A un mes que el Equipo de Investigación de Editorial Perfil revelara que el director nacional de Forestales de la Secretaría de Agroindustria, Nicolás Laharrague, giró durante 2018 más de $ 4 millones del Estado hacia sus propias empresas familiares, el funcionario deberá responder ante la Cámara de Diputados de la Nación por la presunta desviación de fondos públicos para su beneficio personal. Así lo determina un pedido de informes que se presentó ayer en el Congreso sobre Laharrague, quien la semana anterior fue escrachado por decenas de personas en las inmediaciones de su oficina.
El pedido de informes al que tuvo acceso el Equipo de Investigación lleva la firma de los diputados nacionales Martín Doñate, Rodolfo Tailhade y José Arnaldo Ruiz Aragón. El documento, que cita los artículos periodísticos publicados en la revista Noticias y en Perfil.com, afirma que “se debe controlar la utilización de los beneficios que se otorgan en cumplimiento de las leyes y presupuestos que aprueba Honorable Congreso de la Nación y prevenir la impunidad con la que ciertos sectores concentrados de la economía administran y manipulan beneficios fiscales otorgados por leyes para su propio beneficio”.
Por eso, se le exige a Laharrague que presente la cantidad de dinero que recibieron las empresas vinculadas al funcionario por la Ley de Promoción Forestal durante su gestión y también en los últimos 10 años. “Es inaceptable tolerar que las empresas que reciben los beneficios, sean sus dueños en la función pública”, sentencia el escrito que sería tratado en Comisión esta semana.
Como se publicó en la Revista Noticias el pasado 4 de mayo, Laharrague utilizó un plan de subsidios no reintegrables para enviarle un total de $4.018.970, 20 a la compañía Puerto Laharrague S.A, donde el funcionario fue hasta 2017 uno de sus directores. Sin embargo, esta empresa forestadora de la provincia de Misiones quedó en manos de cuatro familiares directos de Laharrague. Actualmente, el presidente es su padre, Miguel Juan Andrés Pedro Laharrague de Gouy Darsy; el vicepresidente es su hermano, Pablo León Laharrague; y los directores titulares son su hermana, María Helena Laharrague, y Carlos Scarnichia, quien está casado con Isabel Laharrague, prima del funcionario.
Además, el pedido de informes también reclama las justificaciones del despido de dos trabajadores de la Secretaría de Agroindustria, que sucedieron la semana anterior y que generaron protestas en el edificio que se ubica en Paseo Colón al 900. Se trata de un coordinador del área de forestales con más de 20 años de antigüedad y otro empleado que se oponían a las políticas implementadas por Laharrague y desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) consideran que su desvinculación es “una persecusión laboral”. Por eso, se decretó el “Estado de Asamblea Permanente” en Agroindustria y Laharrague fue escrachado mientras caminaba por el jardín interior del edificio con gritos de “corrupto” y “ladrón”. Fue tal la tensión que el funcionario llamó a la policía y dos efectivos custodiaron la puerta de su despacho, donde se encerró.
Según la nota resolutiva del 30 de mayo de 2019, las desvinculaciones se deben a “los avances logrados en la digitalización”. Por eso, la “Dirección Nacional de Desarrollo Forestal no cuenta con tareas para asignarles” y les envió el telegrama de despido. Sin embargo, compañeros del ex coordinador de Sistema de Información Geográfica aseguran que “ha sido una de las personas que más trabajó para la digitalización informática”. En cuanto al otro despedido que se encargaba de ordenar los archivos en papel que deben guardarse en un archivo, asegura que “me echaron porque Laharrague me tiene bronca”.
“En forestales todos trabajamos con papel, por lo tanto es una mentira que no tendría tareas para realizar”, dice el desvinculado que empezó a trabajar en Agroindustria hace seis años. Por este motivo, desde ATE están en negociaciones con las autoridades de la Secretaría para reincorporar a ambos empleados despedidos.
