Desde la semana pasada, la vida de Nicolás Laharrague se modificó radicalmente. El responsable de la Dirección Nacional de Forestales que giró mediante un plan de subsidios públicos más de $ 4 millones del Estado hacia las cuentas bancarias de su empresa familiar Puerto Laharrague ya no pudo seguir su tranquila rutina. Desde que el Equipo de Investigación publicó en la última edición de la Revista NOTICIAS la investitación exclusiva que demostró un claro caso de incompatibilidad de intereses, el funcionario de Cambiemos no volvió a su despacho en el Gobierno. Los asesores de Laharrague aseguran que “se fue de viaje” mientras algunos diputados ya piden su renuncia.
Laharrague asumió en la Secretaria de Agricultura en 2018 y durante el primer año que trabajó en la función pública como Director Nacional de Forestales, en la Secretaría de Agroindustria, giró varios millones de pesos a la empresa de la que había sido su vicepresidente y que está presidida por su propio padre.
El mecanismo que utilizó Laharrague para enviarle la suma millonaria a la compañía que lleva su mismo apellido fue la Ley de Promoción Forestal 25.080. Se trata de un subsidio no reintegrable que abona hasta el 80% de los costos de producción de un emprendimiento forestal. Aunque esta normativa, que fue creada a fines de los 90 para apoyar a los pequeños productores, también acceden al beneficio grandes compañías como Papel Prensa y Puerto Laharrague, que en 2011 obtuvo el Premio a la Excelencia Agropecuaria, que entregan todos los años el diario La Nación y el Banco Galicia.
El Equipo de Investigación relevó las resoluciones de pago de la Secretaría de Agroindusria de la Nación durante 2018 y comprobó que Puerto Laharrague S.A. fue beneficiada en tres oportunidades hasta sumar un total de $ 4.018.970, 20. “Antes de entrar a la función pública renuncié a todos mis cargos en Puerto Laharrague. Es una empresa familiar de más de 100 años y el régimen es transparente. Los que se presentan a la Ley de Promoción Forestal están inscriptos en la actividad”, afirma Laharrague que niega que haya un conflicto de intereses con la compañía de la que fue Vicepresidente, hasta su efectiva desvinculación en noviembre de 2017.
Sin embargo, las personas que quedaron a cargo de Puerto Laharrague S.A. son cuatro parientes muy cercanos al Director de Forestales. Según el Acta de Asamblea y de Directorio con fecha 24 de noviembre de 2017, actualmente el presidente es su padre, Miguel Juan Andrés Pedro Laharrague de Gouy Darsy, el vicepresidente es su hermano, Pablo León Laharrague, y los directores titulares son su hermana, María Helena Laharrague, y Carlos Scarnichia, quien está casado con Isabel Laharrague, prima del funcionarioH
Hasta 2017 Laharrague fue el presidente de la Asociación Forestal Argentina, la única cámara del sector en el país, por la región del Noreste. Durante su gestión, se aumentaron las partidas de dinero a las grandes empresas forestales, quienes forman junto a Puerto Laharrague S.A el directorio de la Asociación Forestal Argentina (AFOA), como Papel Prensa, Arauco -de origen chileno- y Zeni. De los $234.048.375 que pagó la Dirección de Forestales en 2018, el 75% del dinero fue a las cuentas bancarias de las grandes compañías, es decir un total de $177.353.412. Mientras que en 2017, la distribución del efectivo fue más equitativa con los pequeños productores, porque los empresarios habían recibido el 64% de los $187.391.379 que se repartieron. Además, los forestadores más humildes cobraron $10 millones menos con Laharrague en la función pública. En 2017 recibieron unos $67.308.554 y en 2018 la cifra se redujo a $56.654.311.
La incomatibilidad de Laharrague es tal que la titular de la Ofincia Anticorrupción (OA), Laura Alonso, le envió el 14 de marzo del año pasado una nota donde le pide la fecha en la que se había desvinculado al emporio de compañías familiares de las que también formaba parte: El Moconá S.A., Mirasoles S.A y Laharrague Chodorge S.A. Pero hacia diciembre de 2018, la OA emitió una resolución en la que dice que “No se ha comprobado que Nicolás Laharrague haya incumplido las disposiciones de la normativa de ética pública”.
Aunque Alonso se negó a darle declaraciones al EQUIPO DE INVESTIGACIÓN, sus voceros afirman sobre las vinculaciones familiares en las compañías que “solo existiría un conflicto de intereses potencial, que se gestiona a través del deber de abstención del funcionario respecto de las empresas”.
Natalia Volosín, doctora en Derecho por la Universidad de Yale, explica que “no está prohibido lo que hizo Laharrague porque se adecua a la Ley de Ética Pública”. Pero la autora de La Maquina de la corrupción afirma que el caso podría costarle una causa penal a Laharrague, porque “puede constituir un delito que el funcionario haya beneficiado a sus propios familiares con dinero del Estado”.
“La familia Laharrague es uno de las principales terratenientes de Misiones”, sostiene Martín Sereno, diputado provincial por el Partido Social y Agrario, una de las personas que más conoce al director de Forestales porque acusa sus irregularidades desde hace más de 6 años. En 2013 acompañó las denuncias de los guardaparques del Parque Provincial Moconá en la Cámara de Representantes de Misiones (legisladores) porque Laharrague pretendía demoler 3 kilómetros de selva protegida por la Ley de Bosques y desalojar a las comunidades indígenas de Colonia Pepirí para unir con una ruta asfaltada la entrada a la Reservera de Biósfera de Yabotí y el complejo turístico a cargo de una de sus empresas familiares, El Moconá S.A. Para Sereno, “Laharrague debería renunciar porque, desde el punto ético, lo que hizo es condenable”.
*Integrante del Equipo de Investigación, conformado por periodistas egresados de Perfil Educación.
