Violencia en las calles: el fracaso de la política

Las escenas de la violencia y la represión han desatado fantasmas diversos, de pasados más y menos recientes, en los que conviven la insurgencia guerrillera y la huida del presidente en un helicóptero. A pesar de lo que se dice, creo que la historia no se repite, ni siquiera como farsa. Se repiten los fantasmas, las creencias y cierta miseria de las ideas en la escena pública política. (“Miseria de las ideas” es una expresión que acuñó Carlos Altamirano en los 90 e invita a pensar aquella época y ésta). Respecto de la violencia, lo que veo son diversos escenarios y actores.

La facción maximalista sueña (o más bien alucina) con el asalto al Palacio de Invierno. En criollo, sería un nuevo Argentinazo que arrastre no sólo al Gobierno sino al sistema político, la CGT, el poder económico, las instituciones del poder burgués, etc. (Si creen que exagero, vayan y vean la página del MST). Algunos, imbuidos del mismo fantasma, evocan la violencia revolucionaria y ven allí un retorno, así sea en germen, de la guerrilla de los 70. Y por supuesto, lo sepan o no, convocan la represión de los 70. No pienso en la dictadura sino en la represión que el peronismo, el de Perón y el de Isabel, descargó sobre la política y la sociedad, en la transición a la dictadura. Hay que ser muy claro en estos tiempos en que una ministra de Seguridad se viste como un Rambo en diversas operaciones de guerra: por muy repudiable que sea el ataque en banda con piedras y palos, no hay comparación posible con la metralleta y el asesinato político sistemático.

Por otro lado, está la violencia aportada por grupos de desclasados y barrabravas incorporados a la política como una fuerza de choque sin principios que actúa al servicio del que asegura mejores beneficios. No estoy seguro de que eso haya empezado con Menem, pero ahí ya estaban. El fenómeno ha crecido en el Conurbano con las redes de ilegalismo y corrupción que asocian la política, la policía y algunos negocios. La marginación y la miseria han alimentado y engrosado los contingentes disponibles, eso que clásicamente se llamaba el lumpenproletariado. El problema no es nuevo y parece ya incorporado a las prácticas habituales. Lo menos que puede decirse es que hay una dosis considerable de hipocresía en los grupos políticos que denuncian esas formas de la violencia en el mismo momento en que se sirven de ella en lo que se llama “el territorio”. Hay bastantes evidencias de la presencia de esa mano de obra en intendencias y sindicatos, pero también en el conglomerado de gobierno que ha recibido mucho de la cultura y las prácticas del peronismo. Pero se debe reconocer que nadie ha hecho más que el cristinismo para exaltar el “populismo negro” de barrabravas y caciques de las orillas de la sociedad como modelos de la pasión militante. Ahora algunos quieren desprenderse de esa violencia denunciando a los “infiltrados”, otra figura muy vieja en los estereotipos discursivos de la política que siempre se usó para eludir las propias responsabilidades en las consecuencias indeseadas de una acción. Y es oportuno recordar que no es exclusiva de la izquierda: Perón llamó “infiltrados” a los Montoneros cuando los echó de la Plaza.

¿Qué debate serio puede darse acerca de las relaciones sobre la violencia y la política si los que deberían sentirse convocados rechazan mirarse en ese espejo y se dedican a jugar al gran bonete? La escena parlamentaria puede ser abordada como un teatro que exhibe formas y vicios de la política que no nacieron en estos días. La oposición, todos mezclados, usaba la violencia en la calle para hacer caer la sesión. Pero bloquear sesiones se ha convertido en un recurso común de la acción parlamentaria. El quórum ha dejado de ser una condición reglamentaria y se ha convertido en un arma habitual destinada a impedir el debate y la sanción legislativa, sin que este uso contrario a los fundamentos mismos del poder del Parlamento haya sido hasta ahora objeto de debate.

