Tras las repercusiones que ubican a Uruguay como parte de la ruta de los 55 millones de euros que Báez habría fugado de la Argentina, esta semana el gobierno uruguayo desmintió que su territorio sea un paraíso fiscal. El vicepresidente Danilo Astori dijo que su país “tiene una rigurosa normativa en la materia”. A pesar de esto, Uruguay sigue figurando en los listados de territorios con bajos estándares de transparencia fiscal organismos especializados en el tema, como el de Paraísos Fiscales INFO. Además, el pasado no ayuda. El investigador Kessler recuerda que en los años 90 existían corresponsalías de bancos mayoristas en tierra uruguaya. Por ejemplo, en el reconocido caso IBM-Banco Nación el dinero desde Buenos Aires fue primero a Uruguay, luego a Nueva York y más tarde a Suiza. En ese momento había un secreto bancario tan serio que era muy difícil de violar, y en relación con el día de hoy el miembro de Unidos por la Justicia opina: “Me parece que el secreto bancario subsiste y eso no permite que se pueda avanzar en las investigaciones de estos casos”. El lavado de dinero puede llevarse adelante de muchas maneras, una de ellas es la inversión en el mercado inmobiliario. “El que lava siempre está dispuesto a perder con la simple razón de ingresar dinero al mercado lícito” , sentencia Kessler.
Por su parte, Roberto Bulit Goñi agrega que “las plazas financieras, incluida la uruguaya, tienen más cuidado en prevención de lavado que lo que la gente cree”. Aunque cualquier sistema de seguridad puede ser eludido en una actividad tan difícil de detectar. Por ejemplo el tráfico transfronterizo se puede realizar por “pitufeo”, viaje de personas que actúan como pasadores y que luego depositan el dinero en cuentas bancarias de terceros, para después transferir montos bajos a diversas cuentas, nesting.
Desde el gobierno uruguayo insisten: “no somos un paraíso fiscal porque así lo indica el sistema tributario; su rigurosa normativa en materia financiera y por supuesto la pionera, porque ha sido pionera en la región, legislación que Uruguay tiene en lavado de activos”.