El lunes 2 de mayo se desarrolló en todo el país, de manera presencial y virtual, una jornada que se denominó “Cultura, soberanía y trabajo argentino”. ¿Qué significa? ¿Por qué hubo necesidad de llevar adelante esa jornada? Ni más ni menos que para visibilizar la urgente necesidad de mantener los fondos genuinos que permiten que existan la mayoría de las instituciones culturales públicas que dependen de recursos que les son asignados por ley, a través de lo que da en llamarse “asignaciones específicas”. Más explícitamente, ingresos del Estado provenientes del propio sector audiovisual (50% del IVA) que van directamente a las cuentas de esos organismos, cuyos directorios deciden sus destinos. Por otro lado, como veremos, ese tributo se transforma en un círculo virtuoso, ya que dichos recursos generan continuamente nuevos recursos genuinos.
¿Estos fondos corren peligro de no llegar a su destinatario histórico y genuino? Sí. En diciembre de 2017, se promulgó la Ley 27.432 por la que se establecieron diferentes reformas de carácter impositivo y se introdujo un artículo (el 4) que plantea la eliminación de las asignaciones con las que esos organismos financian las producciones nacionales de cine, teatro, música, radios y televisiones comunitarias y a las bibliotecas populares. Y pone una fecha de vencimiento: 31 de diciembre de 2022. Una vez cumplido ese plazo (falta muy poco) los ingresos seguirán existiendo, pero ya no serán destinados a las entidades sino que ingresarán al Tesoro Nacional para el uso discrecional de los gobiernos.
Quiere decir que, si no encuentra estado parlamentario y los legisladores no la derogan, la medida se aplicaría automáticamente y las instituciones (menciono sólo algunas) como el INaMu (Instituto Nacional de la Música), el INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales), el INT (Instituto Nacional del Teatro), la CoNaBiP (Comisión Nacional de Bibliotecas Populares) y otros, quedarían sin recursos, como entes abstractos, porque aunque que existan por ley, esta medida les quitaría todo financiamiento, produciendo también un grave impacto en todo el personal de dichos organismos.
Esos recursos hacen a la estructura básica de toda la actividad cultural y por eso la aplicación de ese artículo tendría un efecto devastador y terminal. Sabido es que la ilusión liberal que sueña con un mundo cuyos únicos parámetros válidos sean los que miden la realidad en términos de pérdidas o ganancias se desvanece apenas se abre la puerta a esa realidad –cuyas leyes cree dominar— y se diluye la supuesta hegemonía absolutista del mercado. Es justamente en ese instante cuando vuelve a revalorizarse el rol del Estado con sus obligaciones ineludibles y enaltecedoras: educación, salud, asistencia social y cultura, para dar sólo algunos ejemplos. El Estado contiene a la cultura y a la vez esta contiene al Estado.
La cultura genera trabajo, garantiza integración, promueve desarrollo, facilita inclusión, crea pertenencia, construye ciudadanía, es decir, es un instrumento fundamental en los procesos de transformación social. En lo individual y en lo colectivo. No parece poco, pero por las dudas, vamos a sumarle otras virtudes.
Porque hay que ver lo que significa (bien otorgado) un subsidio. Ese subsidio no termina en el bolsillo de quien lo solicita. Pongamos como ejemplo una obra de teatro o una película. ¿Sabe el lector la cantidad de trabajo que genera la realización de estas producciones? El subsidio es economía en movimiento, una dinámica que desaparecería e implicaría la pérdida directa e indirecta de miles y miles de puestos de trabajo y una vuelta a una etapa en la que la voluntad política de turno decidía los destinos del trabajo cultural nacional, cuando los programas para atender las demandas deben surgir necesariamente de entidades en las que se agrupen los hacedores culturales y no de manera absolutista, muchas veces con decisiones que provocan daños irreparables a décadas de lucha artística y gremial.
Por eso el país cultural ha reaccionado y ha tenido –y está teniendo– un papel importante en diversas manifestaciones y movilizaciones contra esa medida. Distintas entidades como Argentores, Actores, el Inamu, el INT, todas las que nuclea la Multisectorial audiovisual, el EAN (Espacio Nacional Audiovisual) y muchas otras se han estado movilizando en este tiempo para evitar que la medida que impone el nefasto artículo 4 siga adelante. Muchas organizaciones se dirigieron a las diputadas y diputados de todas las fuerzas políticas para solicitarles el apoyo al proyecto de ley del diputado Carro (FdT), que propone prorrogar hasta diciembre de 2072 las asignaciones específicas previstas para industrias e instituciones culturales.
*Ex director del INT. Presidente del Consejo Profesional de Teatro de Argentores. Miembro de la Fundación SOMI (Teatro del Pueblo). Autor y director de Fuera del mundo.