 Lo mismo puede decirse de la autonomía del Legislativo, sede de uno de los poderes del Estado. Es repudiable que se haya pretendido subordinarlo, incluso con coacción y cierta violencia, a acontecimientos y decisiones que venían de la calle. Pero cualquiera que siga de cerca el funcionamiento parlamentario sabe que hace tiempo que los legisladores han dejado de ser un poder autónomo para convertirse en lo que se ha caracterizado gráficamente como una escribanía del Ejecutivo. Y las formas en que la coalición gobernante ha gestionado y llevado adelante el trámite de los proyectos de ley surgidos del acuerdo con los gobernadores no hacen sino confirmar ese rumbo. La insignificancia del Parlamento se hace más nítida porque un Gobierno en minoría en las cámaras prometía un camino de negociaciones y acuerdos, algo más parecido a un régimen semiparlamentario como el que soñaron Raúl Alfonsín y Carlos Nino. El Gobierno hace lo suyo para que aquellas promesas queden como vanas ilusiones, aplastadas por la imposición de los hechos consumados, el rechazo de la discusión y la fobia de las ideas. El Poder Legislativo se vacía de contenido si solo se trata de usar el número para rechazar el debate, así como los otros lo usan directamente para impedir las sesiones.

Las consecuencias están a la vista, es el fracaso de la política. (Nobleza obliga: se lo escuché decir a Julio Bárbaro en un programa de televisión; y esta vez creo que da en el clavo). Es fácil verlo en un cristinismo fracasado y sin ideas, con su jefa acorralada, inclinado a usar el Congreso como una tribuna de denuncia, un espacio que sea sobre todo un eco de las luchas decisivas que están en otra parte, en la pueblada y el helicóptero. Hoy se enfrenta a la disyuntiva de acentuar un rasgo antisistema que lo reúne con el izquierdismo cerril, con el que coincide en algunas consignas y en las movilizaciones. Pero no es lo mismo gritar “Volveremos” y evocar la Resistencia peronista que imaginar una república de los soviets. Como dice el proverbio chino: “Duermen en la misma cama pero acarician distintos sueños”.
Finalmente, el Gobierno ha hecho poco y nada para impulsar un debate responsable sobre la violencia. Además de separar la protesta social legítima de la provocación organizada contra las fuerzas de seguridad, denunciar el putchismo, ridículo y a la vez peligroso, de minorías que se marginan de la arena política, ese debate debe incluir algo que nunca se discutió en serio en la Argentina: ¿cómo encarar una gestión democrática de las fuerzas de seguridad? ¿Cómo salir del vaivén entre inacción y represión brutal en el resguardo del orden público? Es un tema que merece un tratamiento más extenso, que comience por reconocer que la “seguridad” no es una cuestión sencilla y es algo más que un tema policial; se sitúa entre lo que es del orden de la prevención y la acción contra el delito, y el monopolio estatal de la violencia, y lo que concierne a la protección social de necesidades y derechos. Ahora bien, cuando en la represión del jueves 14/12 agentes no identificados (según testimonios publicados en este diario) preferían tirar contra periodistas y no contra los que producían los desmanes, ¿seguían instrucciones de sus superiores o actuaban según sus propias y brutales inclinaciones de odio hacia la prensa, que es lo mismo que decir hacia el control público de su acción?

 Las prácticas de la seguridad-represión sin adecuado control terminan invariablemente en las zonas oscuras de los ilegalismos estatales. Aquí y en todos lados, sin gestión institucional democrática, el monopolio de la violencia transgrede derechos y garantías: “gatillo fácil” es la expresión condensada de esa degradación de un moponolio que pierde su legitimidad en el ejercicio. ¿Por qué a los periodistas? Pregunten al ex comisario Alfredo Fanchiotti, preso por el asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán a partir del testimonio gráfico aportado por el periodismo. Para esa policía “brava”, la colusión con los violentos es objetiva y no requiere de infiltrados, aunque los haya, en la medida en que parece justificar la acción represiva desproporcionada; es el periodismo, en cambio, el que puede refutar ese pacto.

 El problema está abierto y al parecer en el Gobierno hay diferentes posiciones. Pero no hay señales de que algún núcleo representativo esté dispuesto a discutir la seguridad a partir de otras premisas. En lugar de organizar ese debate y convertir ese problema en una cuestión de Estado, desde la cúpula del Gobierno se postula la peregrina idea de que quienes tienen el monopolio de las armas tienen también el privilegio de la verdad sobre su acción, lo que equivale a cierta impunidad de ejercicio, aunque ahora, hay que reconocerlo, las balas de goma reemplazan (casi siempre) a las de plomo en lo que sin duda es un avance en la civilización de la violencia.

*Psicólogo y escritor.