en diciembre de 2019 la Ley de Emergencia Económica, el Poder Ejecutivo intervino por DNU el Enargas, forzó a sus directores a retirarse de su cargo y, a partir de allí, retomó la política de precios y tarifas similar a la del período 2003 a 2015. La salvedad fue la implementación del Plan Gas, que evitó que nos quedáramos sin gas y permitió el desarrollo de Vaca Muerta y su producción. En aquel momento el relato indicaba que el precio del gas no debía ser en dólares. El gobierno decreta el Plan Gas para asegurar un precio en dólares oficiales al productor (que aplaudo que se haya concretado), acordado libremente entre la demanda residencial y la de centrales eléctricas y el productor, con un precio máximo de mercado (similar al formador de precios EE.UU. Henry Hub). Este precio no es trasladado al cliente final, y el Estado se responsabiliza de cubrir la diferencia (subsidio al consumidor para pagar un precio justo del gas). Este compromiso dejó de cumplirse a mediados de 2023.
Conclusión: si se repite una política errada, se comete el mismo el error, pero agigantado, a esto se conoce como necedad. En diciembre de 2024, el nuevo gobierno recibió agravado el mismo resultado que en diciembre de 2015. Hoy lo revivimos, pero en un entorno peor de las variables macroeconómicas, y con una inflación de 2023 de más del 200%. Con las deudas por el subsidio al gas incumplido y las tarifas tan atrasadas que lo recaudado no permite el adecuado funcionamiento de operación y mantenimiento del sector.
No debemos sorprendernos por los tarifazos que sufrimos en este entorno tan triste y difícil para nuestro país. Hay una causa y motivos de tan tremenda situación. Tengamos memoria.
Aquel artículo de febrero de 2016 tenía un final que hoy también es válido tanto para el gas como para otros sectores: “Aunque se trata de buscar esquemas necesarios, pero muy dolorosos para corregir los errores, parecería que empresarios, gremialistas y políticos necios no quieren reconocer nuestra real y dramática situación y, por el contrario, buscan exclusivamente cubrir el impacto a su propio sector o aprovechar la oportunidad para sus intereses personales, poniendo como rehén a la opinión pública. Éste es el momento en el que Argentina requiere del esfuerzo de toda la sociedad, posponiendo las posiciones encontradas y dando ejemplo a las futuras generaciones, para demostrar que somos capaces de construir una nación”.
Hoy creo que la opinión pública ha madurado y resiste con estoicismo esta transición.
*Director del Instituto de Energía de la Universidad Austral.
