El conflicto entre Sagai y otras entidades de todo el mundo no es nuevo, aunque acaba de salir a escena luego de una agitada asamblea de la institución realizada en mayo, en la que se hicieron oír los primeros cuestionamientos. Sagai es una entidad que se ocupa de “gestionar y administrar colectivamente los derechos de propiedad intelectual generados por la comunicación pública de las interpretaciones de actores y bailarines”, según reza su sitio oficial. Es decir, se ocupa de cobrar a canales de televisión abierta y de cable, distribuidores cinematográficos, cadenas de hoteles y cámaras de autobuses y transporte aéreo las regalías que les corresponden a los socios de la institución por sus escenas, tanto a nivel nacional como internacional. La asociación está presidida por Pepe Soriano; su secretario es Jorge Marrale; el secretario suplente, Osvaldo Santoro; el tesorero, Martín Seefeld; el protesorero, Pablo Echarri, y su director general es Sebastián Bloj. Sagai comenzó rompiendo relaciones con Aisge –presidida por Pilar Bardem, actriz y madre de Javier Bardem–, la entidad española que había promovido la constitución de la sociedad de gestión adelantando fondos monetarios a cuenta de pago de regalías. Luego se alejó de Latin Artis, que agrupa a las entidades de gestión iberoamericanas. Más tarde fue expulsada de la organización mundial Scapr por incumplimiento del código ético de la organización, que agrupa mundialmente a las entidades de gestión. Fue la primera vez en su historia que expulsó a una seccional. Sagai fue fundada en 2006 mediante un decreto de Néstor Kirchner que reconocía a los actores el derecho de cobrar regalías por la propiedad intelectual de sus interpretaciones. Un decreto posterior de Cristina Fernández estableció condiciones de “reciprocidad” que son cuestionadas por las entidades hermanas de Sagai de todo el mundo.
