La reciente devaluación, la inflación creciente y las restricciones generales impuestas en la economía redundará en una profundización del deterioro de las condiciones de subsistencia en todo el país que, además, como ya lo he marcado en otros momentos de la historia, tendrá una correlación con el aumento de los delitos violentos.
Si bien no contamos con información agregada relativa a los delitos acontecidos en los últimos 12 meses, ya que el Ministerio de Seguridad dejó de realizar estadísticas sobre la evolución de la inseguridad en nuestro país, los indicios son preocupantes. En Santa Fe, por ejemplo, se detectaron los niveles de violencia más importantes de los últimos 7 años, registrando 324 homicidios en el período enero-octubre de 2023. Por su parte, a nivel nacional la tendencia delictiva de los últimos 3 años registrados advierte un incremento de los robos y hurtos superior al 25%, sobre todo en zonas del conurbano bonaerense y distritos como Mar del Plata.
Todos pudimos percibir claramente cómo se retrocedió en materia de seguridad durante la gestión del gobierno que acaba cumplir su mandato, se dejaron de lado las políticas claras, coordinadas, además de la operativa y la inversión en herramientas de trabajo, capacitación para las Fuerzas Federales y en cada una de las policías provinciales. Solo con ver el estado de los patrulleros alcanza para que uno pueda tomar magnitud de lo que sucede. Ministros que en medio de la crisis se tomaron licencia y fuerzas federales sin medios aéreos para trasladarse por el país, presentan un panorama complejo que dejó a las organizaciones criminales con terreno fértil para sembrar violencia y negocios ilícitos.
Paralelamente, este panorama sombrío se completa con una justicia ausente y evitativa de responsabilidades, que libera delincuentes a diario; y un sistema penitenciario en el que el hacinamiento y los privilegios conviven en un contexto en el que muchos de los delitos violentos que acontecen día a día en las calles de las principales ciudades del país son coordinados desde los penales a través del uso de celulares.
En este contexto general, poco alentador, hay un cambio de gobierno y por ende una nueva oportunidad de resolver uno de los flagelos que más preocupa a cada uno de los ciudadanos: la seguridad. El Estado tiene la obligación de tomar cartas en el asunto y las primeras medidas parecerían indicar que se va en la dirección correcta.
El Presidente Javier Milei decidió apostar por lo seguro, nombró a la Dra. Patricia Bullrich al frente de la cartera de Seguridad. Con esta decisión se constituye un potente mensaje a las organizaciones criminales, a las fuerzas de seguridad y a la sociedad en general, porque el valor fundamental es la decisión política de llevar adelante las acciones necesarias para cambiar la realidad.
Un claro ejemplo de cambio de paradigma fue la implementación del Operativo Bandera en Rosario, que incluye el redespliegue de Fuerzas Federales, la coordinación operativa con la provincia, la justicia y la evolución de una operación semi estática a un posicionamiento basado en inteligencia e investigaciones. Además del desbaratamiento del esquema de lavado de activos del clan narco liderado por Mameluco Villalba, y el traspaso del Sistema Penitenciario Federal al Ministerio de Seguridad y la ANMAC, son muestras cabales de que las prioridades son claras y que no se perderá tiempo.
Por su parte, a nivel provincial, también se destacan aspectos que son dignos de ser mencionados.
En Entre Ríos, por ejemplo, se designó como ministro de seguridad al Crío. Gral. (R) Néstor Roncaglia, quien fuera jefe de la Policía Federal entre 2016 y 2019 y con quien por obvias razones la ministra de seguridad de la nación tendrá coordinación operativa garantizada. Roncaglia trabaja en equipo y sabe que el secreto es compartir información, con el objeto de abordar investigaciones que ataquen a las grandes organizaciones criminales, sin descuidar la presencia concreta en el territorio a partir del despliegue de las fuerzas para resolver los problemas al ciudadano de manera inmediata.
Por otro lado, la Ciudad de Buenos Aires tiene una gran oportunidad de cambio con la nueva gestión. Jorge Macri, que ya ha demostrado que la seguridad es uno de los ejes de gestión en su paso por Vicente López, ha elegido una dupla ministerial compuesta por Waldo Wolf y Diego Kravetz que resulta balanceada y experimentada. El ministro tendrá un rol estratégico, mientras que el secretario de seguridad, con basta experiencia en la materia tras su exitoso paso por Lanús, estará a cargo de la operatividad, reuniendo tras de sí la responsabilidad de ser además el jefe de policía.
Los indicios de que la gestión prioriza entre otras cosas el orden público se vieron desde el día uno. En este sentido, se removió a la cúpula policial, en un mensaje de autoridad y conducción, se abordaron los piquetes en el centro porteño y se desalojó Plaza Lavalle y Plaza de Mayo. Ahora el desafío es recuperar a una policía de más de 26.000 efectivos, que debe retomar los lineamientos de su creación y volver a ser el referente a nivel nacional en materia de profesionalismo y transparencia.
Como podemos apreciar, a pesar del complejo panorama, hay un contexto que permite pensar que hay oportunidades reales de que la situación en materia de seguridad pueda mejorar en el mediano plazo, con disminuciones concretas en las tasas delictivas y limitando la capacidad del crimen organizado a partir de la optimización de la coordinación operativa en muchos distritos a nivel federal.
